Un amaño, paso a paso. Armando García Juliana, arquitecto del Ayuntamiento de Getafe y uno de los recientemente imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de esta localidad madrileña, Francisco Javier Achaerandio, ha presentado un escrito de 18 folios de extensión en el que detalla cómo se produjeron las supuestas irregularidades en la adjudicación a Dragados SA por algo más de 2 millones de euros del contrato para la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de este municipio. Este es el concurso que, gracias a la denuncia de un vecino de la localidad, Roberto Benítez, permitió iniciar el llamado 'caso Teatro' que ha puesto contra las cuerdas al que fuera alcalde de esta ciudad, el actual senador y diputado autonómico del PP Juan Soler-Espiauba Gallo. En su escrito, este funcionario, que debe declarar como investigado el próximo lunes 16 de enero, detalla cómo se valoraron las ofertas con criterios "arbitrarios e innecesarios" para "dotar al procedimiento de una torpe apariencia de legalidad" con el único fin de logar "una adjudicación interesada y fraudulenta".
El arquitecto municipal denuncia que las irregularidades comenzaron al poco tiempo de iniciarse los trámite del concurso
El escrito, una denuncia en realidad, fue presentado el pasado 19 de septiembre de 2016 ante el Juzgado de Guardia de Getafe que, a su vez, lo remitió al magistrado que instruye el llamado 'caso Teatro'. Éste lo ha mantenido bajo secreto de sumario hasta hace unos días. En el mismo, Armando García Juliana detalla que trabaja desde octubre de 1996 en el Ayuntamiento de Getafe como arquitecto y que, de hecho, ocupó un puesto en el Negociado de Proyectos hasta octubre 2013 cuando, según recalca, fue enviado a la Delegación de Deportes precisamente por poner objeciones al contrato para la construcción del centro de artes escénicas, uno de las promesas electorales de Juan Soler en la campaña de 2011 que lo aupó a la alcaldía. Según el funcionario, el concurso se inició precisamente a iniciativa suya en el verano de 2012 al considerar que era conveniente aplicar dicho procedimiento dadas "las especiales y singulares circunstancias que concurrían" y que incluía una financiación europea de 977.000 euros. La propuesta, añade, fue aceptada, pero destaca que en agosto de ese mismo año comenzaron las irregularidades.
Asi, detalla que "al día siguiente de la presentación de las propuestas [de los diferentes estudios de arquitecturas invitados], de forma imprevista, se reclama desde el Gabinete de Alcaldía el conjunto de material gráfico entregado, para proceder a su examen sin la concurrencia de ninguno de los técnicos del departamento de Proyectos y Obras. Aproximadamente a la media hora se nos devuelve toda la documentación y se nos hace saber que se había elegido la propuesta presentada por Julián Vegas [uno de los empresarios imputados]". A partir de ahí, el escrito enumera la sucesión de supuestas irregularidades, entre las que cita un acuerdo con este mismo empresario para encangarle diferentes servicios de arquitectura por un importe de 300.000 euros más IVA, una cifra que "superaba en más del 70% el importe de los precios habitualmente reconocidos para un trabajo semejante". Todo ello pese a que Julián Vegas, según se le comunicó en una reunión, no contaba con el preceptivo título de arquitecto, por lo que le propusieron "encontrar alguna solución para salir de ese atolladero".
"Extravagantes, absurdos..."
