El informe de 162 páginas que la Intervención General del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, refleja cómo el grupo Gowex también se valió del uso de facturas falsas para obtener subvenciones de distintos organismos del Estado.
En el citado documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los inspectores de la Agencia Tributaria han analizado cientos de folios de documentación sobre las subvenciones públicas que recibió entre los años 2009 y 2014 el grupo empresarial liderado por Jenaro García.
Las conclusiones recogidas por los expertos de la IGAE son dos. Por un lado, que el grupo Gowex recibió hasta que saltó el escándalo sobre el engaño de su contabilidad en julio del año 2014 un total de 2,4 millones de euros en subvenciones públicas y, por otro, que las distintas sociedades pantalla -ideadas para inflar su volumen de negocio- emitieron facturas falsas por valor de 1,52 millones de euros para conseguir dichas ayudas del Estado.
La IGAE explica que "se han localizado facturas de entidades interpuestas como justificante de gasto en proyectos subvencionados por importe de 1,5 millones de euros: 1,38 en proyectos financiados por la Administración del Estado y 147.595 en proyectos financiados por la Comunidad Autónoma de Madrid". Gracias a esta facturación falsa, las empresas dirigidas por Jenaro García recibieron 429.946 euros de ayudas públicas. En concreto, la Administración Central les dio 404.479.946 euros y el Gobierno madrileño 25.467 euros más.
Prescripción de delitos
En multitud ocasiones, Gowex conseguía estas ayudas públicas gracias a que empresas de calificación emitían informes que permitían su "acreditar la solvencia económica y financiera del solicitante" debido a que los datos reflejados en los mismos eran falsos. Así, las empresas de wifi recibieron ayudas del Ministerio de Economía, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía o del Ministerio de Industria.
Sin embargo, en su informe, los peritos de la IGAE advierten de que dado el tiempo transcurrido tan sólo hay siete proyectos en los que el plazo que media entre la intervención judicial y la concesión de las ayudas públicas es inferior a cinco años y, por lo tanto, no estarían prescritos. En el resto de supuestos investigados el posible fraude en las subvenciones habría prescrito, según alerta la Agencia Tributaria.
Actualmente, el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción investigan si detrás del fraude de la empresa de wifi se han cometido delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores y un delito de uso de información relevante.
El escándalo de Gowex saltó a luz pública 1 de julio de 2014 cuando la firma de análisis estadounidense Gotham City Research emitió un informe donde sostenía que los resultados publicados por la compañía española eran falsos. El ex consejero delegado de Gowex, Jenaro García, trató de mantener la estafa durante una semana hasta que finalmente admitió en el juzgado que había falseado las cuentas.
