Más de 19 millones de euros. En concreto, 19.030.350 euros. Esa es la cifra que según la Fiscalía Anticorrupción se embolsó la trama Púnica entre los años 2004 y 2014 por los amaños para la construcción de una veintena de colegios concertados. Así aparece recogido en un reciente auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en el que ordena a la Agencia Tributaria investigar "el patrimonio e inversiones" de uno de los imputados en la causa, Alfonso Ferrón del Río, propietario de Alfedel SL, una empresa supuestamente utilizada por la red de corrupción para dar estos 'pelotazos escolares'. Según dicho escrito, esta mercantil facturó dicha cantidad a 20 cooperativas de profesores. La investigación sobre estas irregularidades está incluida en la pieza separada número 11 de las quince en las que ha dividido el magistrado la trama. Como adelantó este diario el pasado martes, esta parte de las pesquisas la han asumido los expertos del Ministerio de Hacienda.
El juez Velasco ha ordenado a la AEAT investigar "el patrimonio e inversiones" de Alfadel SL y su propietario, Alfonso Ferrón
El informe de Anticorrupción fue presentado en la Audiencia el pasado 3 de noviembre y en él se detallaba la facturación de una de las seis empresas de la trama que, presuntamente, se enriquecieron con la construcción de colegios concertados. En concreto, Alfedel SL, una sociedad registrada en la localidad madrileña de Valdemoro que se dedicaba a promover colegios concertados y luego venderlos a las cooperativas de profesores para que los gestionarán. Una veintena de éstas pagaron cada una a esta sociedad cantidades cercanas a los 900.000 euros de media después de que la trama les asegurase que iban a recibir el concierto de la Comunidad de Madrid gracias, precisamente, a la presencia en el Ejecutivo regional de Francisco Granados, presunto cabecilla de la red. La investigación apunta que cerca de la mitad de este dinero luego era enviada a una empresa del socio de éste, el constructor David Marjaliza, mediante facturas falsas. Por todo ello, el juez Velasco ha ordenado ahora a la AEAT investigar tanto "el patrimonio e inversiones" de Alfedel SL como los de su propietario, Alfonso Ferrón, entre 2004 y 2014.
La primera sospecha
La sospechas sobre la existencia de una 'trama escolar' en Púnica se remonta a junio de 2014, cuando aún no se había producido las primeras detenciones. Entonces, los expertos de Hacienda ya proponían al juez Velasco "indagar" el pago de más de medio millón de euros realizado por la cooperativa que levantó un centro educativo en Valdemoro a Deloya Gestión SL, una de las empresas de Marjaliza. El aquel documento, la Agencia Tributaria no encontraba "la razón" de dichos abonos y ya sugería la existencia de una supuesta 'mordida' ya que la mercantil bajo sospecha fue creada por el constructor el mismo año en el que recibió la primera entrega y sólo había facturado trabajos a dicha empresa. En otro de julio de ese mismo año, la AEAT concluía que empresas ligadas a la trama habían participado en levantar una veintena de este tipo de centros, que son los que ahora investiga el juez Velasco. Un año más tarde, un tercer documento cifraba en 223 millones de euros el dinero conseguido por seis empresas de la trama con la construcción de estos colegios.
En junio de 2014, Hacienda ya proponía al juez Velasco "indagar" en los pagos recibidos por una empresa de Marjaliza de uno de estos colegios
Pese a aquellos informes, la investigación de la 'trama escolar' de Púnica era una de las 15 piezas en las que está dividido el 'caso Púnica' que avanzaba más lentamente ya que, como indicaba un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "la amplitud de la investigación y la limitación de medios afectados a esta investigación" sólo le habían permitido hacer "ciertas indagaciones", pero sin entrar en el análisis detallado de la abundante documentación sobre dicha 'trama escolar' intervenida en los registros. De hecho, el pasado 18 de mayo, los responsables policiales enviaban al magistrado un oficio en el que adjuntaban los expedientes de tres de los colegios bajo sospecha. En concreto, Helicón y Valle del Miro, de Valdemoro, y El Catón, de Torrejón de Velasco. Entre esa documentación figuran enajenaciones de terrenos, convenios de cesión de parcelas para la construcción de los centro educativos, licencias de apertura de actividad para una piscina climatizada, licencias de primera ocupación y el convenio de colaboración que en su día firmó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco para la levantar uno de estos colegios concertados. En el listado figuran otros 15 colegios levantados en la Comunidad de Madrid y uno más en Cartagena.
