No corren buenos tiempos para la inmigración en ninguna parte. Hace unas semanas saltaban las alarmas: "Bélgica obliga a irse del país a los españoles que no encuentran trabajo", titulaban unos; "Bélgica echa a 323 españoles por abuso de sus ayudas", matizaban otros, después de que la propia Oficina de Extranjería belga informara de la retirada del permiso de residencia a 323 españoles en 2013 al considerar que ya no cumplían con requisitos como tener un trabajo o ser estudiante, evitando así que supusieran una carga exagerada para su sistema de ayudas sociales. ¿Está expulsando Bélgica a los españoles? ¿Por qué? Y, ¿por qué ahora?
Durante el año pasado, Bélgica retiró el permiso de residencia a un total de 2.712 ciudadanos europeos por ser "una carga excesiva". Del total, 816 fueron rumanos, 393 búlgaros y 323 españoles, seguidos de 305 holandeses, 265 italianos y 176 franceses. De estos datos se desprende que los españoles se han convertido en el tercer grupo más "expulsado" de tierras belgas.
Ante la confusión sembrada por unos y otros, lo primero que habría que aclarar es que las autoridades belgas han comunicado que invitan a salir de su país no sólo a los españoles, sino a todos los comunitarios que se encuentren en una de estas tres situaciones: llevar en el paro más de un año, no buscar empleo de forma activa y estar instalados en un sistema de ayudas sociales.
La justificación oficial del ejecutivo belga respecto a la retirada del permiso de residencia se produce por ser algunos ciudadanos "una carga para el sistema"
"Bélgica les está invitando a salir porque no cumplen los requisitos que se les exigen, al igual que se le puede exigir en España a un ciudadano de nacionalidad belga", explica Dolores Rubio, especialista en Relaciones Internacionales. "Los españoles en Bélgica a día de hoy no son emigrantes, son ciudadanos europeos que tienen una serie de derechos y de obligaciones. No es una expulsión porque los españoles en Bélgica no están ilegales. Sencillamente si no cumplen los requisitos, pierden su residencia y se les invita a salir del país", concluye.
En este sentido, se antoja fundamental matizar que en caso de resistencia a marcharse del país, Bélgica ni ejerce el uso de la fuerza ni mete al ciudadano en un avión de vuelta a su país. Simplemente, le cierra todos los cauces oficiales para impedir que tenga acceso a sus prestaciones sociales. Se podría decir que le obliga a vivir en la clandestinidad. "No se les expulsa por la fuerza, simplemente se les borra del registro oficial", explica un portavoz belga. "No te van a dar ninguna ayuda para que te mantengas allí", añade Rubio. Sin embargo, nada les impide quedarse en territorio belga, emigrar a otro país miembro de la Unión Europea o regresar de nuevo a Bélgica. Además, aquellos que hayan recibido la carta en la que se les invita a salir del país, tienen derecho a recurrir y retrasar de esta forma el proceso.
"Bélgica está cumpliendo la normativa"
Aclarada la cuestión de los requisitos (tener un contrato de trabajo o ser autónomo, ser estudiante o tener derecho a prestación por desempleo), hay que puntualizar también que la mal denominada "expulsión" es un proceso legal. La legislación comunitaria establece que los europeos tienen derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un período no superior a tres meses sin ser sometidos a ninguna formalidad más que la de tener carné de identidad o pasaporte válidos.
Si la persona está buscando trabajo, durante seis meses "no te pueden hacer nada ni exigirte que tienes la suficiente capacidad de recursos para mantenerte en el país. Lo que sí tienes que demostrar es que estás buscando trabajo activamente". Para estancias más prolongadas, la libertad se condiciona a no representar una carga excesiva para el sistema de ayuda social del país de acogida. La residencia permanente se concede a partir de los cinco años en el país.
Cualquier inmigrante que quiera permanecer en Bélgica deberá percibir 1.308 euros mensuales
"El Estado belga ha aplicado la legislación vigente de una forma lo más estricta posible para evitar un aprovechamiento abusivo por parte de españoles, rumanos, búlgaros, holandeses, franceses... Lo que está haciendo Bélgica es evitar la picaresca", manifiesta Rubio. "Bélgica está actuando perfectamente bien dentro de la legalidad, nos guste a los españoles o no nos guste. El Estado belga no ha violado nada, ni normativas nacionales ni europeas", realza la profesora de Integración Europea.
"Lo que está doliendo en este momento es que fuimos un país de emigrantes para convertirnos en un país de inmigrantes y para volver a convertirnos otra vez y de otra manera en un país de emigrantes. España se vuelve a encontrar con su propio fantasma y con su propia realidad de hace tiempo, es decir, ser la periferia de Europa", zanja Rubio.
¿Qué implica ser "una carga para el sistema"?
Desde que en 2011 la liberal flamenca Maggie De Block comenzara a capitanear el Ministerio de Inmigración, Bélgica defiende que no puede seguir haciéndose cargo de las personas sin recursos que residen "ilegalmente" en el país al considerarlos una "carga excesiva". De Block, azote de los inmigrantes y política mejor valorada por su mano dura, fusionó las carteras de Integración Social e Inmigración para poder cruzar los datos de empleo con los de las personas que estaban recibiendo ayudas sociales para así identificar a aquellos susceptibles de abandonar el país.
"España se vuelve a encontrar con su propio fantasma y con su propia realidad de hace tiempo, es decir, ser la periferia de Europa"
De forma que, los residentes extranjeros tienen la obligación de demostrar que cuentan con los recursos suficientes para sobrevivir en Bélgica, lo que supone ingresar como mínimo al mes 1.308 por unidad familiar. Es lo que se conoce como "salario mínimo de integración" (o revenue), no equivale al salario mínimo, sino a unas 15 horas de trabajo semanal, tal y como apunta el politólogo Pablo Simón. "Para tener acceso a la residencia no permanente, se necesita tener más del 120% de ese revenue como ingresos. Con este umbral se busca evitar que los inmigrantes supongan una carga para el sistema. Aquellos que se encuentran por debajo mueren administrativamente", zanja Simón.
¿Qué puede hacer España?
En este apartado surgen dos voces diferenciadas. En primer lugar, la de Dolores Rubio: "España no puede hacer nada. Va más allá de una cuestión bilateral entre Estados. No es un tema de reciprocidad, entre otras cosas, porque existe una normativa europea que tiene que ser cumplida por todos los países de la UE".
"No podemos dejar a su suerte a los españoles en el exterior", sostiene el politólogo Pablo Simón
Y en segundo lugar, la de Pablo Simón, quien opta por dos soluciones, una preventiva y otra reactiva. La preventiva: "Es urgente que los poderes públicos se impliquen para dar más y mejor información, explicar bien los derechos y obligaciones en los países a los que se emigra". Y la reactiva: "Buscar un acuerdo bilateral (como ya está buscando Francia) con el objetivo de asegurar un arreglo amistoso entre ambos gobiernos que impida llegar al extremo de la muerte administrativa de los españoles que se desplazan a Bélgica".
El politólogo añade una tercera: "Politizar el tema. A las puertas de elecciones europeas se puede hacer ruido para intentar atacar el problema. Es fundamental, el mismo día de las europeas hay elecciones federales y regionales en Bélgica, por lo tanto, cualquier actuación de los partidos españoles tiene eco dentro del país. No podemos dejar a su suerte a los españoles en el exterior".
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