La Sanidad española está viviendo uno de sus peores momentos por los recortes presupuestarios y de personal que está llevando a cabo el Ejecutivo. Desde hace meses, y para buscar la mejor solución a los problemas, los profesionales sanitarios claman porque no se meta la tijera sin optimizar los recursos disponibles.
Es el caso de la Organización Médica Colegial, que acaba de presentar, junto a la Fundación Kovacs, un estudio sobre la implantación del contrato de riesgo compartido (CRC), que abre las puertas a una gestión sanitaria más eficiente y que permite ahorrar millones de euros a las arcas públicas. Se trata de un contrato en el que la cuantía de los pagos por aplicar una tecnología depende de los resultados que obtiene en la práctica. Es decir, que si estos resultados no alcanzan los objetivos mínimos establecidos previamente, el sistema sanitario deja de pagar parte o todos los costes de aplicación.
Con el contrato de riesgo compartido la cuantía de los pagos por aplicar una tecnología depende de los resultados que obtiene en la práctica
De momento, el contrato se ha pilotado en Baleares por el Servicio de Salud de las Islas y por la Fundación Kovacs desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, y ha permitido asegurar un ahorro neto de 11.161.893 euros. Se trata de aplicar una tecnología sanitaria no farmacológica y que ha demostrado previamente ser eficaz, efectiva y eficiente -en este caso, la intervención neurorreflejoterápica NRT, implantada en 2002 y que actualmente manejan en Cataluña, Asturias y Baleares-.
"Ésta es la primera vez que en el mundo que se aplica un CRC para asegurar que resultan eficientes los fondos públicos destinados a aplicar una tecnología no farmacológica, usada en la práctica clínica habitual y que ya había demostrado científicamente su eficacia para tratar enfermedades muy frecuentes, en este caso las dolencias de cuello y espalda de carácter subagudo o crónico", explican desde la Fundación.
El tratamiento en concreto consiste en estimular las fibras nerviosas que contrarrestan los mecanismos que desencadenan dolor con unas grapas quirúrgicas que se instalan y se retiran a los tres meses. El coste económico es de 630,56 euros la primera intervención, y 441,48 las sucesivas que pueda requerir el paciente. La mejoría clínica media fue del 75% y la reducción de medicamentos recetados llegó al 71%.
En los dos años de prueba se atendió a 3.802 pacientes logrando una mejoría clínica media del 75% y se consiguió un ahorro neto de 11.161.893 euros con el CRC
En el período de prueba del CRC se atendieron en las islas a 3.802 pacientes, que de no haber utilizado esta tecnología habrían supuesto un coste de 13.770.489 euros en gasto farmacológico, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, etc. Estos resultados han sido publicados en la prestigiosa revista médica BiomedCentral Health Services Research, y vienen a justificar que el el contrato se ha puesto en marcha para asegurar que la aplicación de la tecnología era correcta, sus resultados satisfactorios y los fondos destinados a costearla, eficientes.
"Estudios previos realizados en diversos países como EEUU y Reino Unido demuestran que un porcentaje de los recursos sanitarios se derrocha en tecnologías que son inútiles o que se aplican en casos que no están indicados. En España, por ejemplo, se dilapida hasta un 30% de los recursos destinados a pagar resonancias magnéticas por dolor lumbar, de las que el 80% son innecesarias", explica el doctor Francisco M. Kovacs.
Funcionamiento sencillo
Este estudio se ha llevado a cabo en Baleares porque fue el primer servicio de Salud donde la tecnología citada se implantó y porque fueron las únicas autoridades sanitarias que mostraron interés por un modelo que asegura eficiencia de recursos sin privar a los pacientes de los servicios. "El servicio de Salud definió cuáles serían los resultados óptimos desde un punto de vista clínicos y económicos, y fijaron con qué instrumentos se iban a evaluar, estableciendo un plazo de tres meses que determinaría la evolución posterior de los pacientes -un paciente debía mejorar un mínimo del 30% su situación inicial-. Esto supone retrasar el pago 3 meses. Cada mes, el sistema analiza los resultados y determina lo que debería pagar", explica Kovacs.
"En España se dilapida hasta un 30% de los recursos destinados a pagar resonancias magnéticas por dolor lumbar, de las que el 80% son innecesarias", defiende Francisco M. Kovacs
Esto provocaba, según describe el facultativo, ciertas reticencias en el personal sanitario por el trabajo añadido que supondría, que finalmente se comprobó que no excedía de una hora mensual dedicada a analizar los resultados. Además, estaba la resistencia que oponían la industria -por el rigor y la diligencia que supone mirar con lupa los resultados y por los retrasos que conlleva en los pagos- y los sindicatos que temían que se llegase a un sistema de cobros en función de los méritos. "Sin embargo, se ha demostrado que es factible pagar por resultados y no por promesas, y este sistema es aplicable a prácticamente cualquier práctica sanitaria", defiende Kovacs.
Evaluar, la clave para no derrochar
Tanto para el presidente de la Organización Médica Colegial como para el presidente de la Fundación, en la situación actual resulta básico sentarse a analizar las tecnologías y los recursos aplicados en lugar de tomar decisiones a corto plazo, como el euro por receta, la supresión de la cobertura a fármacos baratos o el incremento del copago farmacéutico.
"Es el modelo por el que se debe apostar, que permite discriminar lo blanco de lo negro. Queremos que se introduzca todo lo que aporte algo en función de su justiprecio, y con variantes, todo se puede gestionar así dentro del Sistema Nacional de Salud. Tenemos la mala costumbre de que aquí no se evalúa nada, únicamente los fármacos para su introducción, pero luego no se hacen seguimientos. Hay que sentarse a revisar cada procedimiento para evitar problemas posteriores, y es el momento de hacerlo", decía Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, quien concluía alegando que "no se puede incorporar al sistema sanitario algo que no sea eficiente y que no valga para todos".
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