Este domingo, el PSOE ha reunido a su Consejo Federal por primera vez desde que Pedro Sánchez lidera el partido y la presidenta andaluza, que es quien preside este órgano de gobierno territorial, ha dejado sentado que los socialistas del resto de España no pueden seguir viéndose arrastrados por la impronta que marca el PSC en Cataluña, ni por la ausencia de criterio que los ciudadanos perciben dentro del PSOE en un asunto de Estado como ha terminado siendo el desafío soberanista protagonizado por Artur Mas.
En esta cita, celebrada en Zaragoza, ha llegado casi todo precocinado, pues Pedro Sánchez invitó a cenar hace unos días a sus barones para poner cosas en común y que ninguno se saliera del tiesto. La preocupación de la dirección del PSOE es evidente: hay líneas rojas que no pueden superarse, ni siquiera con el argumento de que cuidar el espacio electoral del PSC en Cataluña es trabajar por el éxito electoral que el propio Sánchez puede tener en las legislativas del año que viene.
Los socialistas proponen reformar la Constitución para dar un nuevo encaje a Cataluña en España y garantizar la financiación de la sanidad y la educación
El nuevo líder socialista se paseó por el alambre, al igual que en su día lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando a mediados de septiembre vio que el PSC apoyaba en el Parlamento catalán la ley de Consultas que ha permitido, finalmente, la celebración a su manera del 9N. Con posterioridad, Iceta ha ofrecido a Artur Mas su apoyo para aprobar los Presupuestos autonómicos de 2015 y conducir la legislatura catalana hasta 2016. ¿A cambio de qué? Pues en el PSC parecen tenerlo claro, pero no tanto en la mayoría de las federaciones del PSOE. En realidad, hay dirigentes regionales que opinan que el PSC está intentando recuperar su espacio electoral en Cataluña a costa del castigo que los ciudadanos pueden propinar al partido en el resto del Estado. En otras palabras, que lo que Iceta busca es la socioconvergencia para no verse en terreno de nadie ni sobrepasado por fuerzas como Podemos, aunque sea desdibujando el proyecto socialista y obligando al PSOE a un seguidismo que muchos consideran suicida.
De la declaración de Granada a la de Zaragoza
La solemnidad con la que los socialistas, con Rubalcaba al frente, aprobaron en el verano de 2013 la llamada declaración de Granada, ha sido sustituida este domingo por la levedad con el que ha visto la luz la declaración de Zaragoza, un documento que mantiene vivas las mismas imprecisiones que el anterior y resume la alternativa del PSOE para cohesionar territorialmente el Estado en una apuesta por el sistema federal que propone incluir en la manoseada reforma constitucional.
Las recetas para Cataluña son tan vagas con esta: “Los socialistas reafirmamos hoy nuestra convicción de que Catalunya forma parte inseparable de España, de que España no se entiende sin Catalunya, y de que los retos que sufre la población catalana y el resto de España en forma de desigualdad, pobreza laboral y desempleo, sólo podremos resolverlos juntos. Estamos convencidos de que las dificultades de reconocimiento que encuentra Catalunya pueden y deben resolverse en el marco de una reforma de la Constitución que afecte al conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía”.
Lo que teme Susana Díaz, la voz más autorizada dentro del PSOE para hablar de cohesión territorial, es que su partido acabe viéndose arrastrado por el PSC y por el nacionalismo moderado hacia un escenario que vincule la reforma de la Constitución a las demandas independentistas, sobre todo cuando la prudencia aconseja separar una tarea tan importante de las presiones ejercidas por quienes aspiran a una Cataluña independiente.
En la declaración de Granada y en la de ayer de Zaragoza, los barones socialistas apuestan por un nuevo encaje de Cataluña en España dentro de la Constitución, a sabiendas de que es una propuesta cogida con alfileres y pendiente de precisiones importantes. Pedro Sánchez se ha aferrado desde que tomó posesión en julio de la secretaría general a estos postulados, pese a que tanto él como su equipo son conscientes de que el relevo de Pere Navarro por Iceta al frente del PSC se vio acompañado por la restitución de las relaciones con los dirigentes críticos que han apoyado el referéndum soberanista y por el respaldo a la ley de Consultas promovida por la Generalitat. Todo lo contrario de lo que el año pasado Rubalcaba pactó con Navarro para evitar el divorcio con los socialistas catalanes y ahora Sánchez ha tratado de sortear incorporando a la exministra Carmen Chacón a su ejecutiva y haciendo malabarismos entre la federación catalana y las 16 federaciones restantes que observan con creciente inquietud la explosiva situación que se vive en Cataluña.
Cataluña, Podemos y regeneración democrática
En la declaración de Zaragoza, los socialistas mezclan el problema catalán con la crítica velada a Podemos y con la apuesta por un nuevo “pacto ciudadano” que contribuya a “regenerar la democracia” y a modificar la Constitución incluyendo en ella no solo la transformación “de la España autonómica en federal”, sino también las garantías para blindar los derechos ciudadanos tradicionalmente vinculados al estado del bienestar, en particular los relacionados con la sanidad y la educación. La respuesta fundamental a la organización de Pablo Iglesias se resume en la defensa de la Constitución de 1978 y en un mayor compromiso del PSOE contra la corrupción.
La reforma que propone el PSOE es de amplio espectro y dificultará la unanimidad dentro del Parlamento
Para poner en marcha esta reforma constitucional de amplio espectro, los socialistas quieren activar cuanto antes los trabajos dentro del Congreso de los Diputados y también fuera, mediante la convocatoria de una conferencia de presidentes que aborde un cambio en el modelo de financiación en un momento en el que apenas hay recursos para que prospere con éxito.
Dentro de la futura Constitución, el PSOE propone incluir una nueva ley Electoral para mejorar la representatividad de los parlamentarios, una reducción del número de aforados, la prohibición de los indultos “por causas políticas” y un aumento del castigo penal a los casos de “corrupción política”. Demasiados ingredientes en la misma coctelera como para suscitar un unánime respaldo parlamentario.
