Roberto Rodríguez tiene 74 años de edad, regenta una modesta pensión en la calle Mayor de Madrid, y desde la muerte de su padre, Emiliano Rodríguez, en 1981, guarda como un tesoro dos resguardos emitidos el 13 de julio de 1939 por Reyes Romero, alcalde de Cabezamesada, provincia de Toledo, que acreditan que su progenitor y su abuelo, Romualdo Rodríguez, entregaron en el consistorio 9.535 y 9.000 pesetas de dinero republicano de la época que el Gobierno de Franco ordenó incautar bajo amenaza de juzgar por un delito de contrabando a quienes no lo hicieran. Hoy dice que esas poco más de dieciocho mil pesetas valen casi dos millones de euros, que el Gobierno se niega a reintegrarle.
“Se puede decir que mi familia, aunque agricultores y ganaderos, tenían una buena posición económica en aquella época –cuenta Roberto-. La guerra nos pilló en el pueblo, en zona republicana, y mi padre fue movilizado al final de la contienda para cavar trincheras en Morata de Tajuña. Cuando entraron los nacionales se llevaron a Quintanar de la Orden al alcalde y a todos los concejales, entre los que estaba uno de mis tíos, y allí los fusilaron. A mi padre lo metieron en la cárcel durante dos semanas, al cabo de las cuales le dejaron libre. Fue entonces cuando les comunicaron que había que entregar el dinero emitido por la República en el ayuntamiento. A cambio les dieron dos resguardos justificativos”. Roberto no supo nada de aquellos papeles hasta muchos años después, cuando encontró en una carpeta los justificantes perfectamente conservados. “Le pregunté a mi padre qué era aquello y me contestó que el dinero de la guerra, y cuando quise saber si había intentado recuperarlo me dijo que cualquiera le decía a Franco que se lo devolviera”.
Dos decretos de los golpistas obligaban a entregar el dinero republicano emitido a partir del 18 de julio de 1936
La explicación a lo ocurrido se encontraba en un decreto de la Junta Técnica del Estado de 12 de noviembre de 1936 que privaba de valor los billetes puestos en circulación por la República, que debían ser estampillados para poder ser utilizados mientras el Gobierno golpista emitía su propia peseta, momento a partir del cual ordenó su canje. El cambio de una moneda por otra debía ser aprobado por el Banco de España (BE), y en caso de ser desestimado podía ser recurrido ante un recién creado Tribunal de Canje Ordinario. Si éste rechazaba el recurso el dinero iba a parar a una cuenta denominada “Billetes de canje desestimado”, cuyo saldo quedaba en poder del Gobierno y sobre “cuyo destino se proveerá en su día”. El libro de actas del Banco de España del Gobierno de Burgos recoge una sesión del 9 de mayo de 1939 en la que se estimaba que “los billetes a canjear en la zona roja alcanzarán aproximadamente la cifra de 3.561 millones”.
Otro decreto de septiembre de 1938 suscrito por el ministro de Hacienda de la zona nacional, Andrés Amado y Regondaud de Villebardet, prohibió la tenencia de papel moneda puesta en circulación por la República a partir del 18 de julio de 1936, así como de “certificados de plata” (que se entregaron a cambio de monedas de dicho metal), “talones especiales” (billetes emitidos por algunas provincias) y papel moneda del Tesoro. El dinero tenía que ser entregado en cualquiera de las sucursales del Banco de España, en cualquier entidad bancaria privada, en las comandancias militares o en los ayuntamientos de las zonas que iban siendo “liberadas”, que a su vez tenían la obligación de entregarlo en el plazo de diez días al banco central, donde engrosaba un denominado ‘Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’. Quien no lo hiciera incurría en un delito de contrabando, “que será juzgado y sancionado conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre la materia”.
