El fiscal provincial de Madrid, José Javier Polo, que es el superior jerárquico de la fiscal jefe del área de Móstoles, Margarita Rossignoli, que investiga el 'caso Cifuentes', es profesor del máster universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Rey Juan Carlos, según consta en la tabla de profesorado al que ha tenido acceso Vozpópuli, y ha confirmado un portavoz del ministerio público en la Comunidad de Madrid.
Polo, que no ha participado en el máster de Cifuentes y tampoco en ninguna de las actividades del polémico Instituto de Derecho Público dirigido por el profesor Enrique Álvarez Conde hasta el pasado viernes, cuando fue suspendido de su cargo, es profesor de la asignatura denominada 'Litigación Penal' que, según la documentación oficial de la Rey Juan Carlos, forma parte del área 'penal' del máster universitario de Acceso a la Abogacía.
Precisamente, el fiscal provincial de Madrid, que es el inmediato superior jerárquico de la jefa de Móstoles, según especifica el artículo 22.8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, fue el encargado de entregar a Rossignoli la primera denuncia del 'caso Cifuentes', que fue interpuesta por los estudiantes de la Rey Juan Carlos en la sede central madrileña del ministerio público.
Indicios de delito
A la denuncia de los estudiantes se unió, días después, la presentada por el rector de la URJC, Javier Ramos, que ahora la Fiscalía de Móstoles tiene que determinar si ve indicios de delito en la presunta falsificación del título de máster, y quién debería declarar como investigado en el procedimiento para aclarar los hechos.
Fuentes del ministerio público explican que pese a que Polo es el superior jerárquico de la fiscal que deberá decidir sobre el 'caso Cifuentes', la autonomía de las Fiscalías de área es muy elevada, por lo que difícilmente el fiscal provincial podría imponer su criterio en este o cualquier otro procedimiento.
Sin embargo, la normativa sí permite a los fiscales provinciales asumir los casos que investiguen los fiscales de área, como por ejemplo ha ocurrido con la denuncia presentada por la falsificación del título de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otras fuentes aseguran que en este caso Polo "no ha tocado ni tiene intención de tocar un papel" relacionado con Cifuentes.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con diferentes fiscales, que han considerado muy razonable que las universidades incluyan entre el profesorado de sus másteres a personas de reconocido prestigio, como por ejemplo sería el caso de José Javier Polo, que antes de ser nombrado fiscal jefe de Madrid era el titular de la Fiscalía provincial de Toledo (2004-2013), en Castilla-La Mancha.
En este periodo Polo coincidió durante dos años en Toledo con la entonces presidenta castellanomanchega, ahora ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, considerada la principal valedora de Cristina Cifuentes, a la que ha prestado apoyo público en varias ocasiones.
En el listado de profesores que imparten clase en Máster universitario de Acceso a la Abogacía donde aparece el fiscal provincial de Madrid, figuran otros dos docentes cuyos nombres se han popularizado a raíz del escándalo en torno al título obtenido por Cifuentes a través de un procedimiento supuestamente irregular.
Uno de ellos es el catedrático Pablo Chico de la Cámara, profesor del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid que, en 2014, envió un correo a la funcionaria Amalia Calonge pidiendo que cambiara la nota de Cifuentes, pasando del 'No presentado' al 'Notable' en la asignatura que él impartía: 'Financiación de las Comunidades Autónomas'.
La otra académica que aparece en la tabla es María Pilar Charro Baena, actual secretaria general de la URJC a la que, según ha podido saber este diario, le robaron el portátil donde custodia las actas del alumnado un día antes de que estallase el escándalo. El hurto se habría producido en su despacho de Fuenlabrada y el pasado 21 de marzo fue denunciado por la propia secretaria a los servicios de seguridad de la URJC, según fuentes académicas.
Juzgados de Móstoles
La decisión de la fiscal Rossignoli tiene una gran trascendencia política, ya que la estrategia del PP tendrá muy en cuenta si Cristina Cifuentes no es imputada, por lo que la investigación la desarrollaría, inicialmente, un juez de Móstoles contra los profesores.
Si Rossignoli determina que puede haber indicios de algún delito, pero no imputa a Cifuentes, la fiscal deberá remitir un informe a los Juzgados de Móstoles, en los que hay seis jueces de instrucción. Uno de ellos es el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad del sur de la Comunidad de Madrid, Pablo Ruz, que llevó en la Audiencia Nacional el caso 'Gürtel', y que sería el más mediático de los posibles instructores de la causa en Móstoles.
Si la fiscal ve en las denuncias sobre el 'caso Cifuentes' que la presidenta ha cometido algún delito, podría decidir, algo poco probable en un primer momento, según explican fuentes del caso a Vozpópuli, remitir el procedimiento al Tribunal Supremo, órgano judicial ante el cual está aforada la presidenta de la Comunidad de Madrid en virtud del Estatuto de Autonomía madrileño.
En el hipotético caso de que Cifuentes fuera imputada tras dimitir como presidenta, y todavía como diputada del PP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la querella sería remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
