Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se reunían el pasado miércoles en un despacho, María y Ana Judith pasaban su decimoséptimo día acampadas frente a una sede de Bankia en el centro de Madrid. Piden que la entidad les dé una solución ante la imposibilidad de pagar las hipotecas que contrataron. María, que fue desahuciada el 23 de octubre, solicita que le condonen la deuda mientras que Ana Judith reclama pagar el llamado alquiler social, una cantidad menor del coste de los plazos de la hipoteca.
Para que casos como los de María y Ana Judith no se sigan produciendo, PP y PSOE han acordado reformar la legislación sobre la materia y para ello han decidido reunir a un grupo de expertos que diseñe los detalles técnicos. Con los que no han contado, de momento, son con afectados. Eso es lo que denuncia la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. “Son los últimos en llegar y quieren presentarse como los que tienen la solución. Es insultante”, afirma Colau. “Están politizando el asunto y buscando su propio beneficio”, sentencia una María visiblemente enfadada.
El no contar con la PAH, que lleva luchando contra los desahucios varios años y conoce miles de casos de primera mano, ha levantado recelos entre los afectados que se muestran escépticos y desconfiados sobre las intenciones de los grupos políticos. “Tanto PP como PSOE son los responsables de la situación actual y cuando se han alternado en el Gobierno no han tomado ninguna medida para solucionarlo”, explica Colau. Por su parte, María recuerda que cuando Izquierda Plural presentó en el Congreso de los Diputados una moción para instaurar la dación en pago, el PP votó en contra y el PSOE se abstuvo.
Lavado de imagen
Junto a María, Ana Judith expresa en alto uno de los temores de los afectados: que esta iniciativa quede en papel mojado como ya ocurrió con el Código de Buenas Prácticas que lanzó el Gobierno a principios de año y que firmaron más de un centenar de entidades bancarias. Según los datos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), solo el 12% de las personas que han intentado acogerse a dicho código lo ha conseguido dado lo restrictivos de sus requisitos. “Tenemos la sospecha de que el código, que ha sido un fracaso, era para dar tiempo a los bancos a ganar dinero”, sentencia Colau. Para María, estas reuniones de Gobierno y oposición es, al igual que dicho código, un simple lavado de imagen.
Mientras esperan conocer las medidas que tomará el Gobierno, desde la PAH recuerdan que ellos ya han puesto sobre la mesa algunas soluciones a un problema, el de los desahucios, que este viernes llevó a una mujer a quitarse la vida en Barakaldo. “Algunas de nuestras propuestas son la paralización de los desalojos, la dación en pago, la condonación de la deuda y la regulación de las tasaciones y de los tipos de interés”. Además, la PAH considera inaceptable que desde 2007 se hayan producido 400.000 desalojos en un país con millones de viviendas vacías y que existan familias que a pesar de haber perdido su casa estén endeudadas de por vida por tener que seguir devolviendo al banco el dinero que pidieron para adquirirlas.
A pesar de la grave situación que están viviendo los afectados por la hipoteca, y que también llevó al suicido a un hombre en Granada el mes pasado, Colau encuentra un parte positiva: la movilización ciudadana. “Se ha demostrado que es útil y que ha conseguido resultados, los políticos se han visto obligados a actuar”.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación