La Unión Europea no quiere que Pablo Iglesias se convierta en el “nuevo Varoufakis”. Los ojos de los principales comisarios europeos, liderados por la presidenta Ursula Von der Leyen, y de grupos políticos en el Parlamento de Bruselas están puestos en el vicepresidente del Gobierno español. Aunque la UE se ha ido acostumbrando a gobiernos de coalición y a la irrupción de nuevos partidos, en el contexto de crisis por el coronavirus va sobrevolando la idea de que en España no pueden surgir políticos que vuelvan a plantear las bases del consenso económico europeo.
Es por ello que el pasado 8 de mayo, cuando el Financial Times publicó una entrevista a Iglesias, empezaron a sonar los móviles de los diputados españoles en Bruselas, y también de algunos técnicos de las áreas más involucradas en la recuperación. El rotativo británico calificó a Iglesias de líder del partido “insurgente” Podemos y le otorgó una página para explicar su receta para el presente y el futuro del continente.
Iglesias repitió las palabras que iba pronunciando en España (algunas de ellas emuladas por Pedro Sánchez) nada más explotar la pandemia. Apuntó a la necesidad de "un cierto grado de mutualización de la deuda es condición necesaria para la existencia de la UE". Además, propuso la creación de una renta mínima de ciudadanía, que se armonizaría en cada país en función de sus recursos. A nivel comunitario ya se está debatiendo de una iniciativa parecida, pero la propuesta de Iglesias apunta a una medida más ambiciosa.
"Estado activista"
Algunas expresiones irritaron a técnicos y políticos activos en Bruselas. El líder morado, de 41 años, se autoproclamó como uno de los representantes de una nueva cultura europea, pero que según la opinión de fuentes europeas "mira más a los años 70 que al siglo XXI". Iglesias dijo que “ahora todo el mundo comprende que hace falta un Estado activista” y lanzó varios dardos contra los países del norte. Además sostuvo que si Europa no cambia de rumbo “no va a sobrevivir” y pidió a las instituciones “dar un paso al frente si no quiere correr el riesgo de extinguirse”.
Estas declaraciones sonaron a una amenaza parecida a la que planteó el exministro de finanzas griego Yanis Vaoufakis hace diez años. Durante la crisis financiera, con la economía griega al borde del colapso, Varoufakis intentó forzar a la UE a modificar su plan de austeridad con la amenaza de una implosión de la propia Comunidad europea. Fue una estrategia arriesgada, que bebía de las teorías de los juegos de John Nash, y que, al final, le salió muy caro al griego. Varoufakis acabó cesado por el primer ministro heleno Alexis Tsipras.
España, la economía más frágil
El problema para Iglesias es que la UE tiene memoria. Y ahora en Europa se mira mucho a España. La economía española es de la más afectadas de los grandes países europeos por la crisis. Las estimaciones de caída del PIB superan las de Italia, Alemania o Francia, y la coalición que gobierna en minoría levanta dudas en las cancillerías.
A ello hay que añadir la pérdida de confianza de Sánchez entre sus homólogos europeos. Y la tentación que circula en determinados ambientes de pedir una aplicación estricta de las reformas estructurales como condición para obtener las ayudas de la covid-19. “En Europa nadie se olvida de Varoufakis, pero tampoco de que Francia y Alemania obligaron a Italia a sustituir a Berlusconi con Monti”, recuerdan las fuentes consultadas.
En Podemos no muestran preocupación por esas dinámicas. Lo partidarios de Iglesias creen que la “nueva Europa” no es la misma que la de hace diez años. Entonces las instituciones comunitarias estaban lideradas por políticos crecidos en la época de los años 90, y aplicaron “recetas liberales” para salir del túnel de la recesión. Ahora, según los morados, la UE ha alabado el ingreso mínimo vital y quiere más gastos (aunque también más ingresos).
Los departamentos económicos del Gobierno de Sánchez comparten parcialmente esta lectura. Saben que la Comisión plantea medidas “contracíclicas” y no los tijeretazos de hace diez años. Pero también son conscientes de que no admitirán medias tintas en las reformas estructurales (pensiones y trabajo). Y que tampoco promocionarán debates sobre los ejes de la filosofía económica de la UE. En definitiva, creen que Bruselas exigirá reformas y orden, y no tolerará brotes de rebeldía.
