España

No es el juicio de Cristina de Borbón, sino el de su padre

   

  • La infanta Cristina, Ana María Tejeiro Losada y Mercedes Coghen Alberdingk (i-d, detrás-delante) en el banquillo de los acusados

"Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos". Lo recordarán. 24 de diciembre de 2011. Discurso de Navidad de Su Majestad el Rey Juan Carlos I vestido de azul, con camisa clara y sin canesú. Mariano Rajoy había sido investido como nuevo presidente del Gobierno 11 días antes, y el país aún no se había repuesto del escándalo del yernísimo, el ínclito Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón, acusado de apropiación indebida de fondos públicos y fraude a Hacienda. “Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar…”. Esto también es textual. Idéntico discurso. El mismo Rey.

Tres meses y 20 días después, el 14 de abril de 2012, mientras el país llamado España se debatía en el alambre de irse a pique por el sumidero del default, la simple y pura quiebra, y los recortes arreciaban con la prima de riesgo por los 560 puntos básicos, los españoles desayunaron ese sábado con la noticia de que el Rey había sido intervenido de urgencia en una clínica madrileña, tras haber sufrido un grave accidente cuando cazaba elefantes en Botswana, acompañado por su querida, una sedicente princesa alemana, rubia como los chorros del oro, de nombre Corinna y apellido casi impronunciable. El trompazo había ocurrido en plena madrugada del viernes 13 de abril, pero la Casa del Rey no informó de lo ocurrido hasta las 9,30 del sábado, cuando el Monarca, ya operado, descansaba en la UCI del Hospital USP San José de Madrid. Ese era el “comportamiento ejemplar” que el Rey había reclamado a “todos, sobre todo [a] las personas con responsabilidades públicas” en su alabado discurso de Navidad.

Al final la infanta y su marido no han hecho, ellos lo creen así, otra cosa que no vieran hacer en casa

Aquella misma mañana y mientras el Rey superaba la anestesia que le mantenía groggy en una cama de hospital, dos agentes del CNI recogían a Corinna y su hijo, el único hijo que ha querido el Rey como tal, en el hotel madrileño donde habían pasado la noche y les ponían de patitas en Barajas, con la orden expresa de que se abstuvieran de volver por estos lares. Han vuelto, claro está, y muchas veces. En días sucesivos los españoles fueron conociendo retazos de la verdadera vida de su Jefe del Estado, que resultó estar viviendo con su novia en una casa, un antiguo pabellón de caza habilitado al efecto, a escasos metros de La Zarzuela, recinto de El Pardo, el triste mismo palacio donde la legítima, Sofía de Grecia, desgranaba melancólicos los días sin nadie se dignara darle una simple muestra de cariño.

Las comisiones de la rubia platino

Lo de Corinna, ¿era cariño o era sólo amor? Era el dinero, eran las comisiones que supuestamente la rubia platino cobraba por los trabajos que realizaba, por esos “importantes servicios al Estado”, que según propia confesión había prestado, una dama que viajaba con la comitiva oficial en los viajes al exterior del Rey, principalmente países árabes que es donde está, estaba, el negosi, que gozaba de escolta pagada por los españoles y que acudía a cacerías y las cenas sociales en el helicóptero real. La doña cobraba las comisiones en sus cuentas y luego, siempre supuestamente, repartía con el Monarca, un hombre ya por entonces muy rico. Fue The New York Times quien desveló una cifra con ocasión del viaje del Monarca a Nueva York, en septiembre de 2012, para apuntalar la salida a Wall Street de la ahora triste Abengoa, otro negocio del que era accionista (también supuestamente) por persona interpuesta. A los valet de chambre del Rey no se les ocurrió cosa mejor que encerrarlo con Consejo de Redacción del rotativo. La respuesta fue un artículo (“Hints of a royal crisis”) donde se cifraba su fortuna en 2.300 millones de dólares. La punta del iceberg ya había salido en El Negocio de la Libertad. No está mal para alguien que llegó con lo puesto. Una mano avanti y la otro indietro.

