Al escándalo de la adjudicación de plazas a profesores visitantes en la Universidad Carlos III de Madrid se suman ahora las mentiras del vicerrector para justificar el caso. Al menos eso es lo que comentan fuentes próximas al centro educativo que ofrecen más datos sobre el asunto que ha agitado a la comunidad universitaria.
Tal y como adelantó Vozpópuli, la universidad madrileña había convocado cinco plazas a profesor visitante incurriendo en un supuesto fraude de ley. La convocatoria, que establecía unas condiciones que contravienen las normas del Convenio de la Comunidad de Madrid sobre personal docente e investigador, continúa alojada en la página web de la universidad. Y más allá de eso, ya se conocen los elegidos para ocupar esas plazas.
A tenor de un correo electrónico al que ha tenido acceso este diario, el vicerrector de profesorado y departamentos, Juan Romo, ha intentado calmar los ánimos de los profesores que han pedido explicaciones al ver esta convocatoria como una ofensa. En el correo se dice que la decisión sobre la adjudicación de esas plazas se hará en el futuro. Cabe recordar aquí que esa decisión se tomó hace ahora tres semanas y que se conocen los nombres, relacionados estrechamente con la Fundación Juan March, uno de los socios de la institución.
Además, Romo cita la prohibición que pesa sobre la universidad pública de contratar personal docente o investigador, la llamada tasa de reposición a favor de la austeridad, austeridad que brilla por su ausencia en este procedimiento, al ofrecer unos sueldos altamente superiores a los que se estipulan para estas posiciones. Esta mencionada tasa solamente permite cubrir una plaza por cada diez personas que se jubilan.
En concreto, Romo justifica el sueldo de la convocatoria (32.218 euros) en que “se trata de contratos laborales de visitante, con la retribución establecida en el correspondiente Convenio Laboral. La Universidad no puede convocar plazas funcionariales o indefinidas, en aplicación de la vigente tasa de reposición”. Sin embargo, se olvida mencionar que dicho convenio estipula que se puede pagar un salario al profesor visitante muy inferior, como el de un ayudante doctor. En el caso de la mencionada convocatoria, ese sueldo está equiparado al de profesor titular, olvidando esos criterios de austeridad por los que las universidades tienen vetadas las convocatorias de plazas funcionariales.
De esa explicación de Romo sobre la “aplicación del Convenio Laboral” también se desprende otra irregularidad. Si, como dice, estas plazas de profesor visitante se ajustaran a derecho, la duración de dicho contrato no podría exceder de dos años, tal y como establece el artículo 11.4 del Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid. Las plazas convocadas se exceden hasta los seis años de duración.
Pero más allá de que la convocatoria se ajuste a derecho o no, llama la atención que el vicerrector disponga en su escrito que la decisión sobre los elegidos se tomará en el mes de mayo, tras el examen de los órganos competentes, pues la semana del 7 de abril se celebraron una serie de seminarios de contratación con ocho finalistas. De estos ocho han salido los ganadores que, como adelantó Vozpópuli, fueron elegidos hace ya un par de semanas y cuyos nombres aún se intentan mantener en secreto. Evidentemente, si los candidatos proclamados finalmente resultan ser éstos, estará más que claro que el vicerrector ha mentido públicamente. Juan Romo negó la existencia de esta convocatoria en una reunión con los sindicatos, tal y como publicó Vozpópuli. Con su comunicado, confirma todo lo dicho anteriormente.
La asfixia de la universidad
Este es sólo uno de los casos que sacuden la universidad pública española, asfixiada por los recortes en profesorado e investigación y que tiene en Cataluña una de sus principales víctimas. Según publicaba el diario El País, el Ministerio de Hacienda ha forzado a las universidades catalanas a paralizar la contratación de docentes. El concurso fue abierto en enero con varios meses de retraso porque el plan superaba el máximo del 10% de reposición de las jubilaciones que fija el decreto ley 20/2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Los rectores pidieron la semana pasada que cesen los recortes en Educación así como en docencia e investigación. Quizá para evitar este tipo de convocatorias “fraudulentas”.
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