La polémica está servida desde hace meses en Andalucía después de conocerse la intención de la Junta de establecer el sistema de Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) que sustituyan a la actual prescripción de medicamentos según necesidades. La medida podría empezar a aplicarse a la vuelta del verano según los planes del gobierno andaluz, y comunidades como Cataluña o Castilla- La Mancha están insinuando que podrían seguir su ejemplo, al igual que Canarias o Valencia.
Fuentes consultadas por Vozpópuli explican la medida, que consistiría, simplificando mucho, en establecer un único principio activo para determinado tratamiento. Es decir, si para una cefalea se puede optar por el paracetamol o por el ibuprofeno, según otras circunstancias como el estado del estómago, ahora se fijará uno de los dos y ese será el que prescriban los facultativos siempre que haya esa sintomatología, sin atender otras.
Pese a la amplia oposición en el sector sanitario que levanta la medida, la Junta defiende que la selección pública de principios activos no supone ninguna merma en la calidad del sistema y argumentan que la propia legislación estatal permite esos criterios. De hecho el Servicio Andaluz de Salud (SAS) basa su decisión en el ahorro que supondrá establecer ATEs en el 24,7% de su mercado hospitalario.
Desde la Junta se critica la nueva Ley del Medicamento por intentar poner freno a las iniciativas autonómicas en control del gasto farmacéutico
Además, critican la reciente aprobación de la modificación de la Ley del Medicamento, a la que la consejera de Sanidad de Andalucía, María Jesús Montero, tachaba de "deslealtad institucional", por realizar modificaciones tan sustanciales -por las enmiendas- con el único propósito de frenar las iniciativas de las Comunidades Autónomas en materia del control del gasto farmacéutico.
Sin embargo, prácticamente la totalidad de organizaciones de pacientes, facultativos o farmacéuticas se muestran claramente en contra de este empeño andaluz. La propia Organización Médica Colegial (OMC) ha impulsado un manifiesto en el que sale en defensa de la actuación profesional y del deber deontológico que tiene el médico ante su paciente y el cuidado de su salud. "El médico ha de poder ejercer con libertad la función de prescribir, situando en primer lugar los intereses del paciente con criterios de estricta eficiencia, compatibles con la eficacia del tratamiento y sin más limitaciones que las derivadas de la normativa establecida por el ministerio de Sanidad para el conjunto del Sistema Nacional de Salud", explican.
"El hecho de que un determinado número de medicamentos se clasifiquen en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación terapéutica no supone necesariamente que siempre puedan considerarse alternativas terapéuticas equivalentes o alternativas terapéuticas de eficacia similar", añaden.
Desde Farmaindustria critican el modo en que se realizan las declaraciones de equivalencia, ya que algunas menoscaban el valor del medicamento, confunden a la opinión pública o informan erróneamente a los facultativos
Pacientes e industria farmacéutica
En la misma línea se muestran desde Farmaindustria, donde explican que el único fin del objetivo que promueven algunas comunidades es el ahorro. "Se va a despersonalizar la medicina", declara a Vozpópuli una representante de la asociación. Su posicionamiento en contra viene definido porque además consideran que las declaraciones de equivalencia no están siendo del todo exactas. "En la actualidad se están realizando declaraciones de equivalencia terapéutica entre medicamentos distintos o declaraciones de eficacia similar por órganos sin competencia legal para ello y sin la base científica necesaria. Además, las estimaciones en las que basan estas declaraciones no consideran aspectos tan importantes del medicamento como su farmacocinética, su farmacodinámica o sus efectos subrogados. Estas declaraciones de equivalencia menoscaban el valor del medicamento y desincentivan la investigación y desarrollo de nuevos recursos terapéuticos, informan erróneamente a los profesionales sanitarios, confunden a la opinión pública y lesionan los legítimos intereses de la industria farmacéutica innovadora", explican.
También critican que las estimaciones de equivalencia terapéutica que llevan a cabo ciertos organismos evaluadores regionales están relajando las condiciones exigidas, "pero la falta de robustez en los resultados obtenidos y el sesgo que se introduce en el análisis son elementos de enorme preocupación tanto desde un punto de vista sanitario como de avance científico y en ningún caso dotan a estos supuestamente equivalentes de la condición de intercambiabilidad que ha de establecer la AEMPS", sentencian.
Tampoco los pacientes ven positiva la medida que pretende la Junta. Carmen Sánchez, del comité directivo de la Alianza General de Pacientes (AGP), defiende que la libertad de prescripción del facultativo pasará a un segundo plano, y reivindican que la regulación de las ATEs se realice mediante un Real Decreto que fije los requisitos concretos que deben cumplirse. "La instauración de las ATEs afectaría seriamente a los pacientes, ya que varios medicamentos por el hecho de estar en un mismo grupo terapéutico o compartir indicación directamente puedan considerarse ATEs o alternativas terapéuticas de eficacia similar", decía hace unas semanas.
"La generalización de los tratamientos va a despersonalizar el buen uso de la medicina y va a ir en detrimento de la calidad asistencial sanitaria de los pacientes"
El colectivo de pacientes es casi el más afectado por la decisión, y son muchas las organizaciones que quieren mostrar su desacuerdo ahora que le implantación está más cerca que en mayo, cuando se presentó el Acuerdo Marco andaluz. Una de las organizaciones consultadas por Vozpópuli es ASANHEMO, Asociación Andaluza de Hemofilia, que respaldada por FEDER, critica el acuerdo andaluz. "En la actualidad cada médico prescribe el tratamiento que considera más oportuno para cada paciente y es el hospital el que pide a los laboratorios los distintos preparados. No obstante, hay ya algún hospital que ha cambiado tratamientos, y otros lo han intentado, a pacientes hemofílicos, pasando del factor recombinante a factor plasmático por una simple justificación de ahorro. El factor recombiante es más caro que el plasmático, y en cualquier caso, las modificaciones en este sentido pueden provocar la aparición de inhibidores", explica Lola Camero, presidenta de la asociación.
La crítica radica además en que sin estar vigente este acuerdo se han notado cambios en varios hospitales con la explicación de que las nuesvas prescripciones "son más baratas". "Se va a producir una discriminación con pacientes de otras comunidades, y la generalización de los tratamientos va a despersonalizar el buen uso de la medicina y va a ir en detrimento de la calidad asistencial sanitaria de los pacientes", concluye Camero para este diario.
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