Después de doce meses de debate político sobre la Ley de Transparencia y sobre el sometimiento o no de diferentes actores a ella, esta semana se ha conocido el dato de que las instituciones han ignorado el 54% de las peticiones de información llevadas a cabo por los ciudadanos. Así se desprende del informe Tuderechoasaber 2012, que ha analizado las peticiones válidas enviadas entre el 20 de marzo y el 31 de diciembre del año pasado.
El informe ha sido presentado por Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables de la plataforma encargada de canalizar las formulaciones. De las 567 peticiones recibidas, 306 se quedaron sin respuesta y sólo 75 solicitudes (el 13%) recibieron la información que se pedía. Los datos no sólo demuestran que las solicitudes de información respondidas (el 46%) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas, ya que el 14% fueron incompletas o rechazadas.
Estas cifras vienen a explicar que la ley que se está debatiendo aún en el Congreso agotando su plazo de enmienda no plantea ninguna medida de implementación para suplir estas carencias, de manera que los resultados seguirán siendo similares, sin garantías para el ciudadano. España no tiene por el momento ninguna ley que reconozca el derecho de acceso a la información como sí tienen otros 94 países, y es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con normativa de estas características.
De las 567 peticiones recibidas, 306 quedaron sin respuesta sólo 75 recibieron la información solicitada. España no cuenta con una ley que reconozca el derecho de acceso a la información
Tomando como ejemplo el entorno europeo actual nació el proyecto de Tuderechoasaber.es, que surgió en marzo de 2012 tras la puesta en marcha de un portal equivalente para la Unión Europea (Asktheeu.org) y de otras iniciativas en Reino Unido (Whatdotheyknow), Alemania (FragtdenStaat) y varios países más donde este derecho se regula en una ley. En España, por el contrario, si a los tres meses no han contestado se considera una petición denegada por silencio administrativo negativo sin necesidad de argumentos sobre los motivos.
"Si no se introducen mejoras, el proyecto de Ley que saldrá del Congreso no proporcionará ninguna garantía nueva para el ciudadano. Los malos resultados se repiten un año más y la futura ley, además de excluir mucha información y muchas instituciones de su alcance, no contempla ninguna medida de implementación", explica Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Acces Info Europe, la fundación que hace unos meses fue multada con 3.000 euros por solicitar información al ministerio de Justicia sobre las medidas adoptadas contra la corrupción.
El paradigma de los partidos políticos
Hace meses que la transparencia está sobre la mesa y en boca de prácticamente todos los partidos políticos, mirados con lupa tras destaparse diferentes casos de financiación ilegal. Desde las plataformas ciudadanas explican que son entidades que abanderan la transparencia pero no predican con el ejemplo. "Aunque su financiación, cuentas y los criterios que siguen sus nombramientos preocupan a los ciudadanos, y pese a que todos ellos se declaran partidarios de someter su funcionamiento a 'criterios de transparencia', en la práctica se constata que, a excepción de UPyD (en dos de tres ocasiones), ningún partido ha respondido a las preguntas de los ciudadanos, haciendo uso del silencio administrativo", comentan.
La opacidad llega incluso al propio proceso de creación de la Ley de Transparencia, ya que el ministerio de la Presidencia, responsable del actual proyecto de Ley, ha denegado cualquier tipo de respuesta a preguntas sobre las aportaciones ciudadanas incorporadas (o no) al texto de la Ley, o sobre las críticas en los informes consultivos del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos sobre la Ley de Transparencia. De hecho, el propio ministerio acumula en la web numerosas peticiones desatendidas.
Para luchar contra esa opacidad, una de las propuestas que promueven desde Tuderechoasaber, financiada con una campaña de crowfunding en Goteo que obtuvo 6.138 euros de 152 donantes, es algo que resulta bastante lógico: que las preguntas y respuestas sean públicas. De esta manera, todos los ciudadanos se beneficiarían de la información proporcionada a una pregunta y además los funcionarios no tendrían que responder más veces a la misma cuestión.
El propio ministerio de Presidencia, impulsor de la ley, ha denegado cualquier respuesta sobre las aportaciones ciudadanas incorporadas o no al texto ni sobre las críticas en informes consultivos
"Habituamos a la sociedad a ejercer el derecho a preguntar, ya que de nada servirá la Ley que lo regula si nadie lo ejerce. La transparencia es un asunto de cultura de servicio público, de procedimientos de atención al ciudadano y de dar a conocer proactivamente datos obtenidos con fondos de todos, no sólo publicar facturas en una web. Y ejercemos un poco de presión a las administraciones demostrando que es una cuestión que interesa realmente a los ciudadanos. En la web listamos toda una serie de organismos nacionales, autonómicos, locales y demás (partidos, sindicatos, RTVE, Iglesia, etc) y hacemos el proceso tan sencillo como enviar un mail", explica Javier de Vega, de Fundación Ciudadana Civio, responsable de la web elindultómetro.es.
Reticencia a las preguntas de gestión económica
Desde las plataformas responsables de este proyecto comentan que pese a que despiertan un creciente interés, las administraciones se niegan, por norma general, a responder a peticiones relacionadas con gastos y ejecución presupuestaria. Como ejemplos, se pueden citar el Congreso de los Diputados, que rechazó hacer pública una información detallas sobre los presupuesto 2013 de la cámara, el Tribunal de Cuentas que no informa sobre los complementos vitalicios para antiguos altos cargos de la administración, el Banco de España que no contesta a las peticiones sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen de deuda pública emitida, o la Generalitat de Catalunya, que no facilitó ninguna información sobre el coste de celebración de los comicios autonómicos de 2003, 2006 y 2010, al igual que la Junta de Andalucía, que denegó cualquier información sobre presupuestos y gasto desglosado de varios proyectos de ciudadanía digital.
Por contra, sí se han conocido importantes informaciones en relación, por ejemplo, al número y coste de los traductores de lenguas cooficiales en el Senado (250.000 euros presupuestados en 2012), o al coste de los comicios autonómicos en Asturias (2012) y País Vasco (2001, 2005 y 2009). Además, gracias a una correcta respuesta de las instituciones, se ha conocido que cerca del 50% del presupuesto de estas elecciones se lo embolsaron los partidos concurrentes, y que adelantar los comicios asturianos supuso un coste extra de 1,2 millones de euros.
Sí se ha conocido el número y coste de traductores de lenguas cooficiales en el Senado o el coste de los comicios autonómicos en Asturias y País Vasco
Después de analizar todas las peticiones del pasado año, el informe pretende dejar dos conclusiones: que pese a la transparencia lleva un año en la agenda política y en el discurso público, los ciudadanos siguen recibiendo una atención insuficiente, y que la Ley es tan laxa, tan corta de miras comparada con la de otros países, que en la práctica todo va a seguir igual incluso después de que se apruebe.
Para intentar cambiar esta situación o poner su granito de arena en el nuevo texto, la plataforma propone varias recomendaciones para incorporarlas, como es que todas las instituciones tengan una dirección de e-mail de contacto y un responsable, que todas tengas las mismas obligaciones en transparencia, que se reconozca el silencio administrativo positivo -el silencio negativo atenta contra los principios básicos del derecho de acceso a la información, ya que las denegaciones deben ser siempre motivadas, y que se establezcan medidas de promoción del derecho de acceso a la información.
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