El pasado jueves, sin consultar con nadie, el Gobierno hizo aparecer en el BOE, por arte de birlibirloque, una nueva norma que obliga al copago farmacéutico de los medicamentos que se dispensan en farmacias hospitalarias. Lo que se ha venido a denominar ‘copago hospitalario’, y que afecta a pacientes ambulatorios (no ingresados) con patologías graves. Estamos hablando de enfermos de sida, de cáncer, de artritis, hepatitis, esclerosis múltiple...
La asociación del Defensor del Paciente está totalmente en contra de esta medida y está difundiendo a través de las redes sociales un formulario para que cualquier persona afectada por la norma pueda declararse insumisa. La presidenta de esta organización, Carmen Flores, quiere dejar claro que “si se deja de dar el tratamiento que esa persona necesita y sufre un agravamiento, será responsable la Administración”.
“Si cada diputado se quitara 1.000 euros al año, no haría falta esto”
Flores asegura que si no se atiende a estos pacientes y se les deniega la medicación que necesitan “podríamos estar ante un delito de omisión del deber de socorro”. Desde su asociación consideran que esta nueva legislación se ha llevado a cabo “a hurtadillas”, sin consultar a la oposición ni a los sindicatos. “Ha pillado absolutamente de sorpresa y es muy desleal con el paciente”. En este punto coinciden los presidentes de varias comunidades autónomas, como Andalucía, País Vasco y Castilla y León. Todos ellos señalan que es sorprendente el hecho de que la ministra de Sanidad no les anunciara nada en el último Consejo Interterritorial y que tuvieran que enterarse de la nueva medida tras su publicación en el BOE.
Carmen Flores está convencida de que lo que ocurre es que hay “un empecinamiento contra la Sanidad y la Dependencia”. “Si cada diputado se quitara 1.000 euros al año de sus emolumentos, no haría falta esto”, añade.
"Están desmontando el sistema de protección social"
Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), aplauden esta iniciativa y recuerdan que algo similar ocurrió cuando se intentó instaurar el euro por receta. Aunque aquella situación era algo diferente. Primero intentó llevarlo a cabo Cataluña, y el Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente la medida en enero tras el recurso planteado por el Gobierno. Y lo mismo ocurrió en Madrid: cuando el TC paralizó el euro por receta en el mes de junio tras un recurso planteado también por el Gobierno.
AFEM está en contra de ambas medidas. Pero en lo que respecta al ‘copago hospitalario’ se manifiesta en desacuerdo porque “implanta un recorte en lugar de implantar reformas”. Su portavoz, Patricia Alonso, advierte de que lo que se está consiguiendo es “una penalización al paciente” porque este copago se implanta sobre fármacos “en los que no cabe posibilidad de abuso por parte de los enfermos”. Se trata de medicinas que hasta ahora pagábamos toda la sociedad con nuestros impuestos y que a partir de ahora, toda la penalización va a recaer sobre el enfermo.
“Si un enfermo de hepatitis C no puede pagar su tratamiento, su enfermedad va a derivar en un cáncer de hígado”
El Ministerio de Sanidad propone que con este copago sólo se pague el 10% del valor del medicamento hasta un tope máximo de 4,2 euros. A priori no parece mucho dinero, pero Carmen Flores indica que en la mayoría de los casos los pacientes son personas mayores, con pensiones de 400 ó 600 euros. “Si esas personas tienen que tomar cinco fármacos (que en muchos casos ocurre), ya estamos hablando de un gasto de 20 euros al mes. Y a lo mejor ese enfermo necesita ese dinero para comer o pagar la luz”.
La portavoz de AFEM, Patricia Alonso, coincide con este diagnóstico y va más allá: “Si un enfermo de hepatitis C no puede pagar su tratamiento, su enfermedad va a derivar en un cáncer de hígado”. Por eso exigen saber “qué estudios hay detrás de esto”. Alonso advierte: “No están desmontando el sistema de bienestar, están desmontando el sistema de protección social”.
La Asociación de Médicos y Titulados de Madrid (AMYTS) también se muestra en contra de este nuevo copago y apoya la iniciativa promovida por el Defensor del Paciente. "Primero excluyeron a los emigrantes del sistema sanitario y ahora están reduciendo el Estado del bienestar que habíamos empezado a construir desde 1986", sentencia Pablo Martínez Segura, portavoz de AMYTS. En cuanto al formulario de insumisón, Segura dice que aunque lo ven con buenos ojos "no es más que un derecho al pataleo" pero insiste en que "es legítimo y es bueno".
