Este anuncio lo ha realizado Rafael Catalá en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado del PP Eduardo Fernández García sobre qué medidas tiene previsto acordar el Gobierno para agilizar el proceso de reclamación por parte de los ciudadanos afectados por las cláusulas suelo a fin de no dilatar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Rafael Catalá ha explicado que se trata de "una solución de carácter organizativo con el CGPJ".
Es decir, "aprovechando los mecanismos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prever la posibilidad de que las demandas que se presenten en este sentido puedan ser concentradas en un Juzgado de ámbito provincial que centralice todas", ha añadido.
Este Juzgado, ha agregado, "podrá ser reforzado con tantos recursos como sean necesarios en función de la carga de trabajo".
En este sentido ha informado de que "hoy mismo en el Consejo General del Poder Judicial se reúnen los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y la semana que viene habrá una reunión de la comisión mixta del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia".
"Todo ello permitirá que las demandas que se presenten tengan una organización específica, juzgados provinciales dedicados a ello exclusivamente y, por lo tanto, confiamos en ser capaces de que haya una solución eficaz en vía extrajudicial y también en vía judicial", ha insistido.
Catalá ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 29 de diciembre, que obliga a las entidades financieras a devolver el dinero que han cobrado indebidamente por cláusulas abusivas como las denominadas suelo de las hipotecas, "ha puesto encima de la mesa una realidad compleja que afecta a un buen número de ciudadanos españoles".
"Aunque sea una relación entre particulares, pues los bancos y los ciudadanos tienen que ponerse de acuerdo, nos parecía que era necesaria una intervención pública mínima pues es un problema que afecta a un número importantísimo de ciudadanos y podría haber un impacto relevante en un servicio público como es el de la justicia", ha comentado.
Rafael Catalá ha indicado que el Gobierno ha intentado "articular un sistema que pone absolutamente el foco en los consumidores, en los ciudadanos, que intenta crear una vía ágil para que cobren y recuperen sus derechos y en la medida de lo posible para que no se genere un incremento de los litigios que produciría una sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales".
Para ello se aprobó el pasado mes de enero un decreto ley "creando una vía extrajudicial ágil y sin coste para los ciudadanos" que el ministro confía en que funcione.
"Ya están las entidades bancarias poniéndolo en marcha y me consta que Bankia y algunas otras más han declarado que ya están funcionando y llegando a acuerdos con sus clientes sabiendo que es un sistema voluntario para los ciudadanos que siempre tendrán la tutela judicial posteriormente", ha comentado.