Parte del dinero requisado fue retirado del Banco de España por José Ungría, jefe de los servicios secretos de Franco
El libro registro de dicho fondo se encuentra depositado en el Banco de España y en él se recogen 2.811 anotaciones de particulares y entidades que entre el 28 de septiembre de 1938 y el 1 de diciembre de 1939 supusieron la requisa de casi 74 millones de pesetas de la época. La mayoría de las anotaciones se realizaron en octubre de 1938, cuando la guerra aún no había concluido y existían zonas en poder del Gobierno Republicano, lo que evidencia que el dinero incautado no se corresponde con el que realmente debió ser decomisado por los golpistas. El libro tiene tres anotaciones, de octubre, noviembre y diciembre de ese año y enero de 1939 en el que el jefe de los servicios secreto de Franco, José Ungría (en el libro registro aparece erróneamente con H), retiró 31 millones de pesetas siguiendo instrucciones del ministro de Hacienda. Dinero que, previsiblemente, iría en parte a financiar a la ‘quinta columna’ que operaba en Madrid. En 1972 el dinero restante fue quemado.
Roberto intentó recuperar el dinero de sus padres a la muerte de éstos y se dirigió al Banco de España, que en una carta de su Servicio Jurídico fechada el 4 de julio de 1997 le informó de lo vano de su pretensión al dar validez a la legislación franquista. La misiva aludía a los decretos del Gobierno rebelde y la obligación de entregar el dinero republicano a cambio de resguardos justificativos de la misma, “sin que ello implicara en aquel momento, ni posteriormente, ni en la actualidad, la constitución de depósito alguno, ni tampoco la realización de ningún canje por moneda de curso legal y, por tanto, tales resguardos, como los que usted posee, únicamente constituyeron los documentos acreditativos del cumplimiento de dicha obligación legal de la entrega realizada. En base a cuanto antecede, ni cabe la pretensión de recuperación de un depósito inexistente, que en ningún momento tuvo tal carácter ni naturaleza, así como tampoco el canje por moneda de curso legal”.
Como Roberto, fueron muchos los ciudadanos que, por miedo, entregaron contra su voluntad sus ahorros, en el convencimiento de que podrían recuperarlo en la nueva moneda de curso legal pasado un tiempo. Lidia Jiménez, de 62 años, guarda el resguardo de su abuelo, Joan Capdevila Pons, en su caso de 1.245 pesetas. “Mis abuelos vivían en Cercs (Barcelona), y como en el pueblo no había banco un día pasó por casa el alguacil para decirles que tenían que entregar el dinero republicano que guardasen o, en caso contrario, registrarían la casa. Así lo hicieron, y cuando quiso recuperarlo le dijeron que más adelante se los devolverían, cosa que no ocurrió. Cuando en 1959 se casó mi madre, Montserrat Capdevilla, que hoy tiene 87 años, su padre le entregó el resguardo como dote. Se iba a vivir a Barcelona con mi padre y con aquel dinero podían haber comprado un piso modesto en un barrio obrero. Intentó cobrarlo en la oficina que el Banco de España tiene en la Plaza de Cataluña, donde le dijeron que se lo pagarían, pero más adelante”. Y así hasta hoy.
Los afectados reclaman una reforma de la Ley de Memoria Histórica que reconozca su derecho a la restitución
Pese a su avanzada edad, Montserrat preside la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno franquista (APIGF), que lleva años intentando infructuosamente que las aproximadamente mil familias que forman parte de ella recuperen su dinero, 10,5 millones de la época que calculan representarían hoy, actualizados con los intereses de los 80 años transcurridos, entre 600 y 700 millones de euros, a razón de 60 euros por peseta. El importe estimado del canje fue abordado en una reunión entre afectados y representantes de las fuerzas políticas catalanas celebrada en mayo de 2011, según relata Agustín Aranda, uno de los perjudicados que asistió al encuentro, pero no existe ningún estudio que evalúa el valor que tendría hoy una peseta de 1936.
Vía política o vía judicial
Los afectados por las incautaciones se han dividido en dos grupos, uno mayoritario (en torno a 900 familias), que pretenden resolver el contencioso por la vía política, mediante una modificación de la Ley de Memoria Histórica para que reconozca su derecho a recuperar el dinero, como lo hicieron los partidos políticos y los sindicatos con los bienes que les fueron incautados, y otro grupo de un centenar de familias que han optado por la vía judicial. En su caso, el pasado mes de junio interpusieron una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado. El despacho de abogados que se encarga del caso declinó comentar a este diario los pormenores de la misma. Con anterioridad, en enero, este colectivo ya había presentado una reclamación administrativa ante el Consejo de Ministros, que desestimó la reclamación. El Gobierno reconoció entonces la existencia de la deuda, pero alegó que para haber tenido derecho a la restitución del dinero deberían haber planteado su reclamación en el plazo de un año desde la promulgación de la Constitución española en diciembre de 1979.