El escrito añade que las irregularidades no quedaron ahí y que, de hecho, se incrementaron en la redacción de los pliegos para el concurso que, según él, tenía como único objetivo que el concurso fuera ganado por la empresa Dragados pese a que era la que ofertaba peores condiciones económicas de las cinco presentadas. Para ello, asegura que en dicho pliego, que fue presentado para su aprobación en la Junta de Gobierno del 8 de julio de 2014 por el concejal Antonio José Mesa, célebre por haber roto en público un año antes una foto de Luis Bárcenas, contaba con cuatro criterios de valoración subjetiva que supuestamente permitieron decantar la decisión hacia aquella constructora. Criterios que daban 40 puntos sobre cien mediante la presentación de una "memoria técnica", un "programa de trabajo", un "control de calidad" y un informe de "tecnología I+D+i" por parte de las compañías interesadas en hacerse con las obras. Todo ello a valorar con unos baremos que el arquitecto Armando García Juliana llega a tildar en su escrito de "extravagantes", "absurdos", "desproporcionados", "incongruentes", "arbitrarios", "innecesarios" y "disparatados". De hecho, concluye que los mismos no tenían "otra finalidad que la de dotar al procedimiento de una torpe apariencia de legalidad encaminada a la asignación de forma arbitraria, y tal vez interesada" de los puntos de dicho apartado. De hecho, considera "muy revelador que en posteriores expedientes de contratación [del Ayuntamiento de Getafe] este tipo de criterios de valoración fueron objeto de reparo por la Intervención municipal y dejaron de ser utilizados".
El escrito del funcionario detalla que el concurso se lo llevó la constructora Dragados pese a que su oferta era 431.000 euros más cara que la mejor
La denuncia suma a todo ello lo que considera también "un fraude de ley en los criterios de valoración de la oferta económica" gracias a "alteraciones encubiertas" que llevaron a elegir "la oferta menos favorable económicamente a pesar de que no suponga ninguna ventaja adicional frente a cualquier de las otras" que se se presentaron. Se trataba, en su opinión, de la de Dragados SA, cuyo importe de 2,4 millones de euros era 431.813 euros más cara que la mejor, presentada por Ferrovial Agroman SA. En este sentido, recalca que si se analizan los criterios utilizados de manera aislada para decidir finalmente el ganador del concurso, éstos pueden parecer "errores o torpezas administrativas" cuando en su opinión fueron "una herramienta eficaz para que se produzca una adjudicación interesada y fraudulenta". De hecho, asegura que se pidió a los aspirantes una documentación "lo suficientemente prolija y compleja para que la preparación y edición de las ofertas llevase un tiempo desproporcionado" que daría ventaja a aquel candidato que tuviera conocimiento de los detalles "con antelación suficiente". Todo ello "sin dejar rastro alguno y de una forma bastante impune".
"Un guante hecho a medida"
También recalca que por ese "sobrecoste" de más de 430.000 euros, el Ayuntamiento de Getafe recibió de Dragados "una memoria técnica más propia de un trabajo de fin de curso que de la documentación de una licitación pública". "En definitiva, a cambio de ese incremento injustificado del gasto tan sólo se recibe humo bajo la forma de un conjunto de nimiedades administrativas", asegura antes de concluir que en el proceso no estuvo en ningún momento presidido "por el azar propio de la libre concurrencia en una licitación pública", sino que fue el resultado de "unos pliegos y criterios aprobados por el gobierno municipal [del 'popular' Juan Soler] que propiciaban y facilitaban una adjudicación fraudulenta de forma que la oferta ganadora, presentada por Dragados SA, se ajustaba a las condiciones de la licitación como una mano a un guante hecho a medida".
El funcionario acusa al concejal Antonio José Mesa, célebre por romper en 2013 una foto de Bárcenas en un acto del PP como rechazo a la corrupción
Todo un cúmulo de supuestas irregularidades que según Armando García Juliana continuó durante la ejecución del contrato, ya que la falta de crédito presupuestario para hacer frente al pago de las certificaciones de obra debería haber provocado ya en febrero de 2015 la interrupción de los trabajos, como estaba previsto en el propio contrato. Sin embargo, no ocurrió así, y la construcción siguió su curso hasta julio de 2015, acumulando un gasto de 719.730 euros. De todo ello, acusa al equipo de Gobierno del PP que entonces lideraba el hoy senador y parlamentario regional Juan Soler, pero de modo especial al concejal Antonio José Mesa, que también era jefe de Gabiente del regidor. El arquitecto denuncia que él fue quién presentó los pliegos supuestamente fraudulentos y quien no paralizó las obras para evitar la "sangría contable". De hecho, considera que este edil produjo al consistorio un "quebranto" que cifra en 250.000 euros.
