El pasado viernes se presentaba en Madrid una plataforma de abogados que se han asociado para llevar a cabo la representación legal de los clientes de bancos y cajas afectados por la venta de participaciones preferentes. Coordinada por V Abogados, más de 70 profesionales entre abogados y economistas con experiencia en derecho mercantil, reclamaciones bancarias y derecho procesal cubrirán todo el territorio nacional para que los clientes puedan recurrir a cada una de ellas desde su localidad. 

Sin demasiados medios para anunciar su primera reunión, la convocatoria desbordó las previsiones, ya que más de 300 personas se dieron cita en el Hotel Hesperia para informarse sobre esta nueva oportunidad de movilización para intentar recuperar su dinero. Se trataba en su mayoría de personas mayores de 60 años, esos pequeños ahorradores que han visto cómo una operación bancaria les ha desprovisto de los beneficios logrados a lo largo de su vida. 

"Hace meses que está en el aire la problemática de las preferentes y de productos bancarios dudosos. La gente afectada no reclamaba porque en el fondo esperaba que hubiera una solución, y de hecho se intentó que así fuera. En verano todavía había opciones de que el Gobierno pudiera recibir ayuda para esto, pero cuando se decretó por ley el modo de actuar, cuando vimos que no funcionaría, decidimos asociarnos. Nosotros coordinamos desde la capital, pero contamos con socios por zonas geográficas que hacen posible que lleguemos a toda España. La plataforma la integran Santos Pousa Rodríguez, Mestalla Abogados, R&P Abogados y Net Craman", explica Santiago Viciano, socio director de V Abogados. 

"Las preferentes son el mayor ataque directo de la historia moderna de España a la clase media", según Viciano 

La plataforma considera que el asunto de las preferentes constituye el mayor ataque directo de la historia moderna de España a la clase media, una estafa tolerada por los órganos supervisores como son la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. "Y lo más grave es que se ha gestado a partir de la relación de confianza que tenía el cliente con su banco o caja. Las entidades tenían un 'agujero'en el lado del activo por los préctamos al sector inmobiliario, y como tienen que cumplir con los coeficientes de solvencia del 10%, dan orden de comercializar masivamente este producto problemático. De manera que para tapar su agujero empiezan a vender preferentes, y sanean el balance: depósitos (pasivo) a cambio de preferentes (que computa como patrimonio neto). Contabemente la operación es perfecta", argumenta Viciano. 

La vía penal, casi inaccesible

Por el momento, las demandas que han prosperado han sido aquellas en las que se ha actuado individualmente, de manera que la plataforma de V Abogados apuesta por los procesos individuales, de cada afectado reclamando a su entidad bancaria. De este modo también se consigue que cada caso se estudie con más detalle, concretando las actuaciones con cada afectado.

Además, lo recomendable es acudir a la vía civil, después de que ya hace unas semanas el propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, declarara que no hay base suficiente para reclamar por vía penal, lo que dificulta que prosperen las reclamaciones colectivas por estafa. El principal problema que hace descartar la vía penal es que para ello se debe demostrar el dolo, es decir, que los agentes bancarios actuaron con intención de hacer mal a los clientes a quienes les vendían estos productos, demostrar que sabían que estaban mintiendo. 

Plazos interminables

Para Viciano, el principal problema pese a ganar un pleito al banco o caja es que el proceso se eterniza, además del hecho de que tener que ir caso a caso sobrecarga a los tribunales, es que los bancos siguen la estrategia de las aseguradoras, de que por norma no pagan ni un céntimo, "y lo malo es lo que tarda un juez en determinar la cuantía y el plazo". 

La plataforma descarta la vía penal por la dificultad de demostrar el dolo de los vendedores a la hora de colocar las preferentes

Sin embargo, el proceso puede ponerse en marcha a los 15 días de que reciban la solicitud en el despacho. A partir de ahí, se estudia uno a uno cada caso, mirando el perfil del afectado. Si queda patente que está formado en la materia, que no le estaban engañando, no puede reclamar, aunque estos casos parecen ser minoría, según declara la plataforma. 

Todavía no saben cuántos clientes pueden llegar a tener, aunque admite Viciano que en los últimos días y tras la presentación sí ha habido un incremento en las solicitudes de presupuestos. "Es difícil calcularlo, aunque hay más de 100.000 afectados. Hay que tener en cuenta que se vendieron más de 40.000 millones de euros en preferentes", cuenta el socio director de V Abogados. 

"Ha sido una relación asimétrica, ya que el banco lo sabía todo del cliente y éste no tenía ni idea de la mala situación de la entidad. Además al reclamar, los grandes despachos eran los que defendían a los vendedores de preferentes, de manera que era chocar contra un muro. Esto ya no es un tema político, pero se tiene que dar una solución a toda esa gente que ha perdido su dinero de manera poco limpia", concluye Santiago Viciano.