La sección de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos exige que se inicie el contrato para el servicio de ambulancias en la provincia de Córdoba adjudicado en mayo de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) SSGA-Ambulancias M. Pasquau y denuncia que los actuales prestadores lo hacen de forma “ilegal”.
Así consta en el escrito del responsable estatal de Transporte Sanitario UGT-SP, Juan Martínez Cisneros, fechado a 10 de marzo de 2022, en el que explica que en estos momentos “no existe motivo alguno” para que no se firme el citado contrato de ambulancias (expediente 2020/475160) para dar cobertura sanitaria a la provincia de Córdoba y que fue adjudicado el 26 de mayo de 2021 a la UTE SSGA-Ambulancias M. Pasquau, si bien esta adjudicación fue recurrida en vía administrativa.
UGT expone que ese recurso ha sido desestimado por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía el 3 de diciembre de 2021, por lo que solicita firmar el contrato con la “legítima adjudicataria” al considerar que se ha agotado la vía administrativa y “no existe a juicio de esta central sindical impedimento alguno” para la firma.
Además, añade que quedó anulada la convocatoria de licitación que adjudicó el servicio a otra compañía por recurso interpuesto de UGT, con lo que el sindicato manifiesta en su escrito que los actuales prestadores dan servicio “no sólo tras haber perdido el contrato reseñado”, sino en base a un concurso y resolución anulada.
Así, considera que los actuales prestadores lo hacen “de forma claramente ilegal y por supuesto sin cumplir, además de todo lo anterior, el convenio colectivo de aplicación, lo que está afectando de forma clara a los trabajadores, que dada la flagrante situación de precariedad se ven perjudicados y este sindicato se ve en la necesidad de evitar la continuidad que precariamente y sin título alguno se mantiene”.
Por estos motivos, UGT exige el inicio del contrato “legítimamente adjudicado” y que “se acabe con la situación de precariedad y abuso que en estos momentos se viene sucediendo en contra de una sentencia firme y en contra de un proceso legítimamente efectuado y finalizado”.
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