La decisión del Gobierno de intervenir los laboratorios y centros de diagnóstico clínico de titularidad privada para que se pongan a disposición del Estado para frenar la epidemia de coronavirus ha convulsionado el sector. "Es innecesario", dicen desde la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC), que aglutina a un 80% de los operadores privados. La orden ministerial les ha desconcertado porque, aseguran, llevan meses dando respuesta a una necesidad que la sanidad pública no ha cubierto: hacer el mayor número de pruebas posibles."A lo mejor lo que hay que preguntarse es por qué el Gobierno no ha sido capaz de tenerlas", afirman.
La promulgación en el BOE de la Orden SND/344/2020 del Ministerio de Sanidad que establece la disposición de todos los centros de diagnóstico clínico de titularidad privada ha levantado una enorme polvareda entre muchos de los laboratorios que, hasta hoy mismo, continuaban haciendo pruebas de diagnóstico de coronavirus a quien lo solicitara y tuviera o no síntomas de la enfermedad.
Una orden que que también incluye la posibilidad de regular los precios de las pruebas diagnósticas de Covid-19 para evitar "situaciones abusivas en el acceso a este servicio". Según publicó Vozpópuli, se han llegado a dar casos de pruebas PCR por valor de hasta 800 euros.
Abrir expedientes a los laboratorios
Desde la patronal del sector se defienden. "Si yo como ministerio considero que hay una serie de operadores que están pidiendo unos precios abusivos por hacerse las pruebas, lo que hago es que actúo contra ellos. Les abriré un expediente y veré si es así o no. Es lo que se debería hacer", señala a Vozpópuli el gerente de ANLAC, Jorge Fernández-Ordás.
Y añade otra cuestión que piensa no se se está valorando: "se habla de lo que cuesta una prueba (una media de 150 euros en algunos laboratorios privados, según ha sabido este digital) pero no de lo que implica realizar una prueba así, mucho más compleja que hacer una, por ejemplo, de colesterol".
Fernández-Ordás subraya que "no hay que olvidar que las características a la hora de realizar la toma de muestras son muy diferentes a la de un diagnóstico normal. Si es en domicilio, hay que desplazar a una persona con todas las medidas de protección y si la persona va al laboratorio, tener habilitado un espacio, mantener la distancia de seguridad...".
Una medida que no hacía falta
En cualquier caso, y más allá de la polémica en torno al precio de esas pruebas, desde la asociación consideran "innecesaria" la medida tomada por el Gobierno. Durante la pandemia, se quejan desde ANLAC, salvo las pruebas diagnósticas urgentes, su actividad normal ha descendido un 90%.
"A este personal, muchos en primera línea de batalla contra el Covid, quienes les están haciendo las pruebas diagnósticas son los laboratorios privados", señalan desde ANLAC sobre los mutualistas
"Desde antes del estado de alarma ya estamos colaborando y, aunque seamos operadores privados, en algunos casos se están haciendo funciones propias de la sanidad pública: bien gestionando laboratorios de hospitales o bien, como pasa en determinadas comunidades autónomas, con los pacientes que se están derivando a laboratorios privados", señala el gerente de la asociación.
Además, indica, se están realizando test de detección al colectivo de funcionarios de las mutualidades (como Muface o Isfas) "que reciben sus servicios a través de entidades privadas. A este personal, muchos en primera línea de batalla contra el Covid, quienes les están haciendo las pruebas diagnósticas son los laboratorios privados". De hecho, apostilla, esos operadores ya se dieron por aludidos desde el primer decreto de alarma, cuando se estableció el control sobre los medios sanitarios de titularidad privada.
No tienen instrucciones
Jorge Fernández-Ordás explica que, hasta ahora, han hecho pruebas a quien se lo ha solicitado. Ya fueran particulares o instituciones como residencias de mayores. A partir de este momento, aclara, no podrán hacer ese tipo de diagnósticos. Pero, critica, están desconcertados respecto a cómo deben actuar: "A nosotros no se nos ha consultado, no ya sobre la conveniencia o no de esta medida, si no desde punto de vista técnico, para saber qué implica la medida sin alterar la actividad normal de un laboratorio".
ANLAC habla de una orden ministerial "genérica" que, en uno de sus artículos, señala que puede ser complementada por las comunidades autónomas. "Ahora esperaremos a ver qué dicen las comunidades. Está muy bien decir lo que tengo que hacer o comprar, pero, ¿con qué medios lo hago?, ¿con qué periodicidad tengo que avisar de lo que adquiero?, ¿a quién se lo digo? ¿al consejero de Sanidad de la comunidad?", se pregunta.
Y concluye con otro reproche: "Estamos dando respuesta a unas necesidades que la sanidad pública no está cubriendo. Quizá la pregunta sería: ¿por qué el Estado no ha sido capaz de tener esas pruebas diagnósticas?. No es que lo que tengan los laboratorios privados se lo hayan robado al Gobierno...A lo mejor la solución es buscar pruebas para todos".
Pocas pruebas reactivas
Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) también se han pronunciado sobre la orden ministerial: "Es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas". De hecho, los laboratorios privados llevan "actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma" desde el decreto de alarma de 14 de marzo, afirman. Y apostillan: los laboratorios han informado a las comunidades de los resultados de las pruebas, tanto de las que han dado positivo como negativo.
ASPE admite que se han hecho pruebas sin que las mande un médico en "actuaciones urgentes en residencias ante la petición de ayuntamientos y en empresas con personal afectado"
A partir de ahí, la patronal del sector privado hace una serie de consideraciones a la orden ministerial. Por ejemplo que los laboratorios disponen de "muy pocas" pruebas reactivas -reseñan que la mayoría de los laboratorios existentes son públicos- y defienden que los centros han actuado "bajo criterios de prescripción médica previa". Aseguran que los análisis se hacen en hospitales, residencias y servicios médicos de empresas afectadas
Admiten, sin embargo que, también, "atendiendo circunstancias excepcionales" se han hecho pruebas sin que las mande un médico y aluden a "actuaciones urgentes en residencias de mayores, ante la petición de ayuntamientos y en empresas con personal afectado con sintomalogía".
Pruebas a personas sin síntomas
Para despejar cualquier duda ante el negocio que esos laboratorios han hecho y pueden estar haciendo a costa de los test de diagnóstico del coronavirus en un escenario en el que las pruebas de detección son la mayor demanda por parte de la población, ASPE insiste: "no se hacen pruebas PCR a personas sin síntomas".
Una realidad con matices. Este digital tuvo conocimiento de laboratorios privados que, hasta hace nada, continuaban haciendo PCR a quien lo solicitara y de modo particular, aún no teniendo síntomas. Bastaba con llamar y pedir cita. El precio medio, 150 euros.
Las empresas guardan silencio
En la web del Grupo SYNLAB, que oferta una gama completa de servicios de laboratorio médico para facultativos, clínicas y sector farmacéutico, se estipulaban los cuatro tipos de pruebas de diagnóstico que realizaban en sus instalaciones hasta hace apenas unas horas. Desde el grupo, señalan que prefieren no hacer declaraciones sobre la orden ministerial.
Desde ASPE prosiguen que el sector de laboratorios privados "ha actuado en todo caso con proporcionalidad en el precio respecto a las condiciones inestables y complejas de aprovisionamiento y adquisición de los distintos tipos de test de Covid-19 en el mercado internacional".
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