El convenio que modificó la concesión de la AP-7 a Abertis y que podría costarle más de 2.000 millones a las arcas públicas en 2021 no sólo contó con las reticencias del Consejo de Estado. El entonces denominado Ministerio de Economía y Hacienda, con Pedro Solbes a la cabeza, también manifestó sus reticencias aunque, como en el caso del anterior, acabó dando el visto bueno a la decisión de Fomento.