"Las puertas giratorias son corrupción legal e institucionalizada". "Sentarse en un consejo de administración, operar en las puertas giratorias, eso sí es traición a España". Así de rotundo se mostraba el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, hace justo un año. El dirigente morado proponía convertir en delito el salto de los responsables políticos a altos puestos en la empresa privada. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometía en 2016 extender el período de prohibición hasta los cinco años.
Iglesias se tuvo que tragar en febrero un primer sapo con el nombramiento de la exministra socialista Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica, tras la dimisión de Jordi Sevilla. Esta semana se producía el anuncio de la entrada de los exministros José Montilla y José Blanco como consejeros de Enagás, junto a un experto afín a Podemos, Cristóbal José Gallegos.
Las rotundas intenciones de Sánchez e Iglesias quedaron diluidas en el pacto para el gobierno de coalición, donde ni siquiera llega a mencionarse el concepto. "Regularemos de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento", se limitaba a exponer el texto rubricado por ambos líderes.
El fenómeno de las puertas giratorias no es algo endémico, sino que se da a lo largo y ancho del planeta con diferentes grados de regulación o permisividad. En España, ha sido uno de esos anatemas que figuraban en todo programa político digno de espíritu regenerador y de lucha contra la corrupción. Pero como muchas de las reformas durante tanto tiempo prometidas, se ha quedado guardada en el cajón de las buenas intenciones.
La lucha acérrima contra las puertas giratorias choca contra una visión que defiende su existencia. "Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir", manifestaba el exministro de Economía Pedro Solbes, quien encontró acomodo primero en Enel y más tarde en Barclays. La sustituta de Solbes, Elena Salgado o la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia son también habituales de los consejos de administración.
