Rafael López es cubano y solicitó la nacionalidad española en el verano de 2010. Tres años después, su caso sigue sin resolverse. Como él, centenares de miles de extranjeros se hallan lidiando con los efectos negativos de una burocracia atascada y a la espera de que el Ministerio de Justicia cumpla una vez por todas con su promesa de ofrecerles una respuesta a su petición de nacionalidad.
La demora acumulada es de unos cuatro años y ello ha impedido a unos reunirse con sus familias, a otros buscar mejor suerte en el resto de países la Unión Europea y a la inmensa mayoría, vivir sin los sobresaltos de depender de una tarjeta de residencia por trabajo.
Cuando el Partido Popular llegó al poder en noviembre de 2011, se topó con la siguiente situación: se inscribían unos 150.000 expedientes y sólo se resolvían 120.000. Con la entrada masiva de inmigrantes, fundamentalmente entre 2007 y 2008, la bolsa de peticiones quedó inundada llegando a acumular casi medio millón de peticiones apiladas en unos sótanos minúsculos.
Ante esta tesitura, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió el pasado 25 de octubre a meter mano a lo que él mismo calificó como “situación inadmisible” y a dar una respuesta antes de la Navidad del año pasado a los 425.000 expedientes que se acumulaban en los registros civiles españoles haciendo realidad el Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN).
El tiempo no sólo pone de manifiesto que no lo ha conseguido, sino que además, ha naufragado con su compromiso personal. El plazo de Navidad se consumó sin solución y pese a haber digitalizado la práctica totalidad de los más de 481.000 expedientes acumulados desde que llevara a la práctica su plan de choque y a cerrar en seis meses casi la mitad de las peticiones, a 18 de junio todavía hay más de 184.000 personas esperando una contestación.
“Los expedientes de nacionalidad no son simples montones de papeles. Hay una persona detrás de ese expediente que merece respeto institucional y que ha invertido dinero, tiempo e ilusión”, explica Anet del Valle, esposa de Rafael López.
Convenio con los Registradores
Además del PIN, el pasado 25 de junio, Justicia firmó un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles que serviría para descongestionar sus archivos. Se incorporó a unas 1.000 oficinas para comprobar que se había aportado toda la documentación requerida y con el fin último de que para verano se estuviera “en condiciones de cumplir”, según el subsecretario de Justicia, Juan Bravo.
Estamos en verano y el sistema informático del Ministerio de Justicia continúa diciendo a los foráneos que “el estado de su expediente está en estudio”, algo que realmente aporta poco o nada. Este es el caso de Belkis, cuya solicitud de nacionalidad se remonta a agosto de 2009. Es una de los miles de afectados por el plan de digitalización auspiciado por el Ejecutivo popular ante la supuesta “pasividad” que reinó en la época socialista.
"Ha primado lo político sobre la profesionalidad de la gestión y el buen servicio".
“Considero que este Plan Intensivo pudo tener un buen propósito, pero lo que me parece injusto es que para cumplir una meta o unas cifras se hayan obviado todos los pasos que se deben dar durante estos procesos”, se lamenta Belkis, también cubana de origen y a quien Justicia terminó denegando la nacionalidad por tener caducados los antecedentes penales.
“En casi cuatro años han tenido tiempo suficiente para solicitar nuevamente que aportara dicho certificado actualizado, algo que podían haber comprobado con mi pasaporte puesto que no he salido de España durante todo el tiempo que ha durado el proceso”, añade Belkis, subrayando la imposibilidad de tener antecedentes penales.
“Las personas no somos números, las personas tenemos diferentes problemas y situaciones personales y realmente nos han tratado como números”, concluye la cubana.
Esta es una opinión que también comparte Anet del Valle. “El plazo para el fin del PIN es este verano y como quieren que salgan todos los expedientes, no hay tiempo para pedir documentos adicionales. Ha primado el asunto político sobre la profesionalidad de la gestión y el buen servicio”.
No se respetó el orden de entrada
Al retraso acumulado se añade otro factor clave: la pérdida del orden de entrada de la documentación. Esto hace que peticiones presentadas en 2012 ya se hayan resuelto mientras que muchas de 2009 y 2010 permanecen a la espera de una respuesta, encrespando aún más a los demandantes de la nacionalidad.
Pese a que el convenio con los Registradores de la Propiedad agilizó los trámites, se perdió el orden de entrada al repartir 400 expedientes por cada registrador.
“Nuestra queja es la siguiente: han resuelto los expedientes sin tener en cuenta el año de solicitud de la nacionalidad, no te piden documentos adicionales simplemente te deniegan la nacionalidad y vuelta a empezar”, explica Del Valle, enfatizando la carestía y lentitud a la que se enfrenta su marido a la hora de solicitar documentos a Cuba.
Fallos del sistema
“El sistema tiene muchos fallos burocráticos, pero que yo creo que se debe al poco presupuesto que hay destinado. Hay tan poca gente atendiendo en las oficinas de extranjería, que terminan muy quemados y no ayudan en nada”, explica el argentino Francisco Picolini, otro de los denominados ‘Expedientes 2010’.
“La ‘solución’ de Gallardón llegó tarde y se realizó mal, ya que pusieron a gente que no estaba realizando esas funciones y las enfrentaron con los funcionarios que ya estaban quemados con la situación”, añade Picolini, subrayando la existencia de una serie de carteles que cuelgan en las paredes del Registro Civil de Pradillo, en Madrid, que advierten del peligro de derrumbe del edificio por la afluencia masiva de gente.
"La solución de Gallardón llegó tarde y se hizo mal"
“Lo han hecho muy, pero que muy mal con el Plan Intensivo de Nacionalidad”, apuntilla Del Valle.
Pese a las críticas sobre el sistema informático, hay quienes agradecen la búsqueda de alternativas por parte del Ministerio de Justicia. Es el caso de Ewing Jesús Falla, un peruano que presentó su solicitud en noviembre de 2010 y al que se ha concedido la nacionalidad en enero de este año.
“Yo creo que quienes van a cosechar los frutos van a ser las personas que a partir de ahora empiecen estos trámites”, explica Falla, añadiendo que “la vía telemática va a hacer que esto funcione mucho mejor a futuro”.
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