Los maltratadores que terminen su condena tendrán libertad vigilada, mientras que la manipulación de dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas por violencia de género será delito. Estas son algunas de las principales propuestas recogidas en la Estrategia de Erradicación de Violencia de Género y avanzadas este sábado en Madrid por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.
Así, en el apartado de "mejora en la respuesta institucional", se incluye la propuesta de extender la libertad vigilada a los delitos de violencia de género. Moreno ha explicado que esta medida está a falta de acuerdo con los ministerios de Interior y Justicia e Instituciones Penitenciarias y que la propuesta podría emplear controles telemáticos que "funcionan con corrección y precisión". En esta misma línea, ha señalado la necesidad de establecer protocolos con Instituciones Penitenciarias para informar a las víctimas y a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado implicados en su seguridad de dónde se encuentra el maltratador o cuánto dura su permiso.
En cuanto a la tipificación de delitos, el Gobierno incluye en esta propuesta al "acoso, hostigamiento y acecho" a una persona que altere gravemente" el desarrollo de su vida cotidiana. Además, estudia contemplar como delito la manipulación de dispositivos de control o la revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su autorización y "con grave daño" a su intimidad. Para llevar a cabo estos seguimientos, la estrategia contempla una "mejoría" en las bases de datos policiales y judiciales. Así, promueve la interconexión en los subsistemas de recogida de denuncias en la Administración de Justicia y en la Policía para, en este último caso, "recibir de forma automatizada y en tiempo real" las denuncias de violencia de género.
258 medidas
En total, el documento cuenta con 258 medidas y una memoria económica con una dotación de 1.539 millones de euros para un periodo de cuatro años (2013-2106). Según ha explicado Moreno, la estrategia será aprobada el próximo mes de junio y espera que las modificaciones necesarias entren en vigor en torno a septiembre u octubre, si bien podrían alargarse en algunos casos.
El texto deberá ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y, finalmente, por el Consejo de Ministros. "Se trata de una estrategia y, por lo tanto, es un compromiso del Gobierno para adoptar medidas, pero los cambios normativos se deben hacer dentro de las leyes", ha señalado Moreno. En este sentido, varias de las principales modificaciones de este plan se producen en el ámbito penal, por lo que deberán aprobarse junto con la reforma del código, algo que "ya está avanzado" con el Ministerio de Justicia.
Entre otras propuestas, el documento también recoge medidas para favorecer la movilidad geográfica de empleadas públicas víctimas de violencia de género entre las administraciones. Además, también ofrecerá atención a mujeres víctimas de violencia de género en el extranjero.
Los menores, también víctimas
En el apartado de menores, reitera la necesidad de definir a los hijos de mujeres que sufren violencia también como víctimas, de modo que "serán destinatarios de la máxima atención y protección". En este apartado también se recoge el establecimiento de unas pautas comunes entre las comunidades autónomas para una "atención individualizada". En cuanto a la docencia, insta a incluir en el contenido formativo troncal de todas las especialidades médicas las competencias genéricas referidas al conocimiento de la violencia contra la mujer. En concreto, propone que los profesionales sanitarios tengan conocimiento sobre las distintas manifestaciones de la violencia psicológica.
El objetivo del Gobierno será también el de potenciar en Internet la atención a través de servicio 016, "garantizando la confidencialidad". Además, contempla la puesta en marcha de un servicio para liderar la atención telefónica "a escala europea".
Para la protección a víctimas de tratas, la estrategia también considerará delito los matrimonios forzados. Además, buscará reforzar la protección a colectivos más desfavorecidos como las personas con discapacidad, mayores de 65 años, inmigrantes o personas de entornos rurales.
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