El problema que tiene poner a liberales al frente de instituciones jerarquizadas es que después no obedecen a quienes les nombraron, sino que su profesionalidad les lleva a apostar siempre por las cosas que son mejor para el país y no para el Gobierno de turno. Ejemplo claro es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que aunque todos dicen que es el fiscal del Gobierno no tiene reparo en contradecir algunas cosas que defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por tanto, su jefe. 

El Ejecutivo ha dado luz verde al nombramiento de Eduardo Torres-Dulce, como nuevo Fiscal General del Estado, tras haber obtenido el dictamen positivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ante la que compareció el pasado miércoles el ya Fiscal General. Una vez el Congreso hubo dado su consentimiento a su idoneidad, sólo faltaba que el Consejo de Ministros hiciera oficial su nombramiento, trámite que ha ocurrido hoy. 

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.

Todavía siguen dibujándose las líneas del recién investido Gobierno popular. Si el pasado viernes la vicepresidenta daba algunas pinceladas de los principales nombramientos, durante esta semana van saltando a la palestra diversos nombres candidatos a sonar con fuerza en la próxima legislatura. Este viernes continuará la certificación de aquellos que se escucharon durante la semana, aunque muchos aún siguen haciendo sus apuestas.