Empresas en paraísos fiscales. Créditos concedidos sin las mínimas garantías. Y 5,28 millones de euros defraudados a Hacienda en sólo tres años. La 'Operación Mar Nuestro' de la Guardia Civil ha permitido desmantelar la compleja trama societaria que dos ex altos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) crearon en 2004 con la colaboración de dos importantes empresarios levantinos para evitar pagar al fisco por los importantes beneficios que obtenían los complejos hoteleros de lujo que habían levantado gracias a los préstamos irregulares que les concedía la propia entidad financiera. Este dinero era posteriormente repatriado a España desde el paraíso fiscal de la isla de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas) camuflado como falsos créditos entre mercantiles de la red.
El sistema de créditos entre sociedades de la trama para evitar pagar a Hacienda fue ideado por un empleado del bufete Garrigues
Los dos directivos de la CAM -el que fuera su director general, Roberto López Abad, y el responsable de las empresas filiales de la Caja, Daniel Gil Mallebrera- ingresaron anoche en prisión con elevadas fianzas acusados por el juez Javier Gómez Bermúdez de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida. Los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo hotelero Mar Confort, permanecen en busca y captura después de que la Guardia Civil no los localizara el pasado miércoles en sus domicilios cuando acudieron a arrestarlos. Fuentes judiciales apuntan a que se escuentran en algún país del Caribe, y que ya han anunciado que cuando regresen a España se pondrán a disposición de la Audiencia Nacional.
La 'Operación Mar Nuestro' se inició en el verano de 2012, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron a investigar los detalles de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya entonces había intervenido la CAM tras inyectarle 5.249 millones de euros de dinero público. En ella se ponían de manifiesto las supuestas irregularidades detectadas durante las auditorias realizadas en las cuentas de la caja y, más en concreto, en varios créditos concedidos a Valfensal SL, una empresa que realizaba inversiones turísticas en el Caribe. Esta sociedad era una mercantil participada en un 30% por la propia entidad financiera a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones SL, y en el 70% restante por la empresa principal de los dos empresarios ahora huidos.
La confesión del empleado de Garrigues
Las pesquisas permitieron descubrir no sólo la existencia de préstamos por un total de 160 millones de euros a favor Valfensal SL que supuestamente no cumplían ls requisitos y que fueron autorizados por los ahora encarcelados, sino también una compleja estructura de sociedades con epicentro en el paraíso fiscal caribeño de la isla de Curaçao. A través de éstas mercantiles no sólo facturaban los beneficios obtenidos en las inversiones hoteleras en México y República Dominicana con un mínimo gravamen fiscal, sino que también conseguían evitar el pago de los dividendos a la Caja a los que ésta tenía derecho por el 30% que poseía de Valfensal SL.
Según las pesquisas de la Guardia Civil, en el entramado también participaron otros directivos de la caja, como Vicente Sánchez y César Véliz, así como el director económico de Valfensal, Francisco Climent, y un asesor fiscal del prestigioso despacho de abogados Garrigues, Jaime Escrivá. Éste era, de hecho, el presunto creador del sistema de créditos entre las sociedades de la trama que permitía a los dos empresarios y a los dos banqueros repatriar a España fondos tanto para pagar los vencimientos de los préstamos que tenía concedidos Valfensal como para que otras empresas del grupo pudieran hacer inversiones. Todo ello sin que Hacienda pudiera identificar dichas cantidades como dividendos y, por tanto, cobrar los correspondientes impuestos. Según un informe del pasado mes de octubre de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sólo en los tres ejercicios que van de 2009 a 2011 la trama consiguió eludir el pago de más de 5,28 millones de euros.
Empresas sin actividad
En esta trama jugaba un papel clave la empresa Jacksonport Corporation NV, una empresa radicada en el paraíso fiscal de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas) y en la que revertían todos los beneficios de los complejos hoteleros creados por el grupo gracias a los préstamos concedidos por la CAM. De hecho, esta sociedad ingresó por este motivo entre 2004 y 2010 más de 246,5 millones de euros y registró beneficios de 30 millones entre 2007 y 2011. Ésta empresa servía también para que una parte importante de los beneficios de los negocios hoteleros llegara al propio bolsillo de los cabecillas de la trama y, más en concreto, de los dos empresarios. Para ello, empresas bajo su control, algunas de ellas pantallas, emitían facturas falsas por servicios inexistentes para que fuesen pagados por la compañía de Curaçao.
López Abad hizo que la CAM dejara de ingresar 52 millones de euros al exigir que se concediera una carencia de cinco años a los créditos concedidos a la trama
Entre estas empresas estaba, por ejemplo, la compañía holandesa Seabrezee International BV, en apariencia sin ninguna conexión con Ferri y Baldó, pero sobre la que la investigación ha demostrado que pertenece realmente a ambos empresarios. Según confesó el empleados del bufete Garrigues ayer a la Guardia Civil, dicha mercantil carecía en realidad "de actividad y no tenía estructura alguna", pese a los cual sirvió a la trama para firmar el 1 de julio de 2010 un falso contrato por la cual esta compañía supuestamente iba a gestionar todos los hoteles del grupo y, a cambio, percibía una millonaria cantidad de Jacksonport Corporation NV. En realidad, tanto la sociedad de Curaçao como la de los Países Bajos eran realmente dirigidas desde la sede que Mar Confort, la empresa matriz de los dos empresarios, tenía en Palma de Mallorca.
Sobre el papel jugado por López Abad y Gil Mallebrera, los dos altos cargos de la CAM ahora encarcelados, la investigación apunta a que no se redujo a conseguir que se concedieran créditos a Valfensal, la empresa que la Caja compartía con los dos empresarilos en busca y captura, sino que se involucraron por completo en la trama de tal manera que ninguno de los dos "pusieron ningún reparo en situar inversiones de la CAM en territorio calificado de paraíso fiscal", según destacaba el juez Gómez Bérmudez ayer en un auto. Además, según la documentación recabada hasta ahora, ambos ejecutivos también tuvieron una participacín clave en la decisión de la entidad financiera de conceder una carencia de cinco años (entre 2009 y 2014) a los créditos que habian concedido para la inversión en los complejos hoteleros del Caribe. Una decisión que supuso a la Caja, ya en quiebra, dejar de percibir más de 52 millones de euros. Dicha carencia fue en principio rechazada por los equipos de valoración de riesgo de la entidad, que finalmente tuvieron que darle el visto bueno por que el propio López Abad esgrimió "motivos estratégicos" para forzar su aprobación.
Negocios hoteleros en México y República Dominicana
Los agentes de la UCO han podido identificar también las operaciones financiadas con los créditos irregulares de la caja. El primero, la adquisición del Hotel Caracol, en la Riviera Maya (México) y de unos terrenos anexos por 21,9 millones de euros. Según las pesquisas, aquella operación fue financiera con un préstamo de la CAM concedido en enero de 2005 con un expediente interno con diversas irregularidades, entre ellas el mantenimiento de la cantidad concedida a pesar de que Verfensal SL modificó el proyecto y finalmente no adquirió la parecela anexa. Similares irregularidades encontraron en la compra por 12,7 millones de una parcela en Playa Bávaro para levantar un hotel de 700 habitaciones. La CAM de nuevo concedió el crédito 'a ciegas' para una adquisición en la que ya participaba como empresa interpuesta Jacksonport.
Ese mismo año se registra otra de las inversiones sospechosas: el pago de 41,5 millones de dólares (34,8 millones de euros) por los derechos de comercialización durante ocho años del Hotel Gala, en Playa del Carmen (México), una operación que en la querella que permitió abrir la investigación se califica de "incomprensible si no se parte de la base de que se trata de una pantalla para ocultar lo realmente acontecido: una disposición de fondos de la CAM no justificados por la racionalidad económica". En esta operación participaron de nuevo empresas interpuesta. En ese mismo lugar de México, las pesquisas han localizado una cuarta operación sospechosa, en este caso la adquisición del 50% de dos parcelas, compra financiada de nuevo por la CAM. Según las pesquisas, en esta operación se pagaron elevadas comisiones a una empresa mejicana, a otra estadounidense y a una tercera de la que no quedó rastró, pero en la que aparecen presuntamente implicados otros dos de los imputados en la 'Operación Mar Nuestro': Francisco Climent y César Véliz.
