La Audiencia Nacional sigue el rastro a una presunta mordida de 3,4 millones de dólares que habría sido abonada por OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según detalla un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el dinero fue transferido desde la empresa de Juan Miguel Villar Mir a su filial mexicana Constructora de Proyectos Viales de México de CV. Pasadas 24 horas, la cifra fue traspasada a una cuenta de la sociedad luxemburguesa Lendir Investments SA, creada por el bufete Mossack & Fonseca, el despacho de abogado señalado en los Panamá Papers.
El supuesto soborno llegó hasta la entidad suiza UBS "en concepto de pago por servicios de asistencia y consultoría", según consta en la documentación recabada en la investigación judicial. Sin embargo, tanto los fiscales como el juez consideran que hay indicios suficientes para sostener que dicha transferencia "podría estar encubriendo el pago de comisiones a través de un circuito financiero fuera de España", se lee en un auto del magistrado al que ha tenido acceso este diario.
En el mismo texto, el juez Manuel García-Castellón apunta que 718.684 euros habrían terminado en las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL "presuntamente para financiar el pago de comisiones" a varios políticos con una finalidad específica: conseguir contratos de obra pública en cualquier parte de España. La entidad a la que hace referencia el juez instructor figura en el Registro Mercantil con Javier López Madrid -yerno del dueño de OHL- como administrador único.
Las pesquisas del Ministerio Fiscal y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que se basan en el trabajo realizado por la UCO, tienen lugar en medio de una investigación en la que se analizan varios contratos de obra pública adjudicados entre 2003 y 2014. En concreto, en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid. Según publicó el diario ABC, las comisiones ilegales alcanzarían los 38,6 millones de euros.
Seychelles
En un auto del 28 de mayo adelantado por Vozpópuli, el magistrado demuestra especial interés en la empresa Lendir Investments SA. Según la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la sociedad fue registrada el 1 de octubre de 2009 en las islas Seychelles, paraíso fiscal en el que operaba también Mossack & Fonseca, agente de la sociedad.
En la misma base de datos, aparece actualmente como apoderado Juan de Arespacochaga Fernández de Mazarambroz, quien mantiene vínculos con al menos siete compañías inscritas en el Registro Mercantil español. Y como intermediario figura Gestión de Patrimoine Du Rhone, propiedad de Arturo Fasana, cuyo nombre aparece en la trama Gürtel.
La transferencia a Lendir Investments SA "podría estar encubriendo el pago de comisiones a través de un circuito financiero fuera de España"
En 2010, cuando la sociedad luxemburguesa recibió la transferencia de México, estaban al frente de la empresa Fernando Arespacochaga, Agustin Bobo de Vega e Yves Bosmans; todos de nacionalidad española, según datos difundidos en el Diario Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo el 2 de agosto de 2010. En aquel momento, Lendir Investments SA tenía su domicilio en el Boulevard de la Petrusse, número 124. Desde enero de 2011, tiene su sede en la Rue Marie-Adélaïde, número 22, de acuerdo al aviso publicado el 9 de marzo 2011.
Para dar con el beneficiario final de los 3,4 millones de dólares, el juez García-Castellón remitió ya comisiones rogatorias a México, donde el dinero habría entrado y salido a través de transferencias en el Banco Santander, y a Suiza, donde habrían sido recibidos en el banco UBS.
Seis políticos investigados
Desde el Ministerio Fiscal sostienen que la suma millonaria habría sido abonada a políticos españoles en concepto de comisión a cambio de adjudicaciones. Hasta ahora, el instructor del caso ha imputado por delitos de cohecho a seis políticos vinculados a Coalición Canarias, PP y PSOE; tres de ellos ya tienen fecha para declarar en la Audiencia Nacional.
Además de dejar constancia de las citaciones, el magistrado pide a la Agencia Tributaria que informe de los bienes de los que sean titulares los políticos investigados, "incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen".
