Los abogados del turno de oficio no están contentos con Félix Bolaños. Llevan más de un año y medio de huelga luchando por unas condiciones dignas, y consideran que la subida del 8% del “sueldo” acordada el pasadao 21 de marzo por el ministerio es “vergonzosa”. Un acuerdo que se ha llevado a cabo junto con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.
Este aumento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y sólo a aquellos profesionales que vivan en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es decir, todas aquellas denominadas “territorio ministerio”.
En este sentido, Belén García, secretaria general del sindicato de abogados Venia, considera que este aumento es “humillante”. Sobre todo teniendo en cuenta que llevan en huelga desde el 21 de noviembre de 2023 y que, por ejercer ese derecho, tienen a varios compañeros investigados por delito de desobediencia que ahora tienen que defender, como le ha ocurrido al letrado del turno de oficio Roberto H.
Y es que, este profesional tendrá que responder a una deducción de testimonio por un posible delito de desobediencia tras manifestar antes de comenzar un juicio en el Juzgado de lo penal Nº4 de Valladolid que no iba a ejercer el derecho de defensa por estar en huelga. Una situación que, pese a tener la aprobación de su cliente, le ha traido finalmente problemas.
La secretaria del sindicato Venia también se queja de que un abogado en europa "triplica o cuatriplica" lo que ellos cobran. Además, señala que, por ejemplo, no reciben retribución por actuaciones como, por ejemplo, algunos recursos, ejecuciones o vistas o juicios que se cancelan en el acto. "Es como si a un fontanero le dices que le pagas por poner la caldera pero que luego las reparaciones las asumirá sin cobrar, incluyendo gastos de traslado".
Es una medida insuficiente
Para Virginia de la Cruz, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) una actualización de baremos siempre es bienvenida. Pero considera que no deja de ser una medida insuficiente para compensar la “depreciación económica” que han sufrido sus retribuciones. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde 2003 hasta la fecha, el actual IPC ha experimentado un incremento acumulado del 62%.
Por lo que este 8% es “claramente insuficiente” y pone “en riesgo la dignidad de los profesionales que desempeñan el turno de oficio”. Además, de la Cruz ha recordado que este servicio de asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental diseñado para garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y que su sostenibilidad depende de que sus profesionales reciban una remuneración digna y suficiente.
No obstante, no pierde la esperanza. Espera que la nueva ley de Asistencia Jurídica Gratuita contemple un sistema de actualización de los baremos y que no tengan que estar a expensas de “negociaciones eternas con los partidos políticos para los que es evidente que el acceso universal a la Justicia no es una de sus prioridades”, detalla.
Por ejemplo, explica que si el baremo del recurso de casación -que es el que se presenta ante el Supremo- y el baremo del recurso de amparo -que se interpone ante el Constitucional- se hubiesen actualizado conforme a la subida del IPC desde 2003, debería ser de 411 euros en lugar de los 301 euros actuales. Evidentemente, esta cantidad no compensa el nivel de responsabilidad y exigencia que asumimos con la designación.
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