Por eso el juicio que ayer se inició en Palma no es el de su hija, la infanta Cristina, sino el de su padre, el Jefe del Estado español Juan Carlos I. Es el juicio al que la sociedad española somete la conducta judicialmente punible y moralmente condenable de quien estaba más obligado que nadie a dictar norma de comportamiento, a ejercer como faro irreprochable de la nueva etapa histórica que se abrió al final de la dictadura de Franco, y que, por contra y de forma tan inaudita como injustificada, no hizo sino inaugurar el sueltos son los toros o el todo el monte es orgasmo, y en robando el rey robemos todos, parodia del marchemos todos juntos y yo el primero por la senda de una corrupción que ha terminado con el régimen del 78 exangüe, más muerto que vivo, y con la fe de los españoles en sus instituciones aterida, periclitada por la helada codicia de unas élites, una clase política que lo supo todo desde muy al principio y todo se lo consintieron, los Suárez, los Felipes, los Aznares… La historia triste de un país compuesto por millones de ciudadanos honrados que no se merecían pago tan atrozmente cruel por avaro y descreído.

Pasado el mal trago de ese banquillo que ocupa por persona interpuesta, a la infanta le aplicarán la doctrina Botín

No es, por eso, el juicio de la hija, sino del padre. El juicio que nunca se podrá celebrar porque eso supondría ponerlo todo patas arriba, volverlo todo del revés y abrir las puertas a los temibles demonios familiares de los españoles. Es, simplemente, el juicio de honor que los españoles honrados merecerían para poder mirarse al espejo por las mañanas sin sentirse avergonzados. El juicio imposible de una persona que según la Constitución es inviolable en razón de su cargo. “Hay prohibiciones que no pueden concretarse en un nuevo precepto”, escribía Secondat (Manuel Jiménez de Parga, expresidente del TC) en abril de 2012 en El Mundo. “Por ejemplo, que el Rey no tenga una amante fuera del matrimonio o que no reciba un tanto por ciento de las operaciones económicas internacionales”. Ocurre que al final la hija de su padre y el marido de la hija de su padre no han hecho, ellos lo creen así, otra cosa que no vieran hacer en casa, en La Zarzuela, durante un montón de años: las llamadas diarias al banquero de turno proponiendo negocios, anunciando visitas y pidiendo favores. Los viajes al extranjero, las comisiones del petróleo, las comisiones de la obra pública, todos los días un business, mientras en Palacio la reina legítima desgranaba sus sueños frustrados en torno a una mesa camilla ojeando periódicos al lado de su hermana Irene.

El “asesinato judicial” de la doctrina Botín

No le pasará nada. A la infanta, quiero decir. Doble contra sencillo a que no. Pasado el mal trago de ese banquillo que ocupa por persona interpuesta, a la infanta le aplicarán la doctrina Botín, que es brebaje preparado por los beneficiarios del sistema para contar con una Justicia aparte, tan distinta, tan distante, a esa “Justicia igual para todos” de la que presumió SM en la Navidad de 2011. Recordarán: la Sala de lo Penal del TS al completo decidió el 3 de diciembre de 2007 que Emilio Botín, uno de los banqueros más importantes del mundo, no debía sentarse, como todo mortal, en el banquillo de los acusados por el caso de las “cesiones de crédito”, quizá el fraude fiscal más importante de la democracia (47.000 operaciones y 426.000 millones de pesetas ocultados al Fisco a cuenta de los reclamos de “opacidad” del Santander). Para dejar vivo a Botín, el tribunal violentó la propia Constitución al dictaminar que la acusación popular por sí sola no puede mantener vivo un proceso cuando la Fiscalía y los perjudicados (la Hacienda, en este caso) solicitan el sobreseimiento de la causa. Un caso claro de eso que los alemanes llaman “asesinato judicial” (Ihering, La Lucha por el Derecho). Todo un síntoma del gravísimo deterioro en que ya se encontraba y se encuentra la Justicia española.

Apenas dos meses después, febrero de 2008, la Sala Segunda del Constitucional decidió admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, contra la sentencia del Supremo que el 14 de marzo de 2007 les había condenado a tres años y cuatro meses de prisión por falsedad y estafa en el caso Urbanor (torres de KIO). Meses después fallaría que el supuesto delito había prescrito. Obvio decir que el Rey se implicó hasta las trancas para salvar del trance a su íntimo amigo Alcocer. Son estas las cosas, estas las vergüenzas, esta la plasta pringosa de la corrupción que nos ha llevado hasta el borde del abismo en que ahora se encuentra el país, lo que ayer se sentó en el banquillo de los acusados en Palma. Los españoles están obligados a hacer examen de conciencia si quieren aprender de su Historia y no volver a repetir tragedias pasadas, si quieren de verdad gozar con una democracia digna de tal nombre, con auténtica separación de poderes y una Justicia igual para todos de verdad, si quieren, en definitiva, acercarse al futuro con un poquito de esperanza en el provenir. “Porque, si he de ser pisoteado, prefiero ser antes un perro que un hombre…” (Shakespeare, El Mercader de Venecia).

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