El Estado y las comunidades autónomas han invertido en 2015 un total de 1.870 millones de euros en las televisiones públicas, unos medios de comunicación caros, endeudados en su mayoría, con una audiencia escasa y cada vez más desacreditados como consecuencia del sesgo de la información que ofrecen. Su cuota de pantalla ha alcanzado este año mínimos históricos y sus escándalos por manipulación han llegado incluso a las instituciones europeas y a la prensa internacional.
La televisión pública griega costaba a los griegos cerca de 300 millones de euros cada ejercicio, un presupuesto casi idéntico al de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los gobiernos autonómicos financian un total de 13 canales regionales.
Central Broadcaster Media (CBM), la subcontrata de informativos de IB3, ha cerrado un acuerdo con la empresa sobre el ERE que supone el despido de 16 trabajadores sobre los 34 previstos inicialmente.