Ya son dos los tribunales que cuestionan las sentencias del Constitucional. Primero la Audiencia Provincial de Sevilla con el caso de los ERE de Andalucía, y ahora también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con un caso relacionado con los VTC. Los magistrados de sendos tribunales han enviado cuestiones prejudiciales a Europa al considerar que los fallos emitidos por la Corte de Garantías podrían no ser compatibles con el Derecho de la Unión.
Cabe recordar que en estos momentos el presidente Cándido Conde-Pumpido está sopensando encargar a los letrados de la institución un informe para conocer si los jueces pueden cuestionar en Europa sus sentencias. Por ahora, ha pedido la documentación necesaria a este tribunal andaluz a través del letrado de la administración de justicia, según comentan fuentes jurídicas a Vozpópuli.
En el caso del TSJM los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal ha enviado la cuestión prejudicial para que interprete los artículos 47.1 y 51.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea en un conflicto relacionado con el mercado de las VTC.
Los magistrados, tal y como expone el auto consultado por este digital, han tomado esta decisión con el objetivo de determinar qué debe abarcar el control por el juez nacional competente en un proceso donde se cuestiona la validez de un laudo arbitral por infracción de normas de orden público del Derecho de la Unión Europea.
En concreto, la Sala de lo Civil y Penal tiene dudas de una sentencia dictada por el TC a finales de año. En ella, ampararon al gestor de VTC Auro y anularon la sentencia que le impedía romper su acuerdo de exclusividad con Cabify. Los magistrados de la Corte de Garantías consideraron que la sentencia del TSJM vulneraba el derecho fundaamental a la tutela judicial efectiva.
La resolución contiene un voto particular del presidente del TSJ, Celso Rodríguez Padrón, que discrepa del sentir mayoritario de la Sala. Sostiene que en este caso concreto en lugar de plantearse la cuestión prejudicial se debió llevar a cumplimiento lo resuelto por el TC, que en el asunto que nos ocupa era el de volver a dictar sentencia en el litigio instado entre las empresas Maxi Mobility Spain SLU (Cabify) y Auro New Transport Concept SL , ya que, a juicio del Alto Tribunal español no se había producido vulneración del orden público en el laudo arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Para el presidente del TSJM, en este caso lo que se está haciendo es "sortear" el pronunciamiento de la Corte de Garantías.
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