Los abogados del FROB y de Bankia que ejercen la acusación particular en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid se han atribuido este miércoles de forma excluyente el papel de perjudicados, y por tanto el de beneficiarios, de los importes desembolsados con las visas una vez que sean recuperados.
El letrado del FROB, Fernando Aizpún, ha explicado que debe ser este organismo quien perciba estas cantidades puesto que es "la entidad perjudicada" y quien saneó "con fondos públicos" y "por imperativo legal" la caja "para preservar la estabilidad del sistema financiero".
En el mismo sentido se ha manifestado el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, pero defendiendo que es la entidad financiera, que recibió los activos financieros segregados de Caja Madrid, a la que deben restituirse los fondos.
Durante su intervención, Aizpún, que ha tratado de abreviar "para regocijo de los acusados", ha refutado los argumentos expuestos por los abogados defensores y ha hecho suya la "prolija y minuciosa" exposición que hizo el pasado lunes el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluido lo relativo a una reducción de las penas para los acusados que consignaron los importes gastados.
En su opinión, ha quedado claro que el sistema de estas tarjetas era ilegal, y no estaba soportado por ningún argumento jurídico ni por los estatutos de la caja, extremo al que también se ha referido el abogado de Bankia, que ha añadido que tampoco había referencia alguna en el folleto de salida a bolsa.
Las tarjetas, ha explicado Aizpún, se utilizaron para satisfacer fines personales, y no para costear gastos inherentes a la actividad de la empresa, "al parecer, porque se les dijo que podían utilizar la visa para lo que quisieran".
Pero no es defendible que se afirme que "tenían derecho a usarla para cualquier gasto cuando no agotaban los saldos", ya que esto demuestra que no se trataba de una retribución.
El letrado se ha referido también a la responsabilidad del Banco de España en el control de estas tarjetas, y ha asegurado que "pretender que pudo llegar a tener conocimiento de una cuenta tan insignificante como ésta es desconocer la actividad de inspección del organismo", argumento defendido también por Burkhalter.
Ambos abogados han hecho referencia a la validez de las tablas de excel en las que estaban recogidos los gastos efectuados con las tarjetas, que ha sido puesta en cuestión por la práctica totalidad de los acusados.
La información, han indicado, era fiable, como confirmó en su declaración como testigo el director de auditoría interna de Bankia, Iñaki Azaola, y su difusión no vulnera la ley de protección de datos, como también ha esgrimido alguno de los usuarios.
Aizpún ha querido destacar el "protagonismo" en el mantenimiento del sistema de las tarjetas tanto del expresidente Miguel Blesa como, en menor medida, la de Rodrigo Rato, así como la "necesaria cooperación" por parte del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj.
Los tres, ha remachado el abogado de Bankia, pueden considerarse los "verdaderos artífices" de un sistema que desde el comienzo "era opaco, 'black', desde cómo se gestionaban a cómo se contabilizaban, cómo se omitía información corporativa y cómo eran tratadas de forma particular y subrepticia".
Por lo que respecta al tratamiento fiscal de los gastos, Burkhalter ha asegurado que no es creíble que, en estos años, los acusados, entre los que hay "profesores, avezados empresarios e inspectores de Hacienda" no advirtiesen que no estaban incluidas las retenciones en su certificado de haberes.
El letrado de BFA, Alberto Gómez Fraga, también ha pedido que se condene a los acusados, "por haber quedado acreditados más allá de cualquier duda razonable los hechos" que se les imputan, ya que "idearon o como mínimo perpetuaron" el sistema ilícito de estas visas, "ilicitud de la que eran perfectamente conscientes".
