Curra Ripollés, portavoz de la Asociación de Víctimas del Yak-42 y hermana del comandante José Manuel Ripollés Barros, uno de los fallecidos, manifestó este martes a Vozpópuli que las familias conocían desde hacía días el dictamen del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad del Ministerio de Defensa al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del vuelo siniestrado, “pero el ministerio se ha negado a facilitárnoslo. La respuesta que nos han dado es que lo tienen que estudiar y que no procede”.
El departamento que dirige María Dolores de Cospedal tiene ahora que pronunciarse sobre el dictamen, momento que esperan las familias para actuar. “Hemos pedido una entrevista urgente a la ministra de Defensa, como hemos hecho siempre con todos los titulares del departamento. Su antecesor en el cargo, Pedro Morenés, se negó a recibirnos, pero esperamos que ella sí lo haga. Nuestro despacho de abogados está pendiente de los pasos que dé el ministerio para actuar”.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, debe ahora hacer suyo el dictamen del Consejo de Estado u oponerse a él
Leopoldo Gay, letrado que representa a las familias de las víctimas, señaló a este diario que va a mirar la vía penal “con lupa”, si bien reconoció que la dificultad de reabrirla “al tratarse de una causa ya juzgada que concluyó que no había habido delito. Tendría que haber algo muy, muy novedoso, para que se reabriera”. El letrado explica que la resolución del Consejo de Estado es consecuencia de la reclamación patrimonial administrativa que las familias presentaron en el año 2004, que quedó en suspenso al presentarse las demandas civil y penal, y que ahora se retoma tras agotarse éstas. “El Ministerio de Defensa debe ahora pronunciarse y hacer suyo el dictamen, que no es vinculante, o negar su responsabilidad, en cuyo caso acudiremos a la vía contencioso-administrativa”. Al haber sido ya indemnizadas las familias, el resultado final no supondría otra cosa que una victoria moral.
El dictamen del Consejo de Estado fue aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad de su Comisión Permanente y supone un duro contratiempo para el Ministerio de Defensa y el Gobierno del PP (el siniestro tuvo lugar durante la presidencia de José María Aznar y con Federico Trillo como responsable del departamento), que consideraba amortizada la causa desde que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acordara en febrero de 2012 el sobreseimiento libre de los seis mandos militares que fueron imputados por un delito de imprudencia con resultado de muerte en relación con la contratación del Yak-42. Meses después la Sala de lo Penal confirmó el archivo de la causa al considerar que no había delito.
Curra Ripollés: El Yak-42 nunca debió volar. Hubo negligencia de la administración no velando por la seguridad de nuestros militares
“Es muy importante que el dictamen se haya aprobado por unanimidad, que todos tengan claro que el Yak-42 nunca debió volar, que era un vuelo ilegal y que hubo negligencia por parte de la administración no velando por la seguridad de nuestros militares –dice Curra Ripollés-. Es el momento de que se asuman las responsabilidades políticas que no se asumieron en su momento con el cese del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, hoy embajador en Londres. Para ocupar ese puesto hay que ser un hombre honorable y él no lo es porque abandonó a los militares y mintió a sus familias y a todos los españoles desde la tribuna del Congreso. Una persona de estas características no puede representar a España ni como embajador ni como nada. Hoy más que nunca se tiene que ir de ese puesto”.
Una solicitud en la que este martes coincidieron el PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, que han pedido también la comparecencia de la ministra de Defensa en el Parlamento para dar cuenta del dictamen del Consejo de Estado y explicar si prevé adoptar alguna medida. El presidente Mariano Rajoy se limitó a señalar que el accidente del Yak-42 “ocurrió hace muchísimos años” y, además, “ya está sustanciado judicialmente”.