“Lo primero que tiene que hacer el Estado es reconocer que nos debe ese dinero y a partir de ahí ya veremos el baremo que utilizamos para actualizar el valor de lo incautado”, dice Laura Cervera, historiadora y vicepresidente de APIGF, para quien “si los partidos y los sindicatos tuvieron derecho a la restitución de los bienes incautados, ¿por qué nosotros no?”. En su caso, las víctimas fueron sus abuelos, Amadeo Bordalba y Laureana Inglés. “Mi abuelo tenía una fábrica de destilados y mi abuela una armería en Lleida. Él era liberal y ella más bien de derechas, y al inicio de la guerra el Frente Popular la acusó de vender armas a los falangistas y la metieron en la cárcel durante cerca de seis meses. Cuando los franquistas entraron en la ciudad tuvieron que entregar 7.000 pesetas de dinero republicano en la Comandancia Militar, que intentaron recuperar al acabar la guerra, pero siempre les decían que aún no tocaba y optaron por guardar el resguardo, que heredó mi madre y a su muerte pasó a mí”.
Una historia similar a la del abuelo de Germán S., abogado, que prefiere guardar el anonimato, que tenía previsto comprar una finca de dos hectáreas y media en Sabadell que costaba 2.500 pesetas y tuvo que entregar las 4.000 pesetas que había ahorrado a las autoridades franquistas. “Hemos contactado con varios bufetes de abogados y hemos llegado a la conclusión de que intentar la vía judicial pidiendo la nulidad de la normativa franquista de la época para recuperar el dinero es muy difícil. Por eso hemos optado por la vía política para intentar que los partidos acuerden la modificación de la Ley de Memoria Histórica, que permitió indemnizar a partidos y sindicatos pero excluyó a los particulares. Lo que queremos –dice-, es que nos reconozcan el derecho y luego ya hablaremos de cantidades”.
Los intentos de los perjudicados por conseguir el apoyo de los partidos políticos ha concluido siempre en fracaso
El intento de recabar el apoyo de los partidos políticos no es nuevo, y siempre ha concluido en fracaso. En julio de 2005 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una proposición no de ley para elaborar un censo de las incautaciones y poder restituir a los afectados los importes expoliados actualizados en razón del tiempo transcurrido, que fue rechazada en julio de 2007 por falta de apoyos. Al año siguiente se sumaron a ERC la antigua Convergencia i Unió (CiU), Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds en la presentación en julio y octubre de 2008 de sendas proposiciones no de ley que decayeron también por falta de apoyos.
Iniciativas parlamentarias
El pasado enero fue el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament de Catalunya el que presentó una iniciativa similar que, en esta ocasión sí, cuenta con el respaldo del resto de fuerzas parlamentarias, para que la cámara catalana presente a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley para que se incluya un nuevo artículo en la Ley de Memoria Histórica que “reconozca el derecho a la reparación de los particulares afectados por la confiscación de papel moneda (...) depositados por parte de las autoridades franquistas a la cuenta Billetes de Cambio Desestimados o al Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo”. La solución, cuando se constituya el nuevo Gobierno.
“El régimen franquista utilizó el dinero de los ciudadanos en una doble dirección -dice el historiador Alfredo Marín, cuya familia resultó también perjudicada por las requisas. Por un lado como medida de represión económica y política para aquellos que fueron leales a la República y, por otro, para hacer frente a la carestía económica del momento, aunque con ello empobreciera a familias enteras que se quedaron sin sus ahorros. Este tipo de cuestiones se han resuelto sin mayores problemas en otros países, pero la sociedad española ha dado la espalda a su pasado, y la política es un reflejo de la sociedad. La transición fue una especie de ley de punto final que impide abordar los temas que tienen que ver con la guerra civil y la posguerra”.
