Una cárcel terminada y sin estrenar, y otras cinco sólo a medias. El sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), ha elaborado un informe sobre la "situación en Instituciones Penitenciarias" durante la pasada Legislatura con duras críticas a la gestión realizada por el PP. El documento, que se ha entregado en los últimos días a los diferentes grupos parlamentarios y al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que pese a que las cárceles españolas están al 138% de su capacidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantiene 'sin estrenar' más de 2.700 de celdas por falta de personal.
Prisiones gasta 3,27 millones en vigilar las instalaciones de la prisión de Archidona, cerrada pese a estar terminada desde hace tres años
El caso más llamativo es el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), con 1.008 celdas y que fue terminado en marzo de 2013 tras invertir en ella 117 millones de euros. Pese a que Andalucía es una de las comunidades con mayor 'saturación' de reclusos con un índice de ocupación cercano al 160%, casi tres años después aún no ha sido inaugurado por falta de funcionarios de prisiones. Según destaca el escrito de ACAIP, el cierre tampoco le ha salido gratis a Instituciones Penitenciarias, que ha tenido que contratar a una empresa para su vigilancia y mantenimiento por 3,27 millones de euros. "A día de hoy se desconoce la fecha de apertura, con el agravante de que la provincia de Málaga es una de las que tiene mayor número de internos naturales de la misma o vinculación familiar en ella", recalca.
No obstante, el documento que tienen en sus manos los grupos parlamentarios destaca que su caso no es único ya que "algo parecido ocurre" con el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y con las Unidades de Madres de Alicante y Tenerife, con un total de 162 celdas en su conjunto y que supusieron un gasto superior a los 21 millones de euros. A ellos se suman otros cinco centros que, si bien sí se han inaugurado, sólo lo han hecho en parte. Así, de los 12 módulos con los que cuenta la nueva cárcel de Nanclares de Oca (Álava), cinco permanecen fuera de servicio. En la de Pamplona están en igual situación ocho de los 14 existentes. Y en la de Las Palmas II sólo están operativos diez de los 16 existentes.
26 módulos cerrados
Iguales cifras se dan en la de Murcia II, mientras en la de Menorca está abierto su único módulo, pero no el de aislamiento. "Es decir, actualmente hay un total de 26 módulos residenciales que no están operativos por falta de personal correspondientes a los últimos centros penitenciarios aperturados en los últimos cuatro años", recalca el informe de ACAIP sobre estos centros penitenciarios inaugurados sólo 'a medias'. Esto supone otras 1.560 celdas 'sin estrenar'.
Cinco prisiones estrenadas en los últimos años aún mantienen un total de 26 módulos 'sin estrenar'. Son 1.560 celdas sin utilizar
A ello se suma la paralización o revisión de los proyectos de construcción de otras prisiones ya en marcha. Es el caso de la que se va a levantar en la localidad valenciana de Siete Aguas, y que ha sido interrumpida. También se están levantando nuevas prisiones en Soria (720 celdas) y Ceuta (648) para sustituir a las actuales, pero su entrada en funcionamiento prevista para 2016 sólo se hará "una vez que se disponga de suficiente personal para proceder a ello". Algo similar ocurre en Teruel, cuya cárcel ha sido remodelada y aunque la primera fase ya está en funcionamiento, la segunda "está condicionada también por la disponibilidad de funcionarios".
Otra prisión que ha registrado obras de adecuación pero no está operativa es la de Almería, pese a que estaba previsto que lo estuviera en 2014. En este caso "la excusa", según ACAIP, es el aljibe del centro, "insuficiente para dotar de suficiente volumen de agua para las duchas incorporadas en las nuevas celdas". Además, el nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa está en revisión desde el año pasado, mientras que el Centro de Inserción Social de Ceuta sigue en obras y están pendientes del inicio de los CIS de Las Palmas y la Comunidad Valenciana.
1.429 funcionarios menos
Y todo ello, con "una disminución importante de los trabajadores penitenciarios" debido a las bajas que se han producido en la plantilla de Instituciones Penitenciarias y a la escasa oferta de empleo público de la Legislatura. Según las cifras que maneja ACAIP, en estos cuatro años se han producido 1.871 bajas por diferentes motivos (fallecimiento, jubilaciones, excedencias...), frente a sólo 442 incorporaciones. Es decir, una pérdida de 1.429 efectivos. "Desde el año 2011 hasta diciembre de 2014, 57 de las 67 prisiones han perdido funcionarios. Es decir, el 85% de los centros penitenciarios tienen menos funcionarios del área de vigilancia, personal sanitario, administrativo y técnicos", denuncia el sindicato. A todo ello se suma el envejecimiento de los funcionarios de prisiones. De hecho, los mayores de 50 años suponen ya el 40,9% de la plantilla.
El sindicato ACAIP cifra en 3.647 los nuevos efectivos necesarios para mantener el sistema penitenciario y poner en marcha las cárceles ya construidas
A este casi millar y medio de bajas, los representantes de los trabajadores suman todos aquellos que consideran que serían necesarios para poner en marcha los centros recientemente construidos y cerrados totalmente o en parte. Así, los 26 módulos que aún no han entrado en servicio en las cinco cárceles ya en funcionamiento, necesitan 908 efectivos. Y para los finalizados que aún no están en marcha, otros 1.310. "Por tanto, las necesidades mínimas del sistema, simplemente cubriendo las vacantes y las plazas de nueva creación, ascendería 3.647 nuevos efectivos, siendo ésta la necesidad más inmediata del sistema en estos momentos.
Un negro panorama con sólo un dato positivo: la significativa reducción en el número de presos. Según las estadísticas oficiales, a finales de 2010 había 73.929 reclusos en nuestras cárceles. El pasado mes de enero la cifra se había reducido a 61.423 reos. Un 17% menos. Pese a ello, la masificación se sitúa aún en un 137%, porcentaje que se elevaba hasta más de 200% en el País Vasco, precisamente una de las comunidades donde una cárcel estrenada recientemente aún tiene módulos sin inaugurar y aún es un proyecto levantar otra.
CRÍTICAS A LA PRIVATIZACIÓN
La falta de personal y la no entrada en servicio de miles de celdas no son las únicas críticas que incluye el informe de ACAIP. El sindicato mayoritario también carga contra lo que califican de "venta" de la seguridad exterior de los centros penitenciarios tras la decisión de Interior de incorporar a vigilantes privados al control de acceso de las cárceles. Según destaca el informe, el Gobierno del PP "justificó" esta medida en una supuesta mejora del servicio, en la recolocación de los escoltas destinados en el País Vasco que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. "Todo lo dicho era falso y lo único que ha servicio es para favorecer a las empresas de seguridad privada que, como todos conocemos, tienen un importante número de responsables con pasado o relaciones políticas de primer nivel".
De hecho, insisten en negar el ahorro económico, ya que la incorporación de los vigilantes privados no ha supuesto una reducción del número de guardias civiles y policías destinados a la custodia de las prisiones. También recalcan que el servicio público no ha mejorado y, además, "en algunos centros se han producido incidentes en la prestación del servicio entre los mismos empleados de las empresas de seguridad y con terceros, lo que ha provocado diferentes despedidos. Sin embargo, la Administración no ha cancelado el contrato de las empresas afectadas como hubiera sido lo correcto". Por todo ello, exigen que "una vez finalicen los contratos [de estas empresas] no deben ser renovados".
Hasta el momento, el denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios" ha costado a los españoles cerca de 48 millones de euros. De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha en mayo de 2013 en 21 cárceles. Entonces se dio trabajo a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que abarca a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones y está prevista que dure un año, prorrogable otros doce meses.
