El Gobierno francés, en un contexto de fuerte rebrote del coronavirus, ha decidido imponer el uso de la mascarilla en los centros de trabajo, salvo en contadas excepciones como los espacios individuales, y que sean las empresas las que paguen ese equipamiento de protección.
"Hemos decidido sistematizar la mascarilla en los espacios cerrados colectivos" dado el riesgo de contagio por aerosol (partículas que quedan suspendidas en el aire), explicó este martes a la prensa el secretario de Estado de Salud en el Trabajo, Laurent Pietraszewski.
Eso incluye, entre otros, las oficinas compartidas -aunque se hayan instalado placas de plexiglás de separación-, las salas de reunión o los pasillos, señaló al término de una videoconferencia presidida por la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, en la que participaron organizaciones sindicales y patronales.
En los próximos días se actualizarán los protocolos laborales de seguridad sanitaria que se habían publicado inicialmente el 3 de mayo, antes del comienzo de la desescalada, para que las nuevas reglas se apliquen desde el 1 de septiembre.
El teletrabajo seguirá siendo "una práctica recomendada" para, entre otras cosas, intentar evitar el uso masivo del transporte público en las grandes ciudades cuando el mes próximo comience el curso escolar.
El secretario de Estado hizo hincapié en que el uso de mascarilla no eximirá de aplicar otras reglas básicas de seguridad sanitaria, en especial el distanciamiento físico, lavarse regularmente las manos, limpiar el mobiliario y el material o airear las áreas de trabajo.
Desde el fin del confinamiento entre el 20 y el 25 % de los focos de coronavirus identificados en Francia han aparecido en las empresas: de los 268 que siguen abiertos, 60 están en un entorno profesional.
Las empresas pagarán las mascarillas
El departamento de Trabajo se mostró claro sobre quién correrá a cargo del costo financiero de las mascarillas que se deban utilizar durante la jornada laboral: "Desde el momento en que son obligatorias, las empresas deben proporcionarlas".
Por ahora no se contemplan ayudas públicas para financiar ese gasto suplementario y se descarta que estas obligaciones provoquen escasez de mascarillas, dado que el mercado -a diferencia de lo que ocurría durante e inmediatamente después del confinamiento- está bien aprovisionado y los precios van a la baja.
Los inspectores de trabajo serán los encargados de controlar el nuevo protocolo y, siguiendo los procedimientos habituales -sin dispositivos excepcionales-, en caso de incumplimientos serán quienes lleven sus constataciones a los tribunales.
Las direcciones de las compañías estarán habilitadas para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores que se nieguen a ponerse la mascarilla.
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