Entrevista

Tribunales

Francisco Montiel, 30 años como azote de la corrupción: "El Gobierno se ve acorralado y responde contra la acusación"

Vozpópuli entrevista al abogado de ADADE, Francisco Montiel, quien ejerce como acusación popular en el 'caso Koldo'

  • Francisco Montiel, abogado de ADADE

Desde hace más de 30 años la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha estado ejerciendo como acusación popular en multitud de causas judiciales. Algunos de los casos más mediáticos en los que la asociación ha participado podrían ser la Gürtel o el caso Púnica; causas judiciales en las que el objetivo principal ha sido luchar contra la corrupción y en las que la acción de las acusaciones populares fueron determinantes.

Vozpópuli entrevista al abogado Francisco Montiel quien, en representación de ADADE, ha participado en el juicio del caso Gürtel donde la asociación solicitó la comparecencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahora, ejerce la acusación popular en el 'caso Koldo', en el que aparece como investigado el ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y en el que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares durante la pandemia para la compra de material sanitario.

Montiel defiende la acción de las acusaciones populares como una representación de la acción del pueblo en aquellos casos en los que "se afecta gravemente al Estado de Derecho". Un ejemplo de esto es el conocido ya como 'caso Ábalos' donde ADADE decidió personarse el pasado mes de mayo al analizar el "gran interés público que estaba causando" un caso donde los hechos investigados son "muy graves", pues supone el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas. "Mientras centenares de familias morían había gente que se estaba lucrando de ello", sentencia. 

El letrado detalla que uno de los objetivos de personarse en la causa que comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional, era liderar una acusación popular independiente, mostrar un punto de vista distinto en una investigación donde "los políticos estaban tirándose los platos a la cabeza". "A nosotros lo que nos interesa es llegar al fondo del asunto y que se castigue a los responsables sean del partido que sean. No es indiferente si los responsables son de varias Administraciones y nos da igual del color que sean", añade. 

Tras meses de instrucción, aún hay muchas piezas del puzle sin encajar en este caso. El abogado señala que después de que el Tribunal Supremo haya asumido parte de la investigación, para indagar en la presunta participación del exministro socialista José Luis Ábalos, "se crea una situación jurídica compleja y poco habitual", para las partes "es difícil llevar una investigación de una presunta organización criminal en la que a los cabecillas se les investiga en un sitio y a los otros implicados en otro juzgado". 

Por ello, explica el entrevistado el caso ha cogido un tono diferente donde, sumado a la unificación de las acusaciones populares en una misma dirección letrada, dificulta la tarea a desempeñar por cada una de las asociaciones personadas en la causa. Montiel critica este tipo de decisiones judiciales y las enmarca en una especie de tendencia que se ha ido agravando en los últimos meses, donde la acción de las acusaciones populares empieza a ser un problema para los poderosos.

"Es una consecuencia de algo que se venía gestando desde hace tiempo, una desconfianza infundanda hacia las acusaciones populares, cuando estas ejercen una labor necesaria para el Estado de Derecho", sostiene. Montiel apunta que, aunque es cierto que esta figura jurídica ha sido utilizada en muchas ocasiones para un aprovechamiento político, su labor ha sido crucial en causas como la Gürtel o Púnica, "causas inabarcables donde las acusaciones populares hemos aportado ayuda y un punto de vista distinto".

Nueva reforma para limitar a las acusaciones populares

Precisamente, el ejercicio de las acusaciones populares se ve amenazado con la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que quiere sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la acción de asociaciones como ADADE en la Gürtel fue clave para liderar una moción de censura contra el Partido Popular de Mariano Rajoy. Entre otras medidas, el Ejecutivo pretende incluir modificaciones para que no puedan ejercer la acción popular "los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales" y "los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos". 

El abogado de ADADE defiende que el hecho de la acusación popular sea molesta para los poderosos "no es nuevo". "Nos criticaron mucho porque nos decían que eramos 'pro' PSOE e, incluso se llamó a declarar a una comisión del Congreso a nuestro entonces presidente Javier Ledesma... Pero ahora cuando el principal investigado es el PSOE también estamos para que los ciudadanos podamos contribuir a la Justicia y se ve que eso molesta a la derecha y a la izquierda". 

 

Montiel apoya que exista ciertos controles sobre la acción de las acusaciones populares, pero de ahí a "eliminarla" entiende que hay un "paso peligroso". "El Gobierno no puede eliminarla por la Constitución, pero esta propuesta la sentencia a la desaparición", añade. 

"A nadie se le oculta que hay muchos procedimientos en los que hay una persecución a varios de sus miembros... El Gobierno se siente acorralado y por eso reacciona contra la acusación popular, como lo hizo el PP cuando se sentían perseguidos. Hay una relación muy evidente de cuando nos sentimos perseguidos intentamos responder. No sé si esa es la intención del Ejecutivo, pero resulta sospechoso", defiende el letrado. 

El entrevistado detalla que este intento de limitar la acción popular no sólo proviene del Gobierno, sino que en los últimos meses también parte desde "el otro lado". "La Justicia nos mira con recelo y la iniciativa de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una respuesta a este clima de crispación política elevadísimo. Si esta iniciativa sale adelante tal y como está significará la muerte de la acusación popular", sentencia. 

"Yo diría que tenemos que tener en cuenta que la acusación popular es algo que proviene del Derecho Español, una cosa que no existe en otros países. Deberá haber un debate público sobre en que asuntos judiciales se podrá ejercer la acusación popular, pero en cualquier caso esa regulación no puede limitar la acusación hasta el extremo de hacerla desaparecer". 

 

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