España tiene cada vez más desfibriladores fuera del ámbito sanitario. Un total de 23.000 (cinco dispositivos por 10.000 habitantes, datos de 2018). Pero no son suficientes. El mapa de espacios cardioprotegidos sigue plagado de puntos negros, advierten los cardiólogos. Piden más formación en maniobras de reanimación pulmonar (RCP) y, sobre todo, urgen a que se desarrolle un Plan Interministerial de Atención a la Parada Cardíaca. El objetivo, rebajar las dramáticas cifras: 30.000 personas fallecen cada año en España por muerte súbita.
“Hemos mejorado, pero seguimos mal. Tenemos la quinta parte de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) que en países como Francia u Holanda, donde es impresionante ver como hay uno por cada esquina. Queda mucho por hacer”, afirma Ignacio Fernández Lozano, responsable del proyecto SEC-PCR de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y autor del informe 'Muerte Súbita y Cardioprotección en España'.
En 2016, España contaba con tres desfibriladores por cada 10.000 habitantes. Hasta ocho veces menos que países como Dinamarca, Francia o Suecia, referentes si se habla de ejemplos de espacios cardioprotegidos en Europa. En 2018, con cinco, según datos de 2018 aportados realizado por B+Safe, filial española de la multinacional Grupo Almas Industries, especializada en tecnologías de la salud, tras recabar información de las diferentes consejerías de Sanidad.
Tiempo vital
En España, las posibilidades de sobrevivir sin secuelas a una parada cardíaca si se produce fuera de un hospital oscilan entre el 5 y el 11 por ciento. Nada que ver con porcentajes como el de algunos países nórdicos, donde esa tasa se eleva al 30 por ciento. Por cada minuto que pasa sin que se actúe se reduce un 10% la supervivencia, recuerdan desde la SEC.
B-Safe cifra en 23.000 el número de equipos instalados en España en entornos extrahospitalarios. Cada vez son más, añade la empresa, las compañías que aún no estando obligadas por ley, deciden instalar estos dispositivos.
Madrid es la comunidad mejor cardioprotegida, con un equipo por cada menos de 1.000 personas. En el extremo contrario La Rioja, con un desfibrilador por cada menos de 10.000 habitantes
En los últimos años, las comunidades autónomas han ido adaptando sus normativas para la instalación de estos equipos en espacios públicos como colegios, recintos deportivos, estaciones o centros comerciales. De una forma desigual porque cada comunidad tiene una regulación distinta en materia de cardioprotección, apunta el doctor Fernández.
Entre los últimos decretos aprobados, en 2017, el de la comunidad de Madrid. En su opinión, uno de los más completos. Según los datos recogidos por B-Safe, es precisamente la comunidad autónoma mejor cardioprotegida, con un equipo por cada menos de 1.000 personas. En el extremo contrario se sitúa La Rioja, con un desfibrilador por cada 10.000 ciudadanos.
Sin registro de DEA
Desde la SEC insisten en que sigue habiendo pocos DEA. Y un problema añadido: no se sabe exactamente donde están ubicados porque apenas hay registros. Por eso, la sociedad lleva años pidiendo un Plan Interministerial de Atención a la parada cardíaca que, entre otras medidas, contemple un registro nacional de parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria y hospitalaria. Con los datos en la mano, apunta el médico, se conocerán mejor las carencias y necesidades.
Hace dos años, la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón (FEC) y Cruz Roja se unieron para poner marcha la app Ariadna, con el objetivo de mejorar la baja tasa de supervivencia de los 30.000 paros cardíacos súbitos que se registran cada año en España.
La app funciona como un mapa colaborativo para poder geolocalizar el desfibrilador más cercano en el menor tiempo posible. Sus impulsores se muestran encantados con los resultados conseguidos: ‘Ariadna’ cuenta en la actualidad con más de 25.000 usuarios y 10.000 desfibriladores geolocalizados en todo el territorio nacional.
Formación: asignatura pendiente
Pero rebajar las tasas de muerte súbita cardíaca, considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, no solo pasa por instalar desfibriladores. “Falta mucha formación en RCP. En colegios, en universidades, en empresas... Todo eso está abandonado. Es importantísimo que la primera persona que interviene esté formada”, señala Ignacio Fernández. En España, solamente el 3% de la población sabría realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar si se encontrara ante un episodio así.
El médico pone un ejemplo. Entre los primeros en llegar cuando una persona sufre un episodio cardíaco en la calle está la Policía. “Todos los agentes deberían saber cómo actuar y todo vehículo policial debería llevar un DEA, que puede costar unos 700 euros”, concluye.
De ahí, explican desde la SEC, la necesidad de una estrategia nacional en la que, más allá del Ministerio de Sanidad, estén implicados departamentos como Educación, Cultura y Deporte, Interior o Consumo.
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