El escándalo de la compra de votos por correo amenaza con arruinar la campaña del PSOE a las puertas de las elecciones del 28-M. Si el martes los socialistas tuvieron que hacer frente a las detenciones de sus socios de Coalición por Melilla, ayer vivieron en primera persona este caso de corrupción electoral, con dos candidatos del partido el Mojácar también detenidos por la Guardia Civil. El PSOE, en todo caso, es reincidente en esta práctica en la provincia de Almería: en 2020 ya hubo una condena por la compra de votos en las municipales de 2007 en Carboneras.
Este municipio, situado a tan solo 23 kilómetros de Mojácar, fue testigo de dos delitos electorales. Así, en el año 2006, el entonces alcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, y su hermana y también edil, Rosario Fernández, tuvieron que dimitir para cumplir la sentencia que les condenaba a seis meses de inhabilitación en cargo público como autores de un delito electoral: presionar a un conserje para que votara a su partido. Un año después, el alcalde no repitió en listas, pero sí su hermana (aunque ambos fueron indultados por el Gobierno de Zapatero)... y se produjo la compra de votos por correo.
Así lo defendió el grupo municipal del PP, que llevó ante los tribunales al nuevo primer edil salido de las municipales de 2007, Francisco Ruiz Aguado, y a la ya citada Rosario Fernández, que tras el paso por las urnas, y pese a su condena un año anterior, ascendió al puesto de teniente de alcalde.
En la denuncia presentada por el PP, se acusaba al nuevo alcalde de "arrojar de un contenedor de basura próximo al Ayuntamiento, en periodo de elecciones, una bolsa que contenía resguardos de votos por correo rotos y con una serie de anotaciones manuscritas en los mismos que inducían a pensar que podía haber tratado de obtener votos a cambio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas ofrecidas a diferentes vecinos". Rosario Fernández, por su parte, también fue acusada de pedir el voto por correo a cambio de favores.
Esta acusación fue la que finalmente pudo demostrarse y la que costó una condena a la ya exteniente de alcalde. Fue en marzo de 2020, apenas 9 días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el estado de alarma, cuando el Juzgado de lo Penal condenó a multa a Rosario Fernández por pedir a una vecina que votase por correo a su partido con la "promesa" de conseguirle "un trabajo".
El 'acuerdo' se llevó a cabo, ya que quedó demostrado que la vecina llevó a la primera teniente de alcalde el voto por correo con el sobre sin cerrar el 23 de mayo previo a las elecciones, cuando Fernández la recibió en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
Del caso de los ERE a Pedro Sánchez
Las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que el escándalo de la compra de votos en Carboneras se produjo durante la etapa de Martín Soler Márquez como secretario general del PSOE en Almería. A pesar de esa polémica, Manuel Chaves y José Antonio Griñán contaron con él para sus respectivos gobiernos como consejero de Agricultura y Pesca e Innovación, Ciencia y Empresa.
Tras el estallido del caso de los ERE, Soler Márquez fue imputado por la jueza Mercedes Alaya en junio de 2014, aunque dos años después fue absuelto de todos los cargos.
Para entonces, Pedro Sánchez, ya como líder del PSOE, había sido fotografiado en la playa de Mojácar, donde pasaba sus veranos en una vivienda familiar en propiedad. Su llegada a La Moncloa ha impedido que esas imágenes vuelvan a repetirse durante los últimos 5 años. El que sí visitó Mojácar días antes de la detención de los dos concejales del PSOE en el municipio fue Félix Bolaños, aunque las fotos de la visita del ministro de Presidencia ya han sido convenientemente borradas por el Partido Socialista.
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