La guerra entre el Ministerio de Sanidad y las compañías que fabrican vapeadores sigue abierta. La sociedad MyBlu Spain, propiedad del grupo Imperial Brands -que a su vez es matriz de Altadis- está estudiando llevar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ante los tribunales por su campaña publicitaria contra el consumo de tabaco, en la que incluyen el consumo de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Hace apenas una semana, Myblu Spain, uno de los fabricantes de vapeadores con más éxito de ventas en nuestro país, solicitó ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional el cese “inmediato” de la campaña publicitaria bautizada como ‘El tabaco ata y te mata en todas sus formas’ que puso en marcha el Ministerio de Sanidad, dirigido por María Luisa Carcedo.
El objetivo de la campaña era concienciar sobre las nuevas formas de consumición de tabaco, siendo la primera que apuntaba de manera directa a los cigarrillos electrónicos y vapeadores como nocivos para la salud, lo que desató cientos de críticas por parte del sector del vapeo.
Muchas de las asociaciones empresariales de este tipo de productos sostienen firmemente que la campaña incitaba a la desinformación al equiparar el vapeo al consumo de cigarrillos tradicionales, ya que lo consideran una alternativa para dejar de fumar y aseguran que resulta hasta un 95% más seguro que el tabaco tradicional.
Sin embargo, la inmensa mayoría de la comunidad médica, incluido el Ministerio de Sanidad, se ha posicionado en su contra y defiende que resultan nocivos para la salud, además de no ser eficientes para dejar de fumar y promover el consumo entre menores.
Muertes en Estados Unidos
En Estados Unidos, donde su consumo está mucho más extendido, se han registrado varias muertes por una enfermedad pulmonar desconocida supuestamente relacionadas con el uso de estos dispositivos. Como consecuencia, se está analizando prohibir su uso, tanto en EEUU como en India o Turquía. Por el contrario, las autoridades sanitarias de Reino Unido, fomentan su consumo como método para reducir el tabaquismo.
Hace unas semanas, MyBlu Spain solicitaba ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional del Ministerio de Presidencia el cese de la campaña publicitaria. A juicio de la compañía, la iniciativa era “engañosa” e incitaba a la confusión entre los consumidores. Más allá, acusaron al Ministerio de engañar deliberadamente a los consumidores y de lanzar la campaña con el "único fin" de perjudicarles y asociarles al tabaco, "algo que es totalmente distinto a un vaporizador".
Es por ello que presentaron la petición, al considerar que "infringe" el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a recibir información veraz, especialmente cuando esa información proviene de los poderes públicos.
"Necesidades propias del lenguaje"
No obstante, poco después, la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional rechazó la solicitud hecha por MyBlu, a pesar de reconocer que los dispositivos para vapear “no son tabaco”. Según la contestación oficial por parte de la Comisión de Publicidad de Presidencia del Gobierno, se desestimó la petición de la compañía de vapeadores -una de las líderes en España en este tipo de productos- porque la campaña no transmitía “mensajes falsos” tal y como señalaban ellos.
MyBlu ha llegado a señalar que en su respuesta el Gobierno aporta un informe del Ministerio de Sanidad que califica los cigarrillos electrónicos como "productos relacionados" con el tabaco, sin llegar a considerar que sean tabaco, tal y como consideran que da a entender la campaña. Sanidad justifica el contenido de la campaña y la confusión que denuncia MyBlu "por necesidades propias del lenguaje y su carácter limitado no puede tener carácter exhaustivo sino de tipo sintético", añaden.
Es por ello que la empresa está estudiando llevar su petición ante los tribunales, ya que consideran que en su respuesta el Gobierno reconoce que los vapeadores no son tabaco pero aún así no ha retirado la campaña. Entiende que esta decisión genera una grave confusión entre los ciudadanos "en temas tan trascendentales que afectan a la salud, además de atentar contra el derecho constitucional de los españoles a recibir información veraz", por lo que no descarta recurrir a los tribunales para que Sanidad "deje de difundir mensajes engañosos".
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