Sanitatem

Críticas al silencio sobre las residencias de personas con discapacidad en la crisis del coronavirus

Las asociaciones se quejan de que el reparto de material sanitario ha sido "anecdótico" y de que el número de bajas por enfermedad ronda el 25% entre sus trabajadores  

Las entidades que trabajan con las más de dos mil personas con discapacidad intelectual que viven en las 62 residencias y 63 pisos tutelados que gestionan cuarenta entidades agrupadas en Plena Inclusión Madrid se quejan del silencio que envuelve la situación que están atravesando a costa del coronavirus. "Son las residencias de las que no hablan los medios", denuncian. Además,  dicen que el reparto de material de protección por parte de la Comunidad ha sido "anecdótico".

Desde Plena Inclusión señalan que más de mil profesionales se desplazan a diario para dar atención al colectivo que vive en residencias o pisos tutelados. Antes de la pandemia, se quejan, ya atravesaban una "situación económica difícil", pero ahora se han visto obligadas a contratar personal sanitario y a reforzar sus plantillas que "también están siendo afectadas por un porcentaje alto de bajas: un 25 % aproximadamente".

Según el presidente de Plena Inclusion Madrid, Mariano Casado, la aplicación de protocolos de prevención y contención "ha sido complicada", lo mismo que la adquisición de equipos de protección individual (EPIs). 

Una atención sanitaria "residual"

El material de protección que les ha llegado desde de la Comunidad de Madrid "fue prácticamente anecdótico, especialmente en las primeras semanas, lo que obligó a hacer importantes desembolsos a estas organizaciones para proteger tanto a sus profesionales como a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo", indica Casado.

Ya antes de la pandemia la atención al colectivo era "prioritariamente social, mientras que la sanitaria es residual", se quejan desde las asociaciones

En condiciones normales, antes de la pandemia del coronavirus la atención al colectivo ya era "prioritariamente social, mientras que la sanitaria es residual porque se presta a través de los recursos comunitarios ordinarios". Ahora, insisten, apenas se habla de la situación que atraviesan por culpa de la epidemia. 

Semanas pidiendo equipos

Desde la entidad llevan semanas reclamando a las autoridades sanitarias que tome medidas para atender "con garantías de seguridad" a las personas con discapacidad intelectual que se encuentran aisladas por sospecha o confirmación de coronavirus en las residencias o viviendas. También solicitaron que tanto los trabajadores como los usuarios pudieran someterse a pruebas de detección de la enfermedad.

Plena Inclusión sugirió que se medicalizaran estas residencias. En Madrid, explican, las propias asociaciones han puesto a disposición de la Comunidad espacios que pueden ser sanitarizados para tratar a personas con discapacidad que deban ser aisladas o tratadas por Covid-19.

La entidad recuerda, además, que un número importante de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo "siguen trabajando a día de hoy en las denominada actividades esenciales, como los servicios auxiliares en el sector sanitario o en el sector de la alimentación", reseñan desde Plena Inclusión.

También, subrayan, en centros especiales de empleo en los que se elaboran material para respiradores o medicamentos o cuando gestionan la lavandería y la limpieza de residencias, citan como ejemplo. 

Alerta ante situaciones de exclusión

Otra de las reclamaciones de la entidad en estos días ha sido que "la discapacidad no sea en ningún caso motivo de discriminación". En ese sentido, pidieron a las autoridades sanitarias que se mantengan "alerta y vigilante ante posibles situaciones de exclusión" que puedan sufrir pacientes ingresados con coronavirus.

Esta misma semana, Autismo España ha vuelto a reclamar que se considere a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como colectivo vulnerable, que se prioricen los test y pruebas médicas por posibles contagio y que se apliquen "ajustes razonables" en situaciones en las que las personas con TEA afectadas por coronavirus deban ser hospitalizadas o recibir cuidados sanitarios.

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