La Comisión Europea (CE) anunció este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la negativa a reconocer la tarjeta sanitaria europea en algunos hospitales públicos, que cobran a los ciudadanos comunitarios por servicios que habitualmente son gratuitos.
El problema, que se concentra según Bruselas en zonas turísticas, ha motivado numerosas denuncias de ciudadanos y hace creer a la Comisión que España "pudiera estar incumpliendo sus obligaciones derivadas de la legislación de la UE", según un comunicado.
Ésta establece que los visitantes temporales de otros Estados miembros deben recibir asistencia sanitaria urgente "en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles dentro de la sanidad pública", que en el país es habitualmente gratuita.
Sin embargo, Bruselas ha recabado "un número cada vez mayor de denuncias" contra hospitales que "se niegan a atender a ciudadanos con su tarjeta sanitaria europea y en su lugar solicitan un seguro de viaje y los datos de la tarjeta de crédito".
Según indicó el portavoz comunitario Jonathan Todd, se han dado "cientos" de casos de este tipo, llegando a dejarse a personas con "dolores profundos" en los "pasillos de hospitales" por disponer únicamente de la tarjeta sanitaria europea.
Además, la Comisión señala en su comunicado que en algunos casos los centros sanitarios han "informado erróneamente a los ciudadanos de que su tarjeta sanitaria europea no es válida si tienen seguro de viaje" o les han hecho creer que se les atendía de forma gratuita, pero luego facturaban el tratamiento a su compañía de seguros de viaje. "Esta actuación de los hospitales en cuestión significa que los titulares de la tarjeta sanitaria europea se ven privados de asistencia sanitaria pública en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles y solo se les ofrece tratamiento privado", apuntó la CE.
Según Bruselas, "el coste mucho mayor de ese tratamiento privado se repercute sobre las empresas de seguro de viaje o, cada vez más, se factura directamente a los ciudadanos". Por ello, el Ejecutivo comunitario ha remitido a España una carta de emplazamiento -el primer paso en un procedimiento de infracción- para que responda a sus inquietudes en un plazo de dos meses.
La CE lleva tratando el caso con las autoridades españolas desde 2010 y, aunque éstas han notificado una serie de medidas para acabar con el problema, Bruselas sigue recibiendo denuncias de ciudadanos.
La tarjeta sanitaria europea ofrece, según las normas comunitarias, derecho a recibir atención de urgencia durante los viajes a cualquier país de la UE (además de Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia) en las mismas condiciones y costes que los nacionales.
