El gigante tabaquero Philip Morris International, dueña de marcas como Marlboro o L&M y una de las compañías del sector que más está apostando por el cigarrillo electrónico, tiene abierta una batalla judicial contra el Gobierno de Tailandia desde hace casi una década. Un conflicto visto para sentencia que de no ir en favor de la multinacional, puede costarle más de 2.000 millones de dólares de un plumazo.
Todo comenzó hace más de diez años, en el año 2003. Entre julio de aquel año y junio de 2006, la filial tailandesa de Philip Morris International, denominada como PM Thailand Limited o PMTL importó desde Filipinas miles de paquetes de cigarrillos de la marca Marlboro y L&M. Hasta ese momento todo bien. No obstante, al importar desde Filipinas, los impuestos a la importación son mucho más bajos que los de otros países, por lo que la tabaquera se ahorró numerosos costes.
Poco tiempo después, el primer ministro tailandés de aquel momento, Thaksin Shinawatra, ordenó al Departamento de Investigaciones Especiales (DSI, por sus siglas en inglés) poner en marcha una investigación contra la PMTL por evasión fiscal, ya que consideraba que al importar desde Filipinas estaba evitando pagar los impuestos que debía.
Entra la Organización Mundial del Comercio
En 2008, después de años de investigación sin concluir, el Gobierno de Filipinas acude a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que ponga fin a la disputa entre los dos países y la multinacional estadounidense. En 2010, la OMC establece que la tabaquera no había incurrido en ningún delito, pero para entonces el Gobierno tailandés ya había ordenado el arresto de hasta 14 ejecutivos de la compañía, cuatro de los cuales llegaron a huir del país. Les acusaba de no haber declarado el valor real de las importaciones de cigarrillos durante el periodo señalado.
A raíz de las muertes registradas en Estados Unidos asociadas al uso de cigarrillos electrónicos, el Gobierno tailandés ha prohibido tajantemente su comercialización
A pesar de la sentencia de la OMC, la situación continúa complicándose para Philip Morris en Tailandia, uno de sus principales mercados en el Sudeste Asiático y un país donde se registran miles de muertes al año relacionadas con el consumo de tabaco. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad de Tailandia, durante 2018 murieron un total de 54.512 personas por culpa del tabaco.
De hecho, a raíz de las muertes registradas en Estados Unidos asociadas al uso de cigarrillos electrónicos, el Gobierno tailandés ha prohibido tajantemente su comercialización.
Por otro lado, desde hace varios años ha puesto en marcha políticas muy estrictas relacionadas con el tabaco, en un intento de frenar su consumo y la tasa de tabaquismo, sobre todo entre los menores. Este mismo mes de agosto, ha entrado en vigor una ley bajo la cual está prohibido fumar en el interior de los domicilios particulares.
Tailandia se mantiene firme
A pesar del dictamen establecido por la OMC, cuyo rol internacional es regular las relaciones comerciales entre países, el caso terminó llegando hasta el Fiscal General de Tailandia, que en 2016 optó por demandar por la vía penal a la filial tailandesa de Philip Morris, junto a varios de sus ejecutivos, por fraude fiscal. En la demanda, solicitan una multa de 2.650 millones de dólares, equivalentes a 2.310 millones de euros.
La historia, una vez llegados a este punto, vuelve a dar un nuevo giro. Mientras el Gobierno tailandés continuaba investigando la situación y construía el caso contra Philip Morris, la OMC, en su sentencia, ordenaba a las autoridades tailandesas a revisar sus leyes fiscales y comerciales para garantizar que no se volviese a repetir esta situación en relación con la importación de tabaco. El Gobierno estuvo evitando revisar sus leyes hasta 2011, cuando comenzó a trabajar en una reforma.
En mayo de 2017, el rey de Tailandia firma una nueva ley de aduanas, en la que supuestamente se limita las cantidades que puede solicitar Tailandia como multas en este tipo de situaciones. Philip Morris en ese momento esperaba que el Fiscal General retirase la demanda, pero no fue así. La OMC ha llegado a acusar a las autoridades tailandesas de infringir su regulación internacional, pero ha sido en vano.
En junio de 2018, se puso en marcha el proceso judicial que ha terminado el pasado mes de septiembre. Ahora, la compañía está a la espera de la sentencia, que se producirá a finales de diciembre. Si el tribunal decide que el Gobierno tailandés está en su derecho de acusar a la multinacional tabaquera, que factura más de 22.000 euros anuales, se tendría que enfrentar a una multa considerable y un importante revés judicial. No obstante, más allá del valor anecdótico, pocos analistas consideran que pueda tener un impacto real en la multinacional estadounidense.
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