“¿Minusválida, estás despierta?”; “es usted una vaga y una irresponsable”; “bolsa de caca”. Estos son algunos de los muchos comentarios que los abogados del turno de oficio reciben por parte de clientes y que reflejan una realidad profunda: las situaciones de acoso, amenazas o incluso agresiones que padece este colectivo en el ejercicio profesional.
Por poner datos sobre la mesa, el informe anual sobre letrados amenazados elaborado por el Colegio de la Abogacía de Madrid ha revelado que, durante 2024, las solicitudes de amparo solicitadas han aumentado en un 200% con respecto al año anterior.
Y es que, velar por la seguridad de sus colegiados es una de sus funciones, pues el artículo 31 del nuevo estatuto establece que una de las responsabilidades de su Junta de Gobierno es asegurar que puedan ejercer la profesión con plena independencia y libertad. Esto incluye la protección de los derechos de defensa y la implementación de acciones adecuadas para preservar la dignidad de la profesión.
El ICAM ha concedido amparo a una letrada que, desde el inicio de la relación profesional con el cliente, recibió hasta 450 llamadas en un solo fin de semana. La mujer manifestó que le había enviado alrededor de seis horas de grabaciones mediante audios enviados por correo y por WhatsApp que hacían referencia a su “supuesta inutilidad”. Además, el día del juicio la humilló delante de la jueza.
Lo mismo ocurrió con otra colegiada que fue víctima de acoso por parte de su cliente, quien envió mensajes con insultos discriminatorios relacionados con su discapacidad. Según el relato de la abogada, comenzó a enviarle mensajes intimidantes logrando, incluso, conseguir su número de teléfono personal. También alegó que, en función del estado de ánimo del cliente, las conversaciones con él alternaban agresiones verbales y conversaciones aparentemente normales.
Pero no sólo sufren estas acciones por parte de sus clientes. En octubre, el ICAM concedió amparo a un abogado que denunció haber sufrido trato vejatorio por parte de un policía nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. Este letrado fue increpado por el agente por haber utilizado brevemente su teléfono para ver qué hora era al ver que la entrevista para asistir a un solicitante de asilo se estaba retrasando considerablemente. El policía se refirió a él con comentarios irrespetuosos y le amenazó con abrirle un acta sancionadora, lo que le llevó a presentar una queja ante el Ministerio del Interior.
Muchos casos terminan en los tribunales
Muchos de estos casos terminan en los tribunales tras las denuncias interpuestas por parte de los abogados. El 21 de marzo de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº3 de Mérida condenó a una mujer a pagar 360 euros a su letrada por un delito de amenazas leves al expresarle, por correo electrónico, frases como: “por mis muertos que vais a sufrir, quiero verte cara a cara, no saldrás de rositas”.
También le impuso una orden de alejamiento. El 15 de mayo de 2019, el Juzgado de Instrucción Nº8 de Málaga condenó a un justiciable a pagar 720 euros a su abogado por un delito leve de malos tratos. Le golpeó, le insultó y se le encaró lleno de ira acercándose a su rostro.
Normalmente, a estos agresores se les atribuye un delito de lesiones. Pero en septiembre se dictó la primera resolución en España que atribuía a una persona por agredir a un letrado de oficio un presunto delito de atentado donde, además, el Colegio de Abogados de Gipuzkoa se iba a personar como acusación popular tras haberle dado presuntamente un puñetado.
El decano de ICAM, Eugenio Ribón, manifestó tras la publicación del informe que la abogacía no podía ejercerse en un clima de intimidación o acoso. "Es inadmisible que los letrados, en el ejercicio de su función esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos, se enfrenten a situaciones que comprometen su integridad física y emocional”.
Por su parte, Belén García, secretaria general del sindicato de abogados Venia, ha querido hacer hincapié en que las agresiones a letrados del turno de oficio por parte de justiciables que son beneficiarios de ese servicio público son más comunes de lo que la gente piensa. Algo que no le parece tan extraño teniendo en cuenta que “el Estado maltrata a estos profesionales” al tratarles como “esclavos” y “sin derechos laborales de ningún tipo”.
Exigen la regulación de los derechos laborales de abogados y procuradores del turno de oficio a través del Estatuto del Profesional del turno de oficio, que ya ha sido entregado a todos los grupos políticos. Además, “defienden y protegen a sus afiliados frente a agresiones de clientes, de funcionarios, de empleadores, pero también, como sindicato, tiene la misión de defender al colectivo frente al trato indigno de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, habiendo establecido recientemente medidas dirigidas a reforzar la merecida dignificación de la abogacía”.
