Ya hay acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy. Fue necesario el empujoncito de la reunión sabatina entre los líderes de ambos partidos. En total suman 169 diputados (170 si se suma Coalición Canaria). Faltan al menos seis votos para asegurarse la mayoría absoluta. Desde que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció (18 de agosto) que el debate de investidura de Mariano Rajoy comenzaría el 30 de agosto, las maquinarias de Partido Popular y Ciudadanos se pusieron en marcha. Esta actitud proactiva choca con la inacción de PSOE y Podemos. Con las leyes en la mano, si el actual presidente en funciones fracasa y no se encuentra otra solución la convocatoria de terceras elecciones sería el 25 de diciembre.
El anuncio de la fecha de investidura era una de las medidas exigidas por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a Rajoy para comenzar las negociaciones con la vista puesto en un acuerdo de investidura. Un día después ya se reunieron los equipos negociadores de ambos partidos.
La firma del pacto de regeneración fue el pistoletazo de salida de las negociaciones
“Es el principio de un gran amor”. Esa fue la declaración de intenciones que los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, usaron para sellar el espíritu de la firma del pacto de regeneración, punto de partida para la negociación. Esa misma tarde comenzaron las reuniones con José Manuel Villegas, Toni Roldán, Miguel Gutiérrez, Melisa Rodríguez, Luis Garicano y Girauta, por el partido de Albert Rivera. El equipo del PP estaba formado por José Antonio Bermúdez de Castro, Fátima Báñez, Fernando Martínez Maillo, José Luis Ayllón, Álvaro Nadal y Dolors Montserrat. Más adelante se incorporó Andrea Levy.
Esta firma era condición indispensable para el apoyo de Ciudadanos a Rajoy. Rivera había anunciado el 9 de agosto que su partido votaría a favor en la segunda votación de investidura si el PP aceptaba sus seis condiciones sobre regeneración democrática.
Este acuerdo recoge la prohibición de que los cargos imputados formen parte del Gobierno o tengan escaño en el Parlamento, la eliminación de los aforamientos y la reforma de la ley electoral sobre tres ejes: listas desbloqueadas, proporcionalidad y fin del voto rogado. Las otras tres exigencias son acabar con los indultos por corrupción política, la limitación de mandatos a ocho años y la apertura de una comisión de investigación sobre la "presunta financiación irregular del PP".
La acotación del concepto de corrupción ha diluido las expectativas sobre el pacto
Las expectativas sobre la lucha contra la corrupción se fueron diluyendo cuando ambos partidos quisieron acotar el concepto. El caso del diputado del PP por Castellón, Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación por su gestión como alcalde de Vall d’Uixó, sirvió para evidenciar un cambio en la vara de medir. Ciudadanos entiende que no es un caso de corrupción y por eso no exige su acta a la dirección del PP.
Así lo explicaba José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, este miércoles, al considerar que los casos de corrupción implican enriquecimiento ilícito del cargo público o de terceros, o bien financiación ilegal del partido. Ninguno de esos supuestos, según el partido naranja, se podían apreciar en Clavell.
Según transcurría la semana, las negociaciones se iban encasquillando. Como en aquella película de Walter Hill, Límite: 48 horas, con Nick Nolte y Eddie Murphy, este jueves Ciudadanos le lanzó un ultimátum al PP, una escenificación de que el tiempo se agotaba y que había que llegar a acuerdos concretos.
Fue Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, el encargado de comparecer ante los medios para informar de la cuenta atrás unilateral: “Damos a la negociación 48 horas”. Su tono era crispado, sobreactuado casi. El día anterior, en el mismo escenario, mostró su preocupación por el desarrollo de las reuniones y aclaró que su partido no iba a soportar otro día de “noes”.
Tuvieron que ponerse en faena los líderes de ambos partidos para desatascar el asunto. Albert Rivera envió un mensaje de texto a Rajoy “para manifestarle su preocupación y apelar a la necesidad de que el PP adopte una voluntad de diálogo para poder avanzar en las reformas institucionales y en los compromisos para desbloquear la situación”. Rajoy contestó, también por SMS, y mostró su disposición en llegar a un acuerdo.
El Partido Popular se ha mostrado muy optimista desde el principio con la marcha de las negociaciones
Las declaraciones de los miembros del Partido Popular han sido desde el primer momento muy optimistas. A Ciudadanos le tocaba enfriar una y otra vez el exaltado ánimo de la otra parte. “Veo imposible que hoy se pueda firmar ese acuerdo”. Esa fue la respuesta este viernes de José Manuel Villegas, tras las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Soraya Sáenz de Santamaría había asegurado que el acuerdo era “cuestión de horas”. La queja del partido naranja se basaba en lo “insuficiente” de los avances, la falta de cifras concretas y compromisos presupuestarios para las medidas sociales.
El penúltimo capítulo del proceso fue el acuerdo, conocido en la noche de este viernes, para reformar el Poder Judicial: 12 de los 20 miembros del CGPJ sería elegidos por los propios magistrados. También se pactaron medidas para evitar las puertas giratorias en el sector de la justicia.
El acuerdo implica cambios sustanciales en el sistema vigente y necesita una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, circunstancia que requiere mayoría absoluta del Congreso (176 votos). Para hacerse realidad se necesita el apoyo de otros partidos, como el PSOE.
