Elecciones autonómicas 2023

El escándalo frena el voto por correo en Melilla: solo 921 solicitudes ejecutadas de 11.707 pedidas

La investigación de la juez de Melilla indaga en dos tramas que presuntamente habrían pagado entre 50 y 200 euros por cada voto irregular, aunque estos hechos siguen bajo análisis policial

A cierre de ayer jueves, que fue el último día para solicitar el voto por correo, un total de 11.707 personas habían pedido el voto por correo en Melilla. Por el momento (datos de hoy viernes a las 12.00) solo han ejecutado y presentado ese voto por Correo para Melilla 921 personas, un 7,8% de las solicitudes, según aseguran fuentes de Interior a Vozpópuli. Unos datos que evidencian el resultado de las medidas que se han tenido imponer para comprobar la identidad de los solicitantes y el chequeo a los votos por correo en la ciudad, cuyo sistema ha quedado en entredicho.

Correos asegura que, con las medidas en marcha, se aleja la posibilidad del fraude electoral. Son ya decenas las personas identificadas y la investigación de la juez de Melilla indaga en dos tramas que presuntamente habrían pagado entre 50 y 200 euros por cada voto irregular, aunque estos hechos siguen bajo análisis policial sin descartar su posible conexión con formaciones políticas.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha garantizado este viernes que el 28-M se celebrará en la ciudad autónoma unas elecciones "limpias" tras la puesta en marcha de una investigación policial por posible fraude electoral mediante la presunta compra de votos por correo, cuyas solicitudes se han disparado en estos comicios.

Voto por correo hasta el 25 de mayo

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido ampliar un día, hasta el 25 de mayo, el plazo para que las personas con derecho a voto que han solicitado recurrir a esta fórmula de votación en las elecciones locales y autonómicas del día 28 puedan depositar sus sufragios en las oficinas postales. Por este motivo, la cifra de voto validado se irá actualizando en días sucesivos.

Las alarmas de fraude electoral saltaron cuando a falta de dos días para que terminara la posibilidad de emitir el voto por correo, que ahora se ha ampliado hasta el 25 de mayo, las cifras en Melilla triplicaban las registradas en los pasados comicios de 2019. Además, los carteros de Correos han repartido la documentación electoral con custodia policial después de que denunciaran varios robos para sustraerles las papeletas. Todo esto se investiga por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2.

Compra de votos

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen abierta una investigación por un presunto fraude y la juez de Melilla ha ordenado identificar a cualquier persona que vaya a las oficinas de Correo con más de un voto, según confirman a Europa Press fuentes de la investigación. Son ya decenas las personas identificadas y la investigación de la juez de Melilla indaga en dos tramas que presuntamente habrían pagado entre 50 y 200 euros por cada voto irregular, aunque estos hechos siguen bajo análisis policial sin descartar su posible conexión con formaciones políticas.

Con datos hasta ayer jueves, en Ceuta, la otra ciudad autónoma, son 1.991 solicitudes de voto por correo (3,3% del censo), mientras que el total nacional sobrepasaba el millón de solicitudes (2,84% del censo). De esta forma, Melilla multiplica por siete el dato de la media nacional.

La Junta Electoral de Zona acordó que, a partir de este jueves, los votantes por correo en Melilla tengan que llevar personalmente el sobre con su papeleta a Correos y presentar el DNI, pasaporte u otro documento válido antes de entregar el voto. La medida ha contado con la oposición de CPM, el partido melillense que lidera Mustafa Aberchán.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, pidió este jueves cautela para que la investigación policial se desarrolle hasta el final, añadiendo que, "de ser ciertas", las presuntas irregularidades "pueden rondar el 20%" de un censo total de casi 55.000 electores, lo que repercutiría en un tercio de los representantes de la Asamblea.

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