La titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha dictado un duro auto donde vuelve a decir 'no' alto y claro a la Fiscalía y al Partido Popular. En la resolución, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la instructora del caso de los discos duros ha rechazado archivar el procedimiento tal y como pidieron ambas partes y vuelve a reiterar que hay "indicios" de que la formación de Mariano Rajoy destruyó "a conciencia" las memorias internas de los ordenadores portátiles del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
La magistrada, que ha sido recusada por los 'populares' por su supuesta afinidad con el PSOE, subraya que el PP borró y destruyó los citados discos duros cuando la Audiencia Nacional estaba investigando la presunta Caja B del partido. "Estas circunstancias son las que determinan que existan indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar, en su caso, por las unidades policiales especializadas, por cuanto todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal, entre otros delitos".
"¿Dónde podría estar la información relativa a esta contabilidad reclamada reiteradamente por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado Central Número 5?", se pregunta la juez en referencia a los datos de la Caja B
De esta forma, en el auto, la magistrada Freire se hace la siguiente pregunta retórica: "¿Y dónde podría estar la información relativa a esta contabilidad reclamada reiteradamente por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado Central Número 5? Pues en manos del que había sido el encargado de sus cuentas durante los periodos investigados, es decir, el sr. Bárcenas, imputado en aquellos procedimientos y acogido por el Partido Popular en su sede, con todo tipo de recursos a su disposición, hasta mediados de enero de 2013".
Asimismo, la jueza de Madrid reprocha al partido de Rajoy que no entregara los discos duros de los ordenadores Mac y Toshiba al instructor del caso de los papeles de Bárcenas, el juez Pablo Ruz, ni que tampoco advirtiera al entonces magistrado de la Audiencia Nacional de la existencia de los mismos. "Si a partir de esta fecha los ordenadores portátiles que venía utilizando el señor Bárcenas desde su época de tesorero y donde era de suponer que almacenaba la información que le era solicitada estaban en manos del Partido Popular, quien sostenía y sostiene su titularidad, debió de ponerlos a disposición del juez o al menos hacerle saber su existencia", recalca Freire.
¿Disponía el PP de protocolos de borrado?
Por último, en la resolución la instructora rechaza las diligencias que fueron solicitadas por el PP en el recurso de forma interpuesto contra el auto de procesamiento. "El testimonio del señor Trallero –en referencia al ex abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero- resulta irrelevante, al menos en esta fase, dado que desconocía lo que había en los ordenadores, según el testimonio del propio Bárcenas, y el testimonio de otros empleados del Partido Popular, dependientes del investigado señor Moreno, poco podría hacer variar la resolución que ahora se combate, a la vista de los indicios que se han tomado en cuenta", sostiene la juez de Plaza de Castilla.
Además, la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid rechaza dirigirse a organismos oficiales para consultar el protocolo del borrado seguro "puesto que lo transcendente es si el Partido Popular disponía de dichos protocolos y ya se ha razonado anteriormente que esta instructora cree que no". "Tampoco aportarían nada al esclarecimiento de los hechos", añade Rosa María Freire.
En esta causa se encuentran actualmente imputados -según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "investigados"- el propio PP como persona jurídica, su tesorera Carmen Navarro, el representante legal del partido Alberto Durán, y el jefe de informática de los populares, José Manuel Moreno por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento.
