El juez ha decidido condenar por prevaricación a los siete concejales del PP miembros de la junta de gobierno municipal de Santiago de Compostela que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en la operación Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes. Los siete concejales condenados han dimitido.

La juez Pilar de Lara detalla en el sumario del caso Pokemon cómo Aquagest, filial de Aguas de Barcelona, pagaba sobornos a ediles de ayuntamientos gallegos, inflaba facturas y colocaba a enchufados políticos con el objetivo de hacerse con contratos millonarios de gestión de aguas. El más clamoroso, el de Santiago, de 18 millones de euros: "si conseguimos renovarlo ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, directivo de la empresa.