La pasada semana el Observatorio Estatal para la Dependencia presentaba en Madrid la valoración de los últimos seis meses de aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Según los datos con que cuentan, se ha pasado a una fase no ya de estancamiento, sino de involución y demolición en lo que a estas personas y sus familias se refiere, especialmente tras la aplicación de las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que ya existían problemas en la etapa anterior.
Ataviado con una corbata naranja en un guiño al color de la 'marea de protestas' a la que pertenecen -la naranja, la de servicios sociales-, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Generentes de los Servicios Sociales explicaba ante los medios que en los seis años desde la aprobación de la ley, se han podido vivir cuatro etapas diferentes, siendo la actual la de retroceso y demolición de la misma. "En los últimos meses de 2012 ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos, se amplían los plazos para recibir atención (dos años y medio) y se recortan prestaciones (un 15%) y presupuesto (850 millones de euros anuales)", exponía.
El Observatorio desmiente que el Gobierno haya recortado el 'limbo de la dependencia', y alega que se ha sacado a beneficiarios del sistema y se ha revisado el grado a dependientes
En su opinión, los últimos datos presentados por el ministerio de Sanidad son en realidad una manipulación de la realidad, especialmente cuando afirman haber reducido el llamado 'limbo de la dependencia', situación que afecta a personas a las que se les ha reconocido un grado y un nivel según el baremo pero que están fuera del sistema de prestaciones de momento. "Actualmente hay 230.000 esperando, y al ritmo medio que llevamos, tardarían once años en ser atendidas. La mayoría de los dependientes a los que se les ha reconocido el derecho, son mayores de 80 años y grandes dependientes, por lo que lo más probable es que fallezcan antes de recibir atención. Por eso es tan dramático el caso, es la sensación de que han llegado tarde a un derecho", defiende Ramírez.
Según su explicación, el número de personas que el Gobierno dice haber reducido no es tal, ya que lo que han hecho es sacar a los beneficiarios de prestaciones en espera del sistema de atención, retrasando su entrada hasta 2014, y sacando también a los grandes moderados del mismo, principalmente con revisiones del grado otorgado.
Además, critican el modelo de financiación, ya que ha permitido que el Gobierno se haya retirado en gran parte. Según datos de presupuestos liquidados del ministerio de Hacienda, en 2009 el Estado asumía un 39% del coste del Sistema de Atención a la Dependencia, mientras que en 2012 se ha reducido prácticamente a la mitad con un 21,4%.
"Hay que facilitar los datos mensualmente, ejercitar la transparencia. Si no, ¿por qué se hace con las cifras de paro?", pregunta el presidente de la asociación
'Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas'
El propio José Manuel Ramírez quiso defender que en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla- La Mancha, José Ignacio Echániz, había mencionado un informe del Tribunal de Cuentas para decir que había 30.000 fallecidos que eran beneficiarios de las prestaciones de atención a la dependencia, algo que a su juicio es una manipulación de los datos. "Esto no lo dice el tribunal, sino que en un tiempo, y por la falta de sistema informático y de información adecuados para contrastar los datos entre las diferentes administraciones, no se reflejó el ajuste contable necesario, y se hicieron ingresos que luego se solicitaron a las propias Comunidades Autónomas", decía.
"Lo primero que hay que hacer es facilitar los datos mensualmente, ejercitar la transparencia. Si no, ¿por qué se hace con las cifras de paro?", se preguntaba el presidente de la asociación, que presumía de llevar 20 años trabajando de manera independiente y sin que ningún informe oficial haya podido contradecir sus datos.
Precisamente en esa línea de pedir transparencia se mostraba el Tribunal de Cuentas en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. El órgano constitucional llevó a cabo este documento para fiscalizar la gestión económico-financiera y la aplicación de la ley de Dependencia desde 2007 a 2011.
Después de una pormenorizada valoración, el tribunal concluye que existen diferencias de atención dependiendo del territorio del dependiente, que se excede el plazo máximo de 6 meses para el reconocimiento del derecho o que Canarias suspende especialmente por su gestión, con un 58% de personas no atendidas. Los servicios sociales están pendientes de la próxima reforma del Gobierno de la Ley de Bases de Régimen Local porque afectará a los servicios mínimos de dependencia
Entre las diferentes recomendaciones, se dirige al ministerio de Empleo y Seguridad Social, al IMSERSO y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para que pongan al día la información sobre beneficiarios y prestaciones, para evitar duplicidades o pagos indebidos.
Los servicios sociales están pendientes de la próxima reforma del Gobierno de la Ley de Bases de Régimen Local porque afectará a los servicios mínimos de dependencia
Futuro más negro aún
Según exponía Ramírez, la situación puede empeorar aún más con el próximo cambio anunciado con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que pretende revisar las competencias que se atribuyen a los entes locales. A su lado en la rueda de prensa, Patrocinio de las Heras, presidenta honoraria de la asociación y referente profesional con más de 40 años de experiencia en los servicio sociales, alertaba del riesgo de esta modificación. "Con la excusa de la crisis se está buscando un cambio del modelo social. La Constitución Española define los servicios sociales como un derecho de la ciudadanía que se asienta en las obligaciones mínimas de los Ayuntamientos. Ahora se plantean cambiar estos mínimos, lo que supondrá minar la base de la prestación", apunta.
En su opinión, la atención a la dependencia no se puede perder por ser un derecho subjetivo, recurrible por estar respaldado por una ley estatal, pero si se recorta la base, la red que asienta la ley básica, se hundirán las prestaciones básicas. "Se cambiará por una asistencia social, que es un concepto jurídico, perdiendo el concepto de derecho que aparece vigente en la actual Ley de Bases de Régimen Local. No se puede excluir a nadie, y esto recuerda a la antigua beneficencia social, que ya se eliminó", explicaba De las Heras. "Lo triste es que todos seremos algún día dependientes o conviviremos con alguien que lo sea. Por eso hay que luchar por este sistema", concluía Ramírez.
