El Gobierno utilizará la tramitación del decreto de 'nueva normalidad' como proyecto de ley en el Congreso para autorizar confinamientos selectivos sin estado de alarma. Fuentes de La Moncloa aseguran a Vozpópuli que se modificarán los artículos de las leyes orgánicas sanitarias que afectan a derechos fundamentales, como la libertad de movimiento. Algo que, aseguran, no se puede hacer por decreto ley.
Los rebrotes de coronavirus en todo el país han sorprendido al Gobierno sin un plan alternativo al estado de alarma. Las autoridades sanitarias lideradas por Fernando Simón y el ministro Salvador Illa aseguran que los casos están controlados y que no hace falta de momento confinar a las poblaciones afectadas.
Sin embargo, en algunas comunidades como Aragón, donde cuatro comarcas acumulan al menos 270 positivos, se ha recomendado a los habitantes de las áreas afectadas por los contagios que no viajen, a pesar de reconocer que no pueden prohibirlo.
Tramitación de la 'nueva normalidad'
Pedro Sánchez pretende aprobar el plan alternativo al estado de alarma durante la conversión del decreto de 'nueva normalidad' en ley. El Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos consiguió convalidar el decreto que regula la convivencia de España con la pandemia de covid-19 con los apoyos de PP, Ciudadanos y PNV. Y los cambios que ahora se quieren introducir fueron uno de los compromisos que Sánchez adquirió con los partidos que le han apoyado.
"La convalidación del real decreto ley de 'nueva normalidad' son las primeras medidas urgentes tras el estado de alarma", dicen desde el entorno del presidente. "Y como se va a tramitar como ley, ese será el cauce para incluir ahí todas las medidas que se necesiten".
El Gobierno sostiene que los cambios se han retrasado porque no se pueden acometer vía real decreto. La reforma se centrará en los aspectos de las leyes sanitarias que afectan a derechos fundamentales como la libertad de circulación o reunión. "Un decreto no puede modificar una ley orgánica", sostienen estas fuentes. "Pero en la tramitación parlamentaria sí se puede hacer".
Ley de Sanidad de 1985
La ley de Sanidad de 1985, así como las normativas autonómicas, recoge la posibilidad de inmovilizar a personas y bienes ante un riesgo sanitario elevado. Pero se indica por lo general que si "las medidas implican privación o restricción de libertad la autoridad sanitaria procederá a recabar la autorización judicial o ratificación judicial en los términos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
El Ejecutivo ha sostenido hasta ahora que el estado de alarma era la única vía para decretar un confinamiento general de la población. El PP, por ejemplo, ha sostenido que había otras vías. El objetivo de la reforma es que ante esta pandemia sin precedentes, y mientras esté vigente la 'nueva normalidad' -es decir, que no haya vacuna ni tratamiento para la covid- estos confinamientos se puedan ordenar sin acudir a la vía contencioso administrativa.
En 2014, el Gobierno de Aragón ordenó el aislamiento de varias personas por un casos sospechoso de ébola que resultó un falso positivo. Las autoridades autonómicas requirieron la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
