La campaña electoral arrancó hace ya unas cuantas semanas y con ella han llegado todo tipo de medidas. Los Ayuntamientos, grandes o pequeños, inician ahora las obras en las calles que durante meses han aplazado; los presidentes autonómicos empiezan a invertir en todo tipo de proyectos; y los políticos, todos sin excepción, dan discursos con su mejor sonrisa. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no iba a ser menos. En su caso, ha tirado de chequera y dinero público para hacer campaña de cara al 28-M. En los últimos meses ha gastado, por lo menos, 11.320 millones de euros en concepto de diferentes ayudas.
La última medida ha llegado este mismo sábado. El presidente ha anunciado durante un acto del PSOE en Pamplona (a dónde ha acudido en Falcon) que el Consejo de Ministros aprobará el gasto de 1.300 millones de euros para reforzar la Formación Profesional. El objetivo de esta ayuda es, según el propio Sánchez, "aumentar en 45.000 las aulas de FP bilingüe, crear 824 centros más de capacitación digital y 1.500 aulas de tecnología y emprendimiento".
Pero el anuncio ha sido en esta ocasión un anuncio por partida doble. Además de los 1.300 para la FP, también ha asegurado que destinará 400 millones de euros "para reforzar los centros de atención primaria" de todo el país.
En este sentido, hace solo una semana Sánchez lanzó un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, precisamente alardeando de gasto en la sanidad de la capital "sin tener competencias". Ese día, aseguró que el gobierno está "poniendo 1.000 millones de euros en dos años para reforzar la atención primaria y los consultorios". No queda claro si los 400 millones de este sábado están incluidos en los 1.000 millones de la semana pasada o se trata de dos gastos diferentes.
La ley de vivienda, la gran baza de Sánchez
Aunque, sin duda, su gran baza para las elecciones autonómicas ha sido la ley de vivienda. Según aseguró en el Congreso de los Diputados, su intención es movilizar (al menos) alrededor de 4.000 millones de euros vía ICO procedentes de los fondos europeos para liberar 43.000 viviendas con el fin de destinarlas al alquiler "asequible". Serán inmuebles de nueva construcción y rehabilitación para un uso de 50 años.
Ya son varios meses tirando de dinero público para la campaña electoral. Desde finales de año ya se podía ver cómo jugaba sus cartas. A mediados de febrero, se anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar la mayor partida presupuestaria en becas estudiantiles. El Gobierno destinará 2.520 millones de euros a la causa y pretende llegar a un millón de alumnos "independientemente del lugar de donde vivan y para que todos puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones".
Por otro lado, a finales de enero empezó a cobrarse el bono joven de 250 euros para el alquiler, aunque todavía se está cobrando de manera desigual según la comunidad. En total, esta ayuda costará al Gobierno, aproximadamente, 400 millones de euros. Después, el pasado 28 de enero, el presidente hizo una maniobra para buscar el voto del campo anunciando ayudas directas a los agricultores, que ascenderán a los 660 millones.
En esta línea, queriendo ayudar a quienes más lo necesitan, a finales de diciembre Sánchez anunció que el Gobierno de coalición había pactado un cheque de 200 euros para vulnerables. Según el cálculo de cuántas familias podrían verse favorecidas por la medida (4,2 millones), el total de esta inversión sería de 840 millones de euros. Y por último, Sánchez anunció también en febrero una partida extra de 200 millones de euros para "una ayuda universal" para alumnos que sufran alguna discapacidad.
Así, si se suman todos las medidas, se puede afirmar que el presidente del Gobierno ha gastado más de 11.000 euros de dinero público con la intención de rascar votos de cara a unas elecciones que se presentan muy complicadas para el PSOE.
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