La Iglesia católica estará incluida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, aunque esta inclusión sólo afectará a los fondos públicos que percibe la institución. Según publica hoy La Razón, la Iglesia católica es receptora de fondos públicos y, por lo tanto, debe quedar afectada por los nuevos controles, pero exclusivamente en lo que afecta a esos fondos públicos.
En el debate del estado de la nación celebrado el pasado febrero, los grupos parlamentarios instaron al Ejecutivo a incorporar a la Ley de Transparencia, ya en tramitación, a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y a todas las entidades e instituciones que se financian con dinero público. La Iglesia católica, explica el citado diario, recibe dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la conservación de sus centros religiosos, para colegios católicos y profesores de religión y a través de la casilla de la Declaración de la Renta (IRPF).
Según ha explicado el Ejecutivo esta semana en una respuesta parlamentaria del PSOE, en 2012 el Estado pago 94,2 millones de euros a un total de 2.953 profesores de religión católica. La Iglesia católica también recibe fondos públicos por otros conceptos como la asistencia religiosa en los hospitales o en centros penitenciarios.
Para este último caso, la transferencia a la Conferencia Episcopal Española (CEE) prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 es de 309.500 euros. En cuanto al personal que ejerce servicios espirituales dentro del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, hay 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y 1 arzobispo castrense cuyo coste fue, en 2012, de 471.823 euros.
A principios de esta semana Europa Laica denunció que la Iglesia católica recibirá este año de las administraciones (central, autonómica y local) más de 11.000 millones de euros (más del 1 % del PIB) de forma directa o indirecta al dejar de pagar impuestos como el IBI.
