Secretismo y ‘guerra fría’. Las relaciones entre Moncloa y la Generalitat se desarrollan en sigilo. Enric Millo, el nuevo subdelegado del Gobierno, elabora minuciosamente en Barcelona la agenda de la vicepresidenta. Aún no hay fecha, que se sepa, para el anunciado encuentro de Sáenz de Santamaría con Oriol Junqueras, el responsable económico de la Generalitat. Menos aún, para la muy demandada cita de Puigdemont con Rajoy. La información fluye sin estridencias y los contactos se preparan sin ruidos.
Todo parece estar, de momento, a la espera de que el Gobierno catalán logre sacar adelante sus presupuestos, tras la exigente bendición de la CUP, que introdujo con fórceps y presiones un apartado de diez millones para la celebración del referéndum unilateral de independencia. El Partido Demócrata Catalán, la nueva Convergencia, planea romper con este grupo antisistema en cuanto logre superar ese trámite, según fuentes nacionalistas. Eso piensa también Moncloa. Se abrirá entonces la posible vía de apoyos con el PSC (una hora habló Miquel Iceta con Susana Díaz sobre la cuestión catalana) e incluso con Podemos.
Sáenz de Santamaría pisó el acelerador de las conversaciones nada más aterrizar en su nuevas responsabilidades al frente del ministerio de Administraciones Territoriales. Dos desplazamientos a Barcelona en una semana. Un despacho propio en la delegación de Gobierno. Un ‘embajador’ casi plenipotenciario como Enric Millo, hábil y laborioso. Una entrevista pendiente, y quizás discreta, con Junqueras. Un ‘dossier’ negociador en base a los 46 puntos que Artur Mas llevó hace años a Moncloa. “Será lento y difícil, pero por nosotros no va a quedar”, dicen en fuentes del Ejecutivo central.
La vicepresidenta se saludó formalmente con el jefe del Ejecutivo catalán este pasado fin de semana en la toma de posesión de Urkullu como presidente del País Vasco. Un intercambio escueto y formal de saludos, una foto y poco más. Esta semana, Sáenz de Santamaría ha sido convocada al Congreso y al Senado para desgranar cuáles son los planes del Gobierno hacia Cataluña. Será el martes en la Cámara Alta cuando el portavoz socialista, Vicente Álvarez Areces, la interrogue sobre la agenda del Gobierno de cara a la anunciada Conferencia de Presidentes, a la que Puigdemont ya ha anunciado que no piensa acudir. El jueves, en la Comisión Constitucional del Congreso, Santamaría deberá responder a las cuestiones planteadas por PSOE y el Partido Demócrata Catalán, sobre "cómo piensa abordar el Gobierno su relación con Cataluña". Protagonistas parlamentarios de la semana, por lo tanto, la vicepresidenta y la denominada 'operación Cataluña'.
Los separatistas tensan la cuerda
El presidente de la Generalitat, a todo esto, tensa la cuerda de las relaciones con Madrid, se hace el ofendido por la imputación a Francesc Homs, una cuestión ya políticamente amortizada para Moncloa, y también por el proceso abierto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, otro punto ya descontado. “Estas decisiones son piedras que se ponen en la mochila del diálogo”, dijo en su momento Homs. Méndez de Vigo le respondió el viernes que “nadie está por encima de la ley”. El portavoz del Gobierno central dejó abierta, eso sí, la posibilidad de hablar de la reforma de la Constitución, “que no es la Biblia, escrita para que dure miles de años. Todo lo demás se puede revisar y reformar”, añadió.
En este pulso sigiloso, Santamaría despliega sus peones y moviliza los contactos. Moncloa da por hecho que Puigdemont tiene que ofrecer una imagen dura, intransigente, para no ser devorado por la CUP, hasta que se los quite de encima. Millo, mientras tanto, ejerce una diplomacia de vaselina. Anuncia que el Gobierno no actuará contra los cargos electos que pretendan trabajar el 6 de diciembre, día de la Constitución (en contra de lo que hizo su predecesora con ocasión del día de la Fiesta Nacional) y asegura que conoce mucho a Puigdemont de su etapa en Gerona y que es “un hombre que siempre cumple con su palabra”. También se ha mostrado dispuesto a recibir a representantes de ANC y Omnium Cultural, las asociaciones financiadas con dineros públicos encargadas de la agitación ciudadana, las movilizaciones masivas y otros actos propagandísticos independentistas. Precisamente la cuestionada Forcadell fue presidenta de la ANC antes de que Artur Mas la colocara en la presidencia del Parlament en pago a los servicios prestados.
La vicepresidenta está volcada en esta ‘operación Cataluña’, un encargo muy personal y especial del presidente para intentar desactivar una de las ‘patatas calientes’ más peligrosas con las que se enfrenta el Ejecutivo. Moncloa ha hecho saber que Santamaría, pese a no estar previsto, acudirá al Comité de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará esta semana en Madrid, coordinado por Cristóbal Montoro y al que asisten los responsables económicos de todas las comunidades. Se trata de repartir el déficit entre todas las autonomías, asunto de enorme importancia de cara a llegar a un acuerdo sobre el techo del déficit.
Hay gobiernos autonómicos del PP, como Galicia o Castilla y León, que desconfían de que se produzca algún tipo de favoritismo hacia las posiciones catalanas a la hora del reparto. Soraya quiere estar presente en esta crucial cita que, indefectiblemente, influirá en el diálogo con la Generalitat sea cual sea el resultado.
En la 'línea caliente' Madrid-Barcelona, no se esperan ni declaraciones ni encuentros televisados. Todo se desarrolla con enorme prudencia, comentan fuentes conocedoras del proyecto. Puigdemont quiere rebajar las expectativas de Moncloa, pisar el freno hasta que no tenga su horizonte doméstico despejado. Nadie habla de fechas ni de plazos. Tan sólo hay un tope límite: la segunda quincena de septiembre del año próximo cuando, supuestamente, el Gobierno catalán pretende convocar el tan anunciado referéndum.
De momento, el presidente catalán no ha recibido a Millo. Esto ocurrirá una vez que se haya encontrado con Rajoy. Este lunes se reúne en Barcelona con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Acaba de presentar en sociedad a los 39 nuevos ‘embajadores’ de Cataluña en el mundo, con Sol Daurella, (presidenta de Coca Cola European Partners), Alex Corretja, Xavi Hernández, Josep Carreras y sor Lucía Caram, entre otros. El procesos sigue en marcha. Esta es la idea que pretende transmitir Puigdemont, envuelto en problemas de desistimiento social, de credibilidad política y con la mirada de Ada Colau fija sobre su sillón.